El Parlamento define el Presupuesto

Diputados comenzó la votación de la ley, una norma todoterreno que generó cruces internos tanto en oficialistas como en opositores

El debate parlamentario del proyecto de ley de Presupuesto, norma que comenzó a tratarse ayer en el pleno de Diputados, dejó hasta el momento varias cambios y también disputas tanto en la interna oficialista como de la oposición.

Del lado del Frente Amplio (FA) las diferencias llevaron al presidente Tabaré Vázquez a mover para modificar la quita de $ 400 millones que la bancada oficialista promovió para el Sistema Nacional de Cuidados, plan señalado por el mandatario como buque insignia de su administración.

Tras una jornada de negociación a contra reloj, el martes pasado, los representantes acordaron que la quita sea de $ 200 millones orientados a la Administración Nacional de Educación Pública.

Durante la discusión de reasignaciones, el astorismo bregó sin éxito para que no se toque el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y el mujiquismo buscó blindar al Ministerio del Interior de los recortes.

En tanto, el diputado Víctor Semproni se negó a aumentar las vacantes en el Ministerio de Defensa.

Además el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, amenazó con renunciar si se modificaba el artículo 619 del Presupuesto que condicionaba el aumento de salarios docentes a un acuerdo entre los sindicatos y el gobierno, y de lo contrario distribuía ese dinero en infraestructura.

Tras duras negociaciones internas, el jerarca y la bancada oficialista acordaron una redacción intermedia donde se establece que en caso de no haber acuerdo el dinero se reorientará a "políticas educativas".

En la oposición también hubo contrapuntos. Mientras uno de los referentes de Alianza Nacional e intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, acordó en rol de presidente del Congreso de Intendentes la eliminación de la rebaja de 18% a la contribución inmobiliaria rural, el sector Todos, de Luis Lacalle Pou, se paró de punta contra el acuerdo.

Los nacionalistas laudaron no acompañar el aumento impositivo, aunque sí había sido aprobado por los jefes comunales de su colectividad.

Otros frentes

El pasaje de Policía Caminera a la órbita de la Guardia Republicana fue uno de los temas más reclamados por la oposición en el debate de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados.

El tema generó además que el Frente Amplio le negara la libertad de acción a los diputados del Partido Socialista, del Partido Comunista y de la Liga Federal para votar contra la modificación y los obligara a seguir la disciplina partidaria.

Uno de los cambios que sí introdujo la bancada oficialista será para flexibilizar el acceso a medicamentos de alto costo.

La propuesta del Poder Ejecutivo promovió regular la entrega de medicamentos y la realización de tratamientos y restringirlos a aquellos que estén incluidos dentro de Programas Integrales de Salud, del Catálogo de Prestaciones, el Formulario Terapéutico de Medicamentos o los que hayan sido definidos y aprobados por el MSP.

Cero peso a la Justicia

Además de las diferencias entre representantes políticos, el Presupuesto abrió paso a un nuevo reclamo del Poder Judicial, con el que el gobierno ya enfrenta una batalla por un reclamo de aumento salarial desde el período anterior.

La disputa que arrastran el gobierno y los judiciales surge de la ley de Presupuesto aprobada en 2010. Al querer cambiar el salario de los ministros de Estado, el gobierno de José Mujica (2010-2015) modificó un sistema que funciona enganchado de sueldos de ministros de la Suprema Corte de Justicia para abajo en todos los escalafones judiciales.

En el marco de este Presupuesto, hace dos semanas la Suprema Corte de Justicia reclamó en el Parlamento que el Poder Ejecutivo no prevé ni "un solo peso" para el Poder Judicial en el proyecto de ley.

Además el gobierno le propuso al Parlamento sumar al salario de jueces, defensores de oficio y actuarios, las partidas de vivienda y perfeccionamiento académico, e incluir así toda la suma para calcular el cobro del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Tensiones con Vázquez

El proyecto de ley de Presupuesto volvió a forzar una situación de tensión entre la bancada de legisladores del Frente Amplio (FA) y el presidente Tabaré Vázquez.

Mientras desde el primer momento el MPP anunció que en la etapa parlamentaria del Presupuesto buscaría reorientar fondos para destinarlos a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), hace una semana la bancada del FA resolvió, por iniciativa del MPP y el Frente Líber Seregni, reasignar $ 400 millones previstos para cuidados con el propósito de financiar 40 liceos de tiempo extendido.

Eso provocó la reacción inmediata del gabinete, lo que llevó a un nuevo choque interno del oficialismo.

Tras la movida del presidente para desarticular la jugada, los legisladores del FA optaron por un camino intermedio. A propuesta del MPP, cambiaron otra vez el proyecto para sacarle al Sistema de Cuidados la mitad ($ 200 millones) de lo que se le iba a quitar en un principio.

En lo que va del período el presidente también enfrentó a la mayoría de los legisladores oficialistas cuando propuso un cambio en el modelo de gestión del Fondo de Desarrollo, una herramienta impulsada por el expresidente José Mujica (2010-2015).

También fue criticado cuando decretó la esencialidad de la educación. Tras una sucesión de cuestionamientos, el mandatario, sin apoyo del grueso su partido, levantó la medida.

Los diputados del MPP, de la lista 711, del Partido Comunista y del Partido Socialista también trabajaron para que Uruguay se baje del acuerdo global sobre servicios.

Aunque Vázquez nunca se pronunció sobre el tema, el acuerdo era de interés de dos de sus aliados políticos, el ministro de Economía, Danilo Astori, y el canciller, Rodolfo Nin Novoa.

Las claves

Cuidados. La bancada del FA propuso quitar $ 400 millones del Sistema de Cuidados para destinarlos a 40 liceos de tiempo extendido. Tabaré Vázquez reclamó y la quita fue de la mitad.

Educación. El ministro Murro amenazó con renunciar si se cambiaba una cláusula de la normativa.

Intendentes. Los blancos chocaron por la eliminación de la rebaja de 18% a la contribución inmobiliaria rural.

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