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Una comisión integrada por jueces, el subdirector General del Poder Judicial, Marcelo Pesce, y la directora Nacional de la Defensoría Pública, Verónica Acuña, trabaja desde que el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) empezó a regir en analizar su funcionamiento, qué corregir y qué reforzar.

La jueza Graciela Gatti, una de sus integrantes, explicó a El Observador que su trabajo consiste en solicitar información a los diferentes operadores y realizar balances para poder mejorar la implementación de la norma.

La comisión ya se reunió dos veces y, según lo que le transmitió la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a sus integrantes, la idea es que funcione por un máximo de dos años. Gatti ya había trabajado en la Comisión Interinstitucional para la implementación del CPP que estaba dedicada a afinar la norma que se iba a poner en funcionamiento. En ese caso, el equipo de trabajo también estaba integrado por la Fiscalía, el Ministerio del Interior y el Poder Legislativo.

Ese grupo de trabajo fue creado a fines de 2016 y estuvo en funcionamiento hasta setiembre de 2017 y, entre las tareas realizadas, se incluyeron por ejemplo modificaciones a la ley del nuevo CPP meses antes de su entrada en vigencia.

A diferencia de ese colectivo, la nueva comisión es exclusiva del Poder Judicial, pese a que necesita información de la Policía y la Fiscalía para poder trabajar y analizar cómo se viene desarrollando la reforma penal.

Respuesta del Poder Judicial

El fiscal Gustavo Zubía había dicho a El Observador que "las conexiones con el Poder Judicial están fallando" y lo atriobuyó a problemas "burocráticos". El Poder Judicial aseguró en un comunicado que "no existe demora alguna en la tramitación de solicitudes y expedientes" y aclaró que en las solicitudes de detención o allanamiento "bastaría con autorizar a la Policía a retirar la orden correspondiente si se requiere celeridad".
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