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El lenguaje inclusivo en el Parlamento: el ejemplo de Bordaberry y el enojo de Constanza Moreira

Senadores debatieron si una norma debía o no redactarse con términos genéricos

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12 de agosto de 2018 a las 05:00

El tratamiento de un proyecto de ley sobre el Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior derivó en una discusión sobre la inclusión del lenguaje, con los términos "ciudadanos y ciudadanas" como disparadores. "Damas y caballeros", dijo la senadora del Frente Amplio Constanza Moreira, que preside la Comisión de Asuntos Internacionales, para comenzar a tratar el contenido de cada artículo de esa norma que actualiza la que rige en Cancillería. Pero del contenido se pasó rápidamente a la forma.

El senador colorado Pedro Bordaberry fue el primero en intentar dar una batalla gramatical. "Aquí (por uno de los artículos) se utiliza la expresión 'tercer secretario/a', algo que no se usa. Sé que algunos plantean utilizar en la redacción 'secretarie' o 'secretarix' aunque me parece que no es lo que la Real Academia Española (RAE) sugiere que se utilice en esa redacción", dijo a los demás senadores que integran la comisión, según consta en la versión taquigráfica. Lo que siguió fue una discusión por el lenguaje inclusivo y la precisión que deben tener las normas al ser redactadas, porque en el texto se incluía primero los términos "ciudadanas y ciudadanos" y luego solo "ciudadanos", lo que desató el debate.

Bordaberry opinó que si en un inciso se escribe "ciudadana y ciudadano" y luego en otro solo "ciudadano" se puede dar a entender que en el último caso solamente se refiere a los hombres y el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, continuó con su razonamiento. "Más allá de las chanzas y de las bromas, no tiene mucho sentido estar poniendo en un caso 'ciudadanas y ciudadanos' y, en otro, 'ciudadanos' en forma genérica. Tampoco tiene sentido empezar a poner en cada frase de cada artículo de cada ley los dos términos. Sinceramente, creo que debemos tener un criterio único –que hasta el presente fue el de usar el genérico–, ya que, de lo contrario, vamos a tener un problema permanente", sostuvo.

En la misma línea, el nacionalista Luis Lacalle Pou opinó que "un término en un mismo texto legal no puede estar definido por dos palabras". "Si se dice de dos maneras distintas no quiere decir lo mismo. Está todo bien con los manuales que se presentan, pero son de buenas prácticas y no condicionan. Lo que condiciona es la ley y su aplicación. Si a alguna gente le hace sentir más inclusiva poner 'los y las', 'ciudadanos y ciudadanas' o 'secretarios y secretarias', allá con ellos. A mí, como legislador, no me hace sentir más ni menos inclusivo; simplemente, se trata de que los textos legales tienen que ser prolijos", argumentó.


Moreira ya estaba comenzando a impacientarse porque quería avanzar en el tratamiento del proyecto y Lacalle Pou lo hizo notar: "Observo que la señora presidenta está impaciente. ¡Ojalá tuviera el gobierno impaciencia para tantas otras cosas, porque nos hubiera ido mucho mejor!". Pese a su apuro, la senadora del Frente Amplio también se sumó a ese debate, que incluso tuvo la propuesta del senador también frenteamplista Carlos Baráibar de crear una comisión que consulte a lingüistas y elabore una norma general sobre el lenguaje más adecuado que debe usarse en una ley.

El planteo que molestó a Moreira fue uno nuevo que realizó Bordaberry, quien puso como ejemplo cómo quedaría redactado el artículo de una norma si se utilizara el lenguaje inclusivo. "El lenguaje construye cosas, señor senador, y hay decenas de libros de filosofía analítica destinados a demostrar que eso es así. Ya tuvimos esta discusión sobre femicidio y la Real Academia Española. Como soy republicana, de lo que es 'real', quiero poco. Y agrego más: el lenguaje es una sustancia viva y se construye cotidianamente sobre los usos y costumbres de los pueblos. Y la construcción de un lenguaje inclusivo es parte de la lucha por la discriminación. O sea que esto es muy serio; no es para tomarlo a la ligera", dijo con molestia.

Bordaberry había puesto el siguiente ejemplo: "Lo dispuesto en los artículos 8 y 11 se aplica a todos y todas las y los funcionarios y funcionarias del Servicio Exterior que puedan ser destinados a prestar funciones en el exterior hasta la categoría o rango de consejero/consejera inclusive, exceptuándose aquellos y aquellas que cumplan funciones de directores y directoras generales, o sean o hayan sido jefe o jefa de Misión con carácter permanente".

El senador colorado señaló que con ese ejemplo quiso demostrar que redactarlo de esa manera sería "ir contra la simplificación del idioma, que es a lo que se tiende". "Cada vez se utilizan menos palabras. Esa es la realidad. Y creo que no solucionamos el problema de fondo de la discriminación de la mujer, que pasa mucho más allá que por estamparlo en un artículo", agregó.

La discusión siguió girando en torno al sí o no al lenguaje inclusivo dentro de las normas, algo que ya sucedió en otros países, como España, donde el escritor Arturo Pérez Reverte amenazó con renunciar a la RAE si la Constitución española se cambiaba para incluir términos como "ciudadano y ciudadana". En el Parlamento uruguayo, el uso del lenguaje inclusivo en redacción de normas pareció comenzar a instalarse a partir de una sesión de poco más de una hora donde fue el gran protagonista.

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