El gobierno no sabe qué hacer para frenar el avance de Uber

El MTOP y la IMM faltaron a reunión de bancada de Diputados para explicar cómo se regulará; la Intendencia de Canelones dice tener las manos atadas

Los automóviles que representan a la empresa Uber ya llevan veinte días recorriendo las calles de Montevideo y de Canelones y, al parecer, seguirán sumando kilómetros ante la pasividad de un gobierno que advierte acerca de la ilegalidad del servicio pero que aún no atina a salirle al paso.

Sin ir más lejos, ayer la bancada de diputados del Frente Amplio se quedó sin saber qué piensan hacer en el Ministerio de Transporte y en la Intendencia de Montevideo ya que ni el ministro Víctor Rossi, ni el intendente Daniel Martínez, ni ninguno de sus representantes acudieron a la convocatoria. Tampoco avisaron que faltarían al encuentro que estaba agendado desde la semana pasada.

Consultado por El Observador, el secretario general de la IMM, Fernando Nopitsch, dijo que hubo un "malentendido" al coordinar el encuentro. Quienes sí concurrieron fueron el director de Tránsito y el Secretario General de la Intendencia de Canelones, Marcelo Metediera y Francisco Legnani, quienes dijeron tener "las manos atadas" para emprender acciónes contra la aplicación Uber –que conecta a pasajeros en busca de transporte con conductores que brindan este servicio– ya que el marco legal no es del todo claro.

Los funcionarios dijeron que el asunto ya esta tomando "dimensión nacional" y que sería bueno contar con "instrumentos idóneos" para sancionar a los prestadores de un servicio que no está previsto en las normas que regulan el transporte de pasajeros.

Hasta ahora, el diputado Felipe Carballo (Lista 711) es el único representante del gobierno que reaccionó para ponerle un marco legal a esta incógnita sobre ruedas que se echó a andar el pasado 19 de noviembre.

Carballo presentó un proyecto de ley que prohíbe por un año el "transporte remunerado u oneroso de personas en vehículos particulares registrados a través de software de aplicación móvil (app), o medios tecnológicos similares que tengan por objeto conectar directa o indirectamente a los pasajeros con los conductores".

Además, la propuesta de Carballo plantea la conformación de una comisión integrada por distintos ministerios y por el Congreso de Intendentes para realizar "un estudio en mayor profundidad de la legislación en materia de transporte".

También le otorga al Poder Ejecutivo la potestad de tomar medidas preventivas y sancionatorias que van desde la intimación a la requisa de vehículos en caso de ser necesario.
La propuesta ya fue presentada a la bancada hace más de 15 días sin que fuera explícitamente rechazada lo que, si se tiene en cuenta el reglamento interno, habilita a Carballo a ponerla a consideración de la Comisión de Transporte.

Sin embargo, ayer en la bancada de Diputados del FA, el Movimiento de Participación Popular (MPP) presentó un informe jurídico en el que se sostiene que ya están dados los instrumentos legales para regular la actividad de Uber y que, por tanto, no es necesario aprobar ninguna ley nacional.
"Ya existen normativas municipales para ejercer el control de este tipo de irregularidades. Los instrumentos están y no es conveniente lesionar las autonomías departamentales", dijo a El Observador el diputado Jorge Meroni (MPP).

El decreto de la Junta Departamental de Montevideo Nº 25.858 de 1993 dice en el artículo 1 que se "prohíbe efectuar transporte de pasajeros mediante pago de retribución en vehículos no autorizados por la División de Tránsito y Transporte". También en el Frente Líber Seregni (FLS) se afilian a una tesis similar a la del MPP.

Integrantes de ese sector han dicho en la bancada que, para saber quienes son las personas que están violando las normas a través de Uber, basta con que un inspector llame a una de esas unidades –simulando que quiere contar con su servicio– y cuando llegue al sitio acordado se le aplique la multa o la sanción que corresponda. No obstante, otros legisladores tienen dudas acerca de si, con esa práctica, no se está bordeando la ley al incentivar, a sabiendas, a una persona para que cometa un delito.

Críticas

Además de la virulenta campaña en contra de Uber desatada desde el gremio del Taxi, también los intendentes municipales se sumaron a las críticas.

Si bien los jefes comunales no se han manifestado a favor de una prohibición lisa y llana, sí consideran que la empresa debe suspender sus actividades como condición para poder abrir una etapa de diálogo. Por otra parte, en el Presupuesto a estudio del Parlamento hay un artículo que parece estar destinado para el control de Uber. "Todas las entidades, residentes o no, que intervengan directa o indirectamente en la oferta o en la demanda de la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros, por parte de personas físicas o jurídicas que no estén debidamente habilitadas para el desarrollo de tal actividad, serán solidariamente responsables por los tributos y las sanciones pecuniarias aplicables a éstas últimas", dice el texto.

El subsecretario del Ministerio de Economía, Pablo Ferreri, reconoció que ese artículo tiene el objetivo de "evitar la competencia desleal" y fue diseñado para que "tributen aplicaciones tipo Uber o la de alquileres", en referencia a Airbnb. El propio presidente Tabaré Vázquez aseguró días atrás que el gobierno continúa estudiando la instalación de Uber en Uruguay y que emitiría una resolución sobre el tema "a la brevedad". "Hay normativas que regulan el servicio de transporte que hacen que Uruguay tenga un excelente marco regulatorio que tenemos que defender todos los uruguayos", dijo Vázquez a la prensa días después de que Uber comenzara a ofrecer sus servicios.

El presidente dijo que "hay en juego muchos elementos" vinculados con la normativa, que es necesario continuar analizando. "Estas aplicaciones son muy nuevas. No han encontrado una solución países avanzados por lo tanto hay que estudiar en profundidad el tema", agregó.
En medio del debate, la patronal del Taxi protestó e irrumpió en los cursos de capacitación que la empresa dio a los futuros choferes, a pocos días de ponerse en marcha el servicio. Luego se conoció que en julio de 2014, el Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay (Cpatu) había iniciado los trámites para registrar el logo y la marca Uber en Uruguay, cuya titularidad obtuvo ocho meses después, el 11 de marzo de 2015, para usarlos durante 10 años.

Entonces Uber anunció que iniciaría acciones legales contra la patronal por ejercer una competencia desleal. Luego la patronal pidió a la Unidad Reguladora de Sevicios de Comunicaciones (Ursec), que bajara la aplicación. Aún no hay una resolución sobre el tema.

Analizan llegar a otras ciudades

"Acá en Uruguay siempre se están estudiando otros lugares" a donde llevar la aplicación, dijeron a El Observador fuentes de Uber revelando que la empresa no descarta expandirse.
Por el momento el foco es Montevideo, pero las fuentes señalaron que la empresa se mueve en función de la demanda. Por tanto, lo que lo que se analiza ahora es la cantidad de choferes que se ofrecen para trabajar en distintos puntos del país.

Por su parte, los encargados de la aplicación buscan hacerse conocer con quienes, eventualmente, pueden tener incidencia en la decisión que se tome sobre su funcionamiento.
Es así que en los últimos días llegaron a los despachos de los diputados cajas blancas con información sobre la empresa y el detalle de su servicio. En la caja había además una tarjeta con $ 250 pesos de regalo para utilizar en viajes.

El gobierno duda acerca de qué hacer con este nuevo servicio. Mientras tanto, Uber sigue andando.

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