El gobierno argentino va en camino de un conflicto a gran escala con el campo

Es un grupo cuyo volumen puede no ser mayoritario, pero es formador de opinión en el interior. Y, para el imaginario argentino, se trata de un segmento social con prestigio, percibido como “la Argentina productiva” que genera exportaciones y paga impuestos, en oposición a la clase política y a la extendida burocracia estatal.

Esos “gringos” que se dedican a la soja y -cada vez menos- a la ganadería, están en un momento de fuerte irritación con el gobierno. Y aprovecharán la excusa del feriado del 9 de julio, el día de la independencia, para hacerlo saber mediante una serie de protestas en diversos puntos del interior.

Por ahora, se trata solamente de una manifestación, pero los grupos más radicalizados están exigiendo que se implementen medidas de fuerzas, como cortes de rutas o directamente un paro exportador.

Para un gobierno acuciado por la falta de dólares, ese escenario sería el peor de los mundos. Los funcionarios calculan que para que no haya tensiones cambiarias este año -algo que en un contexto electoral se quiere evitar a toda costa- tiene que haber un superávit comercial robusto, de no menos de 15.000 millones de dólares.

Esto implica que desde ahora hasta fin de año cada mes tendría que dejar un saldo favorable promedio de 1.500 millones, algo imposible de lograr si el campo decide no liquidar su producción.

Política de choque

Las hostilidades vienen en aumento desde el año pasado, pero se aceleraron con medidas intervencionistas del gobierno, como el cierre de las exportaciones de carne, que en teoría sólo duraría un mes y cuya finalidad era “reordenar” el mercado y desarticular maniobras de evasión de impuestos.

Sin embargo, cumplido el plazo la reapertura de los embarques fue sólo parcial. Y los más pesimistas creen que las pérdidas por exportaciones superarán los 1.000 millones de dólares. Una cifra que impresiona si se tiene en cuenta que la previsión original era que los frigoríficos enviaran embarques por 3.000 millones este año.

Es, por otra parte, una situación que contradice la declaración de principios del propio gobierno, que en su convocatoria a un Consejo Económico y Social, estableció como primer punto que el país necesita exportar más.

Pero, por otro lado, en la coalición de gobierno hay preocupación con una inflación que se está saliendo de control. Y, sobre todo, porque la canasta alimenticia se está encareciendo a un ritmo mayor que el promedio de los precios.

Desde el análisis oficial, esta situación está motivada por el boom de los precios internacionales de los commodities, y particularmente por el drástico aumento en la demanda china. Los funcionarios alegan que esa situación le pone presión a los precios internos y que es necesario “desacoplar” las exportaciones y el mercado doméstico.

Es una situación que trae reminiscencias de otros conflictos históricos, como la gran pelea con los productores sojeros en 2008, el primer año de la gestión de Cristina Kirchner, cuando el país estuvo paralizado un semestre en torno al debate sobre las retenciones móviles a la exportación, algo que los sojeros juzgaban expropiatorio. En aquella ocasión el kirchnerismo perdió en la batalla parlamentaria, pero se fortaleció políticamente porque la pelea formateó una base de militancia juvenil, atraída por la pelea contra la “oligarquía del campo”.

Quien no tiene buenos recuerdos de aquella situación es Alberto Fernández, que por esos días era jefe de gabinete de Cristina, y que renunció en medio del conflicto, en desacuerdo con la radicalización que estaba tomando el gobierno.

El presidente entendió que, a diferencia de lo que planteaba el kirchnerismo, no se podía equiparar a los pequeños productores rurales con una vieja oligarquía que iba al paro con la intención de destituir al gobierno.

Esa convicción de que enemistarse con el sector más dinámico de la economía puede traer costos políticos fue lo que lo llevó el año pasado a dar marcha atrás con una decisión controversial, como fue el intento de estatización de Vicentin, la principal empresa cerealera de capital nacional.

Pero las urgencias económicas lo llevaron a ceder ante la presión de sus socios de coalición, que el verano pasado lo convencieron de cerrar las exportaciones de maíz. También en ese caso dio marcha atrás, bajo la promesa de que no se retacearía la oferta al mercado local.

Alberto Fernández intentó promover un esquema de “autoregulación” del campo, en el cual se estableciera un mecanismo de subsidios cruzados, en el que la exportación transfiriera parte de su rentabilidad a la industria nacional. Lo consiguió en el sector del aceite, al que quiso imponer como modelo, pero no logró que se replicara en otros ámbitos.

Finalmente, el sector duro del kirchnerismo impuso su punto de vista: ante una caída histórica en el volumen de consumo de carne vacuna -menos de 50 kilos anuales por habitante-, se decidió que había que tomar una medida drástica para revertir esa situación. Y nadie olvidó que el volver a comer asado había sido un tema de los spots publicitarios de la campaña electoral de Alberto en 2019.

Vacas flacas y enojo creciente

Pero el resultado de las medidas oficiales terminó siendo totalmente opuesto al objetivo buscado. Los precios siguen subiendo -aumentaron 6 por ciento en el mes del cierre total de exportación-, el consumo no levanta y los criadores de animales ven una seria amenaza a la rentabilidad de su negocio, que ya de por sí era reducida.

Fuentes del sector indican que la industria frigorífica -que todavía no tiene los permisos para exportar- está semiparalizada, con suspensiones de turnos. Hay carne en contenedores cuyo destino está indefinido y a la espera de decisiones de funcionarios.

Y, para peor, se trata de carne que no tiene demanda en el mercado interno, con lo cual ni siquiera queda el “argumento consuelo” de que el gobierno logró mejorar la oferta doméstica.

Mientras tanto, los precios en el mercado de Liniers caen en picada: las vacas más grandes y de mayor rendimiento tuvieron un desplome de 25% respecto del momento previo al cierre exportador, lo cual está llevando a que la rentabilidad de los criadores, que ya era complicada, ahora haya ingresado en niveles críticos.

El malhumor del campo ha venido creciendo, con llamamientos a rebelarse abiertamente contra las decisiones del gobierno. Por ejemplo, el de la Sociedad Rural de Jesús María, Córdoba, que anunció que “se avecina una catástrofe para la cadena de la carne” y culpa de ello a “la avaricia de un gobierno que sólo quiere sumar votos para las legislativas a costa de lo que sea”.

Y no solamente critican las consecuencias negativas de la traba a la exportación, sino que se adelantan a dejar en claro su desconfianza sobre el plan ganadero del gobierno, que promete incentivos tributarios para llevar la producción desde su nivel actual de 3 millones de toneladas hasta una meta de 5 millones.

“Se pueden contar por decenas las propuestas acercadas a todos los gobiernos desde los sectores que desarrollan la actividad y siempre fueron cajoneadas como deporte nacional”, destacan los ganaderos cordobeses.

También fue duro Luis Miguel Etchevehere, ex titular de la Sociedad Rural, que ocupó el cargo de ministro de ganadería durante la gestión macrista: “Con el derrumbe del precio del novillo gordo, el plan ganadero que quería el gobierno ya fracasó. Nos tenemos que plantar hasta que abran las exportaciones. Luchemos contra los inútiles que nos quieren fundir”.

Además, otras gremiales han aprovechado para retomar su lobby contra la carga impositiva. Por caso, un video que circula en las redes sociales recuerda que, en el precio de los cortes más vendidos en las carnicerías, un 28 por ciento del precio corresponde a impuestos.

Internas en el gobierno

En el gobierno hay inquietud por este levantamiento del campo. Los sectores más ligados al kirchnerismo ven la situación como una oportunidad de renovar la mística militante, al presentar la confrontación como una lucha entre un gobierno popular contra un grupo de empresarios privilegiados que no quieren contribuir con parte de la renta extraordinaria por los precios récord.

Pero los gobernadores provinciales de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que comprenden el impacto económico local, han tomado distancia de las decisiones del gobierno, por el temor a que los perjudique en las próximas elecciones.

De todas formas, la dinámica de la política argentina está llevando a un conflicto a gran escala que parece imposible de evitar. La protesta del 9 de julio dará la medida de qué tan preocupante puede ser para el peronismo.