2 de septiembre de 2011 21:18 hs

Soy fiscal. Juzgo acciones y hechos con relevancia penal independientemente de la condición y color político de las personas involucradas en los hechos”, afirmó a El Observador el fiscal penal Diego Pérez. Molesto por las críticas que se le han formulado desde el poder político a raíz del pedido de procesamiento que formuló del ex intendente Mariano Arana, de la ex secretaria general, María Julia Muñoz y del ex director Alberto Rosselli, el fiscal se defendió.

El representante del Ministerio Público dijo que su dictamen está fundado “en el derecho Penal” y “en las pruebas que se recabaron” en los dos años que lleva investigando el caso.

A raíz de su decisión de procesar a tres figuras del Frente Amplio, recibió críticas desde el presidente José Mujica y de varios legisladores.

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Mujica dijo que conoce “bastante bien” a Arana y a Muñoz y no cree “en semejante decisión”. “Puede haber errores de carácter humano, de procedimientos pero de ninguna manera mala fe ni cosa que se le parezca”, dijo.

Las críticas más severas al fiscal llegaron desde el sector de Arana, la Vertiente Artiguista. El diputado José Bayardi dijo esta semana a El País: “Por el bien del fiscal espero que esté correctamente fundamentado el pedido de procesamiento, porque si no lo estuviera se estaría atentado contra el bien más preciado que, como dije, es el nombre de las personas involucradas”.

Los fiscales son magistrados equiparados a los jueces en sus tareas y salarios. En ese sentido, la ley los obliga a actuar con independencia técnica, están impedidos de hacer declaraciones públicas y no pueden realizar otra actividad, salvo la docencia. Pero –a diferencia de los jueces que integran otro poder del Estado, el Judicial– los fiscales dependen del Poder Ejecutivo. El Ministerio Público depende jerárquicamente del Ministerio de Educación y Cultura. Para cada nombramiento y ascenso necesitan venia del Parlamento.

Cuando llegó a la Fiscalía penal de tercer turno –luego de la renuncia de la fiscal Olga Carballo– y se hizo cargo del caso Casinos Municipales, el fiscal Pérez estudió el expediente y pidió 63 citaciones, entre ellas los careos entre Bengoa y sus tres ex jerarcas.

En ese momento recibió cuestionamientos de los defensores. En junio de 2009 declaró que como fiscal debía actuar con responsabilidad y que no “eligió el momento en el que llegó el expediente”.

Pérez también intervino en otros polémicos casos. Mientras era fiscal de Lavalleja tuvo a su cargo la indagatoria penal que terminó con el jefe de Policía del departamento, José Pose San Martín, procesado. El fiscal pidió el procesamiento del policía retirado –un colorado allegado al ex presidente Jorge Batlle– por fraude tras probar que con dinero y materiales del Estado asignados a la cárcel departamental se construyó una vivienda. Cuando llegó a Montevideo, como fiscal nacional, se hizo cargo del caso Campanita y pidió el procesamiento del abogado Carlos Curbelo Tammaro. También procesó al empresario Víctor Mesa, titular de free shops, aunque luego fue absuelto por la Justicia.

Sujetos a críticas
El nuevo titular de la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal, Carlos Negro, dijo a El Observador que los fiscales son funcionarios públicos y sus fallos están sujetos a críticas.

“Si alguien entiende que nos equivocamos, puede decirlo y no nos podemos agraviar por este tipo de críticas”, señaló.

De todos modos, afirmó que distinto es cuando esas críticas se transforman en agravio o comentarios peyorativos para el magistrado que hace su trabajo.

Negro explicó que la nueva directiva se reunirá el lunes por primera vez y el tema “va a estar sobre la mesa”.

Además, indicó que si algún fiscal se siente agraviado puede pedir a la asociación un pronunciamiento. Hasta ayer Pérez no había solicitado que se tratara su caso.

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