El tribunal de justicia europeo le retira la inmunidad parlamentaria al catalán Puigdemont

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha decidido retirar la inmunidad al ex presidente del gobierno de catalán, en una sentencia publicada este miércoles y que significa un nuevo revés a uno de los líderes del proceso de independencia de Cataluña.

Puigdemont fue electo presidente de Cataluña en 2016 y lideró la iniciativa de un referéndum para independizar a la autonomía de España, que fue considerado ilegal. En 2017, fue destituído, juzgado por rebelión y malversación de fondos públicos. Huyó a Bélgica y luego se hizo elegir eurodiputado para evitar la cárcel.

El TGUE también le retiró la inmunidad a los ex consejeros Clara Ponsatí y Toni Comín. De esta forma, confirma la decisión tomada por el Parlamento Europeo.

Además, también se abre la puerta a que se emita una nueva orden europea de detención y entrega de los imputados por parte del Tribunal Supremo para que rindan cuentas en España, y el juez Pablo Llarena podría reactivarla cuando considere, aunque el asunto se daría aquí en una escala diferente puesto que recaería en la justicia belga y no en la comunitaria. 

Eso sí, ante esta decisión cabe un recurso de casación ante el TJUE.

La defensa de Puigdemont ya avisó antes de conocer la sentencia de que, en caso de que le fuese contraria como ha sucedido, impondría un recurso. Tiene dos meses para presentar dichos recursos y después el TJUE contará con otros seis para posicionarse.

Por otro lado, otra de las aspiraciones del abogado del ex presidente, Gonzalo Boye, es alargar el proceso todo lo posible puesto que podría acudir también al TEDH llegado el caso y de esa forma, entre unas cosas y otras, podría llegar a 2026.

"Nada se acaba, todo lo contrario. Presentaremos recursos y defenderemos hasta el final todos nuestros derechos", reaccionó el político catalán en sus redes sociales a los pocos minutos de conocer la sentencia.

"Ciertamente que hemos trabajado duramente para obtener otra sentencia, pero también estábamos preparando el camino a seguir en caso de que el resultado fondo lo que hoy se ha comunicado. Y estamos listos para seguirlo desde ahora mismo", continuó Puigdemont en una especie de comunicado. 

Para él, ahora "la disidencia política está más amenazada en Europa". Fue muy directo en este sentido: "Las minorías políticas que defiendan causas que incomoden a los estados tendrán, si esta sentencia no se revierte, más dificultades para ejercer sus derechos", terminó, intentando victimizarse.

Esta decisión, aunque no es definitiva, no solo marca en parte el futuro político de la gran cabeza visible del proceso independentista, sino que amenaza con reintroducir el tema catalán en una campaña electoral a menos de tres semanas para el 23-J.

Por lo pronto, desde la Eurocámara los días anteriores a la sentencia había tranquilidad. 

"Hemos hecho las cosas bien, siguiendo el procedimiento, y estamos muy tranquilos", aseguró Adrián Vázquez, secretario general de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos en la Eurocámara. "Celebro, además, que esta sentencia respalda el buen nombre y el trabajo del Parlamento Europeo y el proceso de inmunidades", dijo tras conocer la decisión en declaraciones al diario español 20 Minutos.

Carles Puigdemont reapareció hace ya unos días para declarar en el juicio contra el mosso Lluís Escolà, acusado de escoltarlo hasta Bélgica tras su huída de la Justicia española.

"Lo he visto sacrificar su vida privada incluso para poderme acompañar en momentos en que las autoridades españolas eran negligentes en su deber de garantizar mi protección", sostuvo, antes de definir al implicado como "un patriota y un amigo" que merece, dice, "toda su confianza".

Además, señaló directamente de nuevo al sistema: "Si está en este juicio es porque ha prestado un servicio muy grande al país, y por ninguna otra razón".

Con todo, Puigdemont tiene bastante claro cuál será su devenir.

"No volveré esposado ni rendido ante un juez español para que sea indulgente, lucharé por volver libre", aseguró tras conocerse que, con la reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, se le podía retirar la acusación por sedición pero se le mantenía en cambio la de malversación agravada -que implica hasta 12 años de cárcel- y la de desobediencia.