Empresarios más cerca de la propuesta salarial del gobierno pero utilizar el PIB hace ruido

Este segundo encuentro incorporará los comentarios y sugerencias realizados al Poder Ejecutivo de forma previa por  empleadores y trabajadores, tras conocer los lineamientos oficiales el viernes pasado.

Uno de los temas que ha motivado planteos tanto desde las cámaras empresariales como desde el PIT-CNT es el indicador atado a la evolución del Producto Bruto Interno (PIB) en 2020 que utiliza la fórmula salarial para el cálculo del correctivo final.

El Poder Ejecutivo planteó un ajuste nominal de 3% en enero de 2021 (que se puede postergar a abril) y un ajuste correctivo por inflación al que hay que descontar los puntos porcentuales de caída que tenga la economía (alrededor de 3%) según lo estimado por las autoridades.

El PIT-CNT se opone porque implica de antemano un deterioro del salario real de la misma proporción al descenso que tenga la actividad.

Y en la otra vereda si bien las gremiales empresariales comparten la posición del gobierno de desindexar el correctivo final, no convence que se use el indicador de PIB para ello.

Uno de los argumentos manejados es el antecedente que puede generar, porque así como en esta oportunidad se utilizaría en menos, en rondas futuras de negociación y con la economía creciendo podría jugar en el sentido contrario.

También se entiende que es demasiado general, y no respeta la realidad y la interna de los distintos sectores que suele ser  heterogénea.

De ahí que se quiera explorar la viabilidad de cambiar el indicador por uno más sectorial u establecer otro guarismo nominal de disminución, pero no relacionado al desempeño de la economía del país.

“No creemos que se pueda aplicar el PIB para hacer decrecer el correctivo, ni si cambia la situación para hacerlo crecer, porque hay una cantidad de componentes que no se estarían midiendo de manera adecuada”, dijo a El Observador el asesor jurídico de la Cámara de Comercio, Juan Mailhos.

Según Mailhos, los lineamientos en términos generales tratan de contemplar la situación de crisis y es una “buena base de trabajo”, pero falta ver “cómo se termina de dibujar”, a partir de la valoración que realice el gobierno de los aportes realizados por cada una de las partes.

“El desafío es que los lineamientos generales puedan ser aceptados por todos, intentar un acuerdo macro que pueda ser recogido por los grupos madre y evitarnos todo el periplo de una negociación que es a ley de juego y que lógicamente tiene como telón de fondo la conflictividad. (…) Sin embargo, si hay un rechazo importante estaremos en otro escenario y el Poder Ejecutivo será el que defina cómo va a llevar adelante esta ronda”, añadió.

Del lado de los sindicatos existe disconformidad con la fórmula inicial, que se basa en la rebaja de salario que reconoce el gobierno, y la falta de certezas sobre de qué manera se procesaría la recuperación  luego del período puente.

También se aspira a definir una política de ajuste del Salario Mínimo Nacional que incorpore enteramente la evolución anual del IPC, y sumar a la discusión la situación de los llamados salarios sumergidos (por debajo de $ 20 mil) que en rondas anteriores tuvieron un tratamiento diferencial con aumentos adicionales.

Otra aspiración de los sindicatos es que utilizando una fórmula base se abra también la negociación en alguno de los grupos madre para poder abordar con mejor perspectiva las distintas realidades que existen.

Esa apertura daría también el espacio para buscar algún punto más de aumento nominal en el período o afinar la fórmula de tal modo que no exista pérdida de salario al cabo del período puente en algunos casos particulares.

Hay otro punto que estará arriba de la mesa y es qué ocurrirá con los convenios que vencen en diciembre de este año.