El nuevo capítulo de la grieta argentina que salpica a jueces, políticos y periodistas

El caso D’Alessio se convirtió, así, en el nuevo motivo de controversia. Para algunos, la prueba de que la justicia está lejos de ser imparcial y que hay fiscales que se unen con espías para, mediante artilugios ilegales, armar causas y operaciones “truchas” que luego son amplificadas en los medios de comunicación.

Para los de la vereda de enfrente, otro ejemplo de una operación política surgida del comando estratégico del kirchnerismo, y que tiene por objeto sacar el foco de la opinión pública sobre las acusaciones de corrupción contra funcionarios del gobierno anterior y contra la propia Cristina Fernández. De acuerdo con esta visión, toda la investigación no es más que “una puesta en escena”.

Todo empezó con una denuncia publicada en “El cohete a la luna”, un diario de internet dirigido por Horacio Verbitsky, un periodista de investigación que siempre ha generado controversias. Durante años ha adquirido una reputación por haber descrito esquemas de corrupción en el poder, especialmente durante el menemismo, cuando se popularizó el título de su libro “Robo para la corona”.

Verbitsky, que tiene un pasado en la organización armada Montoneros de los´70, es simpatizante del kirchnerismo. Sus detractores lo acusan de recibir su información de los servicios de espionaje. 

Verbitsky publicó una nota en la cual reveló cómo el fiscal Claudio Stornelli, que actúa en la causa judicial conocida como “los cuadernos de las coimas K”, extorsionaba a empresarios, a quienes les exigía que declarasen en contra de funcionarios kirchneristas, a cambio de no aparecer implicados.

Ni bien publicada su investigación, el tema pasó a ser la prioridad en la cobertura de los medios de prensa afines a la expresidenta, y los principales legisladores del bloque kirchnerista lo transformaron en su caballito de batalla. Es esa acción coordinada la que llevó de inmediato a que, desde el otro lado, se hablara de una operación política.

Los protagonistas

Lo que hace que esta denuncia tenga una gravedad especial es la implicancia de su protagonista central. El fiscal Stornelli ha sido, junto al juez Claudio Bonadío, uno de los miembros del poder judicial que ha llevado contra las cuerdas al kirchnerismo. Jugó un rol central para que se impusiera la prisión preventiva a funcionarios como el exministro de obra pública, Julio de Vido.

Es de Stornelli la tesis que justifica por qué un funcionario sobre el que no se ha dictado sentencia debe ir preso. 

En la detención de De Vido, el fiscal fundamentó el pedido de prisión en “los graves episodios en trámite” y para “evitar que se conforme una trama de complicidades que fomente el ocultamiento de evidencias y el consenso de estrategias entre los sindicados”.

Fue algo que generó críticas hasta en los anti-kirchneristas más recalcitrantes. 

Muchos recordaron que, exactamente con esos mismos argumentos, se podría haber dictado la prisión preventiva de Mauricio Macri, quien durante su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había estado procesado en una causa por escuchas telefónicas ilegales. O, incluso, ya siendo presidente, cuando se lo investigó en el marco del escándalo conocido como “Panama Papers”.

Lo cierto es que Stornelli se convirtió en un peligro para Cristina Fernández. Desde su sector político comenzó a reclamarse que el fiscal se apartara de la causa de los cuadernos, por la cual ya hay un pedido de prisión contra la expresidenta, que está amparada por fueros parlamentarios.

Concretamente, la acusación es que Stornelli tiene vínculos con Marcelo D’Alessio, un personaje extravagante que se hacía pasar por abogado con conexiones con la Justicia, el ámbito diplomático y la mismísima DEA estadounidense. Y se alega que esta persona, cumpliendo mandados de Stornelli, le exigía a empresarios que cumplieran el rol de “arrepentidos” y describieran cómo los funcionarios K les habían exigido el pago de coimas y aportes de campaña.

Quien salió públicamente a denunciar que D’Alessio lo había extorsionado fue Pedro Etchebest, un empresario agropecuario que aportó pruebas tales como diálogos de Whatsapp, grabaciones, fotos y videos. El caso llegó a involucrar a periodistas que tenían como fuente a D’Alessio, y que ahora son investigados por la Justicia, lo que contribuyó a que se ahondara la “grieta” en el gremio periodístico.

El contraataque de Cristina y el rol de “la embajada” 

Al explotar el caso, Stornelli lo calificó como “una operación política berreta” destinada a desprestigiarlo y a poner en duda la veracidad de toda la causa de los cuadernos.“D’Alessio es una persona que conozco, pero no me hago cargo de lo que haya dicho o de lo que pueda decir. Calculo que todo esto debe tener el objetivo de dañar, de ensuciar, de embarrar la cancha, de desprestigiarme y de sacarme de la causa de los cuadernos”, dijo el fiscal en Radio Mitre, del multimedios Clarín. Y agregó una aclaración sugestiva: llegó a justificar que como parte de la estrategia de investigación, se pudiera llegar a pedir dinero a personas involucradas con el entramado de corrupción.

“Mi trabajo es hallar la verdad. Cuando se le pide dinero a una persona es para ver de dónde sale. No es lo mismo que diga que lo tiene en una caja de seguridad, que lo tiene en un banco de Estados Unidos o que lo tiene escondido en tal lugar. Fue una técnica que utilicé para saber la verdad. A mí me obsesiona saber dónde está el dinero que está faltando”, afirmó. 

Lo cierto es que Stornelli quedó imputado en una causa por extorsión. Es decir, pasó de acusador a acusado, y eso dio pie para que desde la vereda kirchnerista diera inicio a una ofensiva política.

https://www.elobservador.com.uy/nota/cristina-sobre-la-salud-de-su-hija-pido-a-los-que-nos-odian-que-se-metan-conmigo--201931492148

Esa situación alcanzó su punto máximo cuando, en una sesión especial del Senado, Cristina Fernández planteó que con el escándalo de Stornelli y D’Alessio había quedado al descubierto una conspiración en su contra, que alcanzaba hasta a la embajada de Estados Unidos. 

Recordó que en uno de los testimonios un testigo dijo haber sido trasladado en una camioneta y en la parte de adelante iban dos personas de la embajada y “entre las múltiples carpetas que se le encontró había una sobre Etchebest redactada en inglés. ¿Lo tradujo Stornelli? ¿La embajada de Estados Unidos no está involucrada? Me cuesta creerlo”, afirmó.

Un juez de alta exposición

Del lado de enfrente, hubo dos actitudes. Por parte de algunos políticos y medios, una intención clara de bajarle el tono a las denuncias, que ocupan un rol secundario en la agenda noticiosa cotidiana.

Y, en algunos casos puntuales, se asumió un contraataque para descalificar toda la investigación. Un ejemplo de ello es el periodista Joaquín Morales Solá, columnista del diario La Nación y del canal TN, que habitualmente accede a información de primera mano en el ámbito judicial. Morales Solá se manifestó sorprendido por cómo la expresidenta había tenido acceso a detalles de la causa que todavía se encontraban en secreto de sumario. Dijo que carece de lógica la denuncia del empresario que alega haber sido víctima de extorsión a manos de Stornelli, porque ni siquiera está mencionado en la causa de los cuadernos. Y, en definitiva, que resulta evidente el armado para favorecer a Cristina.

Y ahí es donde cobra relevancia el otro protagonista importante de esta historia, el juez Alejo Ramos Padilla. Con sede en Dolores, provincia de Buenos Aires, el magistrado es el que lleva adelante la investigación contra Stornelli –y en el ámbito judicial se da por descontado que lo procesará-.

La sospecha generalizada es que Ramos Padilla no solamente dejó ver a Cristina los expedientes secretos de la causa, sino que la armó en consenso con la plana mayor kirchnerista. Los detractores del juez sacaron a relucir aspectos de su vida personal, como su pasado en la militancia cercana al kirchnerismo y su pertenencia a Justicia Legítima, una agrupación de jueces que sostiene una cuestionada tesis sobre la necesidad de un rol de la justicia ligado a los intereses de las “causas populares”.

Luego de su exposición ante la comisión de libertad de expresión de la Cámara de Diputados ocurrió lo que llegó a los diarios del mundo: el juez reiteró las acusaciones por extorsión y dio a entender que lo que se sabe hasta ahora es apenas la punta del iceberg. Y que a la brevedad se dará información sobre un vasto entramado entre la Justicia argentina y una red de espionaje que involucra a países de la región, incluyendo a Uruguay.

En la vereda de enfrente ya se preparan para nuevos capítulos de la batalla . Un ejemplo es el tuit irónico de la diputada Elisa Carrió –principal impulsora de las denuncias contra el kirchnerismo-.

Acompañando una foto en la que, sonriente y con blusa a rayas, simula estar tras la rejas, escribió: “Ramos Padilla y el Frente para la Victoria me quieren ver presa. Tengo el pijama listo”.