En las elecciones de 2018 en Brasil está en juego la lucha contra la corrupción

Sigue la pista a 25 millones de transacciones financieras por más de US$ 600.000 millones

Los innumerables actos de corrupción y las enormes sumas de dinero desfalcado a Petrobras hasta ahora descubiertos en el caso Lava Jato, parecen ser apenas la punta del iceberg de un colosal entramado delictivo que habría lavado billones de reales (trillones, en portugués) de la corrupción.

La última semana, sin ir más lejos, el juez Sergio Moro de Curitiba, a cargo de la investigación, admitió una nueva denuncia de corrupción en contratos de obra por más de 1.800 millones de reales (unos US$ 550 millones) en Comperj, un complejo petroquímico de Petrobras ubicado en Río de Janeiro.

Pero fue el primer fiscal que entiende en la causa de Lava Jato, Deltan Dallagnol, quien a fines del año pasado dejó a todo el mundo boquiabierto. El titular del Ministerio Público paranaense declaró entonces en un rueda de prensa que la "fuerza de tareas" federal que investiga la operación (compuesta por su Fiscalía de Curitiba y sus pares de Río y San Pablo) le sigue hoy la pista a 25 millones de transacciones financieras por un total de 2 billones de reales (más de US$ 600 mil millones).

Esto desde luego hace pensar que los cerca de 300 políticos y empresarios hasta ahora imputados en la trama por el lavado de más de US$ 10 mil millones comprobados, son apenas una muestra del gran universo delictivo de Lava Jato.

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Por eso el propio Dallagnol ha pedido a los brasileños elegir muy bien a sus representantes el próximo octubre, cuando acudirán a las urnas para elegir presidente y renovar el Congreso.

Según el fiscal, ahí se juega el futuro de la causa, lo que él llama "la batalla final de Lava Jato", ya que de encumbrar a políticos con pasados comprometidos, podrían descarrilar la investigación sobre el mayor caso de corrupción en la historia de Brasil.

"2018 será la batalla final de Lava Jato, porque las elecciones de 2018 determinarán el futuro de la lucha contra la corrupción en nuestro país", afirmó Dallagnol.

Los diputados y senadores electos "determinarán si habrá retrocesos en la lucha contra la corrupción o si habrá reformas y avances que puedan crear un país más justo", agregó .

De hecho en los últimos meses la investigación se ha visto entorpecida por iniciativas en el Congreso que buscan derogar los mecanismos que posibilitaron el avance de las causas, como las delaciones premiadas, el encarcelamiento a partir de una condena en segunda instancia y la prisión preventiva de imputados con influencia política. Y en el Tribunal Supremo se ha suspendido, sin plazo de reanudación, la votación para privar de fueros parlamentarios a los legisladores acusados de corrupción.

Desde luego los intentos por dar impunidad a políticos poderosos se van a intensificar después de la elección, cuando los legisladores recientemente refrendados en las urnas se sienten con manga ancha para impulsar sus proyectos a discreción. No está claro aún quiénes son esos legisladores y candidatos a legisladores "con pasado limpio que apoyarían la agenda anticorrupción" por quienes los fiscales han pedido a los brasileños votar.

Tampoco se sabe a ciencia cierta cuánto ha cambiado el sistema y el accionar de los políticos a partir de las condenas y revelaciones de Lava Jato. Pero, a simple vista al menos, no parece haber habido una gran transformación. Y así, la "batalla final" de Lava Jato podría librarse en un teatro de operaciones poco propicio para Moro, Dallagnol y quienes quieren ver un Brasil libre de corrupción.

Democracias amenazadas en la región

La regresión autoritaria en Nicaragua, el endurecimiento de la autocracia en Venezuela y la inestabilidad en Brasil son los casos que ilustran de forma ejemplar los crecientes peligros para las democracias en América Latina, advierte el Índice de Transformación (BTI) presentado esta semana por la Fundación Bertelsmann.

El informe, que analiza la calidad de la democracia, la economía de mercado y la gobernanza en 129 países en desarrollo y emergentes, constata que Nicaragua forma, junto con Bangladesh, Líbano, Mozambique y Uganda, el grupo de cinco países entre los 13 "perdedores" del índice que viven una regresión a la autocracia.

El punto culminante de esta regresión tuvo lugar cuatro meses antes de las elecciones de 2016 con la destitución decretada por el Tribunal Supremo del líder del principal partido de la oposición y candidato a la presidencia, lo que hizo que por primera vez desde 1990 se celebrase unas elecciones sin candidato alternativo y Daniel Ortega pudiera así permanecer en el cargo.

Destaca también en el período de estudio, que abarca entre el 1 de febrero de 2015 y el 31 de enero de 2017, el agravamiento de la situación política en Venezuela, "país inmerso en una dinámica de radicalización" el año pasado y donde "se ha agravado de forma dramática la situación de los derechos humanos".

Según el informe, la situación en Venezuela representa incluso "una declaración de quiebra del 'socialismo del siglo XXI'", con un país que "apenas se preocupó de procurar alternativas a la dependencia del petróleo" y donde la pobreza ha vuelto a impactar con fuerza "después de dos décadas de un derrochador populismo rentista".

La victoria aplastante de la oposición en los comicios parlamentarios de 2015, agrega el documento, ha conducido a que el régimen de Nicolás Maduro mantenga su curso con aún más dureza.

En tanto, en Brasil, ejemplo del "descalabro de una futura superpotencia", se percibe "claramente" una pérdida de la calidad de la democracia, relacionada según el informe con la "dudosa destitución" de Dilma Rouseff, "iniciado por políticos corruptos", que en mayo de 2016 aupó a Michel Temer al poder.

Al mismo tiempo, el informe alude al Latinobarómetro 2016, según el cual el 55 % de la población de Brasil no rechazaría un régimen autoritario, siempre que de solución a los problemas económicos.

Esta tendencia a la "desconsolidación de la democracia" en Brasil no es un caso aislado y se observa en toda la región, donde la aprobación de la democracia por parte de la ciudadanía ha disminuido visiblemente desde el informe de 2010, constata el BTI.

La totalidad de la región se muestra debilitada en cada una de las tres dimensiones analizadas.

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