El Tribunal Permanente de los Pueblos condenó a Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad

El TTP tiene la sede en Roma y se lo conoce como un tribunal internacional de opinión que investiga dónde, cuándo y cómo se han violado derechos fundamentales de los pueblos y las personas. Instaura procesos que examinan las violaciones y denuncia a los autores ante la opinión pública internacional.

El organismo fue creado en 1966en Suecia y Dinamarca y contó con la participación de personalidades como los filósofos Bertrand Russell y, Jean Paul Sartre, el político italiano Lelio Bassi, la escritora Simone de Beauvoir y el argentino Julio Cortázar. Una de sus primeras intervenciones fue la investigación de los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos durante la guerra de Vietnam.

Desde entonces y con el mismo modelo, tribunales en distintos lugares investigaron las dictaduras militares argentina y brasileña, el golpe militar en Chile, la guerra de Irak y la situación de los palestinos.

Según Jamil Chade, periodista de UOL Brasil, la condena del TPP a Bolsonaro no tiene consecuencias legales concretas, aunque el peso simbólico y moral de la misma contribuye a aumentara la presión internacional contra el presidente brasileño.

Chade detalló que el tribunal optó por no condenar a Bolsonaro por genocidio, por que esto hubiera implicado la necesidad de demostrar mediante pruebas fehacientes que Bolsonaro actuó contra una población o un sector social específico.

Igualmente, la condena del tribunal se enviará a la corte internacional de La Haya, que es el organismo que tiene la capacidad de actuar contra un Estado o un jefe de gobierno.

La sentencia del TPP estableció que el presidente brasileño es el responsable directo de violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad por haber cometido actos “maliciosos e intencionados” contra su población.

En la sentencia se señala que “el crimen del que fue responsable el presidente Bolsonaro consiste en una violación sistemática de los derechos humanos por haber provocado la muerte de decenas de miles de trabajadores debido a una política insensata promovida en relación a la pandemia de covid-19”.

El fallo del TPP se fundamenta en que “contrariando la posición unánime de los científicos de todo el mundo y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, Bolsonaro no sólo provocó que la población brasilera no adoptara las medidas de distanciamiento, aislamiento, protección y vacunación destinadas a limitar la infección, sino que varias veces creó diversos obstáculos a las mismas, frustrando los intentos de su propio gobierno de establecer políticas destinadas de alguna manera a proteger a la población del virus”.

En el fallo se agrega que el resultado de la conducta de Bolsonaro fue la muerte innecesaria de cerca de 100.000 personas más que las que se habrían producido con una política más responsable. El número indicado es obviamente aproximado y podría incluso ser mayor.

La sentencia fue leída por el exjuez argentino Eugenio Zaffaroni, uno de los miembros del tribunal que calificó como incuestionable la responsabilidad de Bolsonaro, que se profundizó aún más con la discriminación de grupos vulnerables como indígenas, negros y profesionales de la salud. Recordó que el presidente había descripto el virus como “una gripecita”, criticó las vacunas y defendió el uso de la cloroquina, descartada como efectiva por la opinión médica mundial.

En cuanto a la calificación de lesa humanidad, Zaffaroni recordó que la ley establece que es necesario demostrar la intencionalidad y según la sentencia, Bolsonaro optó deliberadamente por salvar la economía. “Se eligió el mayor mal: la aflicción a las vidas humanas”, dijo.

“La muerte masiva fue producida por una decisión dolosa o por omisión, el resultado fue deliberado, es decir, doloso y no se puede decir que hay sido accidental, sino malintencionado. Esto significa que es un delito imprescriptible”, agregó Zaffaroni.

La sentencia será enviada a la Corte Penal Internacional de La Haya donde ya se ha radicado una denuncia contra Bolsonaro presentada por la Comisión de los derechos humanos Dom Paulo Evaristo Arns, la Internacional de servicios públicos, la Articulación de pueblos indígenas de Brasil y la coalición Negra por Derechos.