“Es una campaña de desobediencia civil a las subas de precio y las expulsiones”

“Impulsamos el sindicato a finales de 2016 y el nacimiento público fue el 12 de mayo de 2017. Fue en el contexto de la burbuja de precios del alquiler, que afecta a cada vez más gente. Empezó en Barcelona y al poco tiempo siguió el de Madrid. Luego el de Barcelona fue creciendo y se creó el Sindicato de Cataluña, que tiene secciones en 15 ciudades diferentes. También hay en otros lugares de España”, cuenta Jaime Palomera (@JaimePalomera) , recordando los inicios de aquella iniciativa impulsada por no más de una veintena de personas. 

Fue en la capital catalana donde, en febrero de 2009, se fundó la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), y donde el siglo pasado una huelga de inquilinos paralizó a Barcelona en una de las primeras luchas modernas por un alquiler digno. Hoy hay unos 200.000 hogares en régimen de alquiler en la ciudad.

En Suecia, el mayor Sindicato de Inquilinos que nació a raíz de una huelga en un bloque de viviendas de Estocolmo, tiene más de un siglo de vida y supera el medio millón de afiliados. El de Barcelona (@SindicatLloguer) nació con más de cien años de retraso y tiene unos 6.000 afiliados.

Países como Austria o Alemania disponen de sindicatos del alquiler con más de 50 años de experiencia que actúan como grupos de presión. Aquí surge un aspecto fundamental: la nueva Ley de Vivienda descartó reconocerlos como parte en cualquier negociación colectiva.

En otros países al otorgarles la ley el estatus de representantes legales, como ocurre con los sindicatos laborales, a cualquier inquilino le beneficia negociar su alquiler amparado por un sindicato.

¿Por qué este surgimiento tan tardío en España? Palomera, que es doctor en Antropología y codirector del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), arriesga que “probablemente tenga que ver con el hecho de que en España durante dos generaciones el Estado logró que la inmensa mayoría de la población tuviera la posibilidad de acceder a una vivienda en propiedad, con una hipoteca, y mediante todo tipo de ayudas públicas directas e indirectas”. 

“Este modelo entró en fase terminal en 2008, con la gran crisis financiera. Desde entonces, en los últimos 15 años, hemos visto cómo en las grandes ciudades (y no tan grandes) se está generando una polarización entre quienes ya están dentro del sistema de propiedad y quiénes tienen muy difícil acceder a él, por lo que no tienen otra alternativa que vivir de alquiler”, explica. 

“Para hacerse una idea -detalla-, a no ser que tengas una herencia, es casi imposible acceder a una hipoteca para un pisito en propiedad en una ciudad como Barcelona o Madrid sin un mínimo de entre 60.000 y 100.000 euros ahorrados. Una cifra que está muy alejada de lo que pueden ahorrar la inmensa mayoría de personas de menos de 45 años”.

Según reveló un estudio reciente de IDRA, el perfil del inquilino en Barcelona es el de una persona con formación alta, de entre 35 y 50 años, que no tiene previsto poder comprar vivienda en el futuro ni heredar, y por tanto es muy probable que siga siendo inquilino durante el resto de sus días. 

En Barcelona, la ciudad donde más se alquila de España, el 65% de los que lo hacen tiene más de 35 años, lo que rompe con la idea de que vivir de alquiler es una etapa transitoria y que la compra de una vivienda tiene algo de rito de ingreso en la vida adulta.

Una reforma que acorta los contratos

El lanzamiento del sindicato se dio en un momento particular, en el que los precios de los alquileres ya eran un problema, en máximos históricos debido a la presión turística y al incremento de pisos turísticos ilegales.

Pero también coincidió con la reactivación en la ciudad de las compras por parte de fondos de inversión, que adquirían bloques enteros con inquilinos dentro a punto de finalizar sus contratos para no renovarlos y luego vender las propiedades.

Esto se daba en el marco de una modificación del PP de la Ley de Arrendamiento Urbano (LAU) el año 2013 que cambió la duración mínima de los contratos de cinco a tres años. La reforma se había traducido en múltiples finalizaciones de contrato acumuladas en pocos meses en Barcelona.

Los sindicatos tienen, a su vez, diferentes formas de operar. El modelo español, con asambleas colectivas, es muy habitual en ciudades como Los Ángeles, pero no en Alemania o Suecia, donde suelen hacerse sesiones individuales de asesoría cuando alguien tiene un problema. 

“Sobre las dinámicas de los sindicatos, la particularidad del movimiento aquí es que ha sido capaz de impulsar una auténtica campaña de desobediencia civil a las subas de precio y a las expulsiones”, asevera Palomera.

“Son miles de personas plantándose ante inmobiliarias y caseros abusivos (huelgas parciales en las que solo se paga lo que se venía pagando pero no se asume el incremento), y organizándose a través de bloques de un mismo casero; disputar el sentido común sobre cuál ha de ser la función social de la propiedad y sobre cuáles son las raíces de la crisis de vivienda más allá de lo que dicen los representantes de la patronal inmobiliaria”, repasa. 

“Y lograr no sólo cambiar leyes sino también participar directamente en su redacción. El ejemplo más claro de esto es la regulación de precios del alquiler que estuvo vigente en Cataluña entre 2020 y 2022, que es considerada por muchos como la ley del sindicat”, asegura. 

De asambleas, marchas y enfrentamientos

Es un mega-evento inmobiliario. Un congreso internacional que convoca en Barcelona a los pesos pesados del mundo del real estate. Lo llaman The District. Esta era la segunda edición y, al igual que el año anterior, una oportunidad imperdible para manifestarse y darle visibilidad a los reclamos del grupo.

Este año la sede del evento se había trasladado precisamente a raíz de las protestas. Es que en la primera edición varios activistas habían conseguido colarse en el recinto e interrumpir el desarrollo del evento. 

La irritación fue mayúscula cuando los disturbios se repitieron. Nadie ingresó pero bloquearon el acceso principal al evento y tiraron pintura en polvo a los asistentes que intentaban entrar al recinto. La inacción de los Mossos d’Esquadra no hizo más que potenciar el malestar. 

Varios de los grandes patrocinadores del evento ya estaban decididos a abandonar la convulsionada Barcelona. Málaga parecía la gran candidata, aunque aunque también se hablaba de Valencia o Sevilla.

 Finalmente, los ánimos se calmaron y la tercera edición será en Barcelona. No sólo participaron miembros del sindicato de inquilinos pero fue una de las acciones que más trascendió y que reflejó en un punto el nivel de violencia a la que ellos mismos se ven sometidos. 

También el hecho de que hay múltiples actividades involucradas. Ni siempre es la furia de alto impacto de The District ni la necesaria cotidianeidad compartida de la asamblea de los problemas en común. 

El uso de las redes sociales para orquestar campañas y movilizaciones resulta fundamental. Una de las últimas convocatorias del sindicato en Barcelona tuvo que ver justamente con el Día Mundial del Turismo, en alusión al colapso de la ciudad por la masiva afluencia de visitantes. 

Son más de 17.000 alojamientos turísticos, apuntaba el sindicato, en una ciudad que expulsa a sus habitantes para hacer negocio con la vivienda. Con sarcasmo convocaban al celebrar el Día Mundial del Colapso y reunirse en las escalinatas de la catedral de Barcelona.  

La movida en Madrid

Pero no sólo en Barcelona están muy activos. También en Madrid, para compartir otros ejemplos de cómo funcionan estas entidades con tan poca historia en España. 

Era imposible, dicen, pasar por la calle Atocha en Madrid y no detenerse a sacar una foto. Desokupa, empresa de desahucios extrajudiciales, había colgado una gran lona con los rostros del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del fundador de la marca, Daniel Esteve, en la que se podía leer “Tú a Marruecos, ¡Desokupa a La Moncloa!”. De fondo, un Falcon.

En este caso, fue el sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) el que intervino para boicotear el mensaje desplegando otra lona por encima en la que se podía leer “el problema no es la okupación”. La verdadera problemática, aseguran, reside en los desahucios, un total de 482.549.

Unas pocas horas más tarde, el mensaje del sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid ya había sido retirado por la empresa responsable de la campaña publicitaria. Pero fue una acción de alto impacto. 

Hace apenas una semana, el mismo sindicato organizó y difundió durante días la convocatoria de una gran movilización en defensa de los inquilinos de Puerta del Angel en Madrid. La consigna de la manifestación era "Puerta del Ángel no se vende. Paseo por el barrio contra la especulación".

La protesta iba dirigida contra el “fondo buitre” Vitruvio que busca echar a 11 personas de sus casas para hacer alquileres temporales (y duplicar ingresos), denuncian.

Ellos conocen la estrategia. Ya los vieron en acción una y otra vez: compran edificios, informan a los vecinos de la finalización del contrato de arrendamiento y alquilan las viviendas por habitaciones, aumentando el precio de forma desorbitada. 

“Siempre se escudan en que van a realizar mejoras, cuando lo único que quieren es aumentar sus beneficios a través de alquileres temporales y por habitaciones”, explican. 

Así es como en este mismo bloque hay viviendas que se alquilaban por unos 900 euros al mes y ahora cuestan “2.000 euros al ser por habitaciones”.

Vitruvio se suma a Madlyn, el fondo que acaba de adquirir 30 edificios en Puerta del Ángel y sólo alquila habitaciones.

Barcelona, zona tensionada y “bloqueada”

Ya en agosto, Barcelona tenía todo listo. Pese a que la Ley de Vivienda lo habilita, ninguna otra comunidad había decidido ampararse en la norma y reconocer la crisis declarándose “zona tensionada”, para así poder limitar la escalada de los alquileres, más allá del 2% de actualización anual. Pero aún siguen esperando. 

Palomera explica: “La Generalitat hizo el trámite hace dos meses para ser reconocida como zona tensionada (que es el requisito que marca la ley para poder implementar la regulación). Efectivamente es la única, porque en el resto de comunidades hay gobiernos muy próximos ideológicamente a la patronal inmobiliaria”. 

“El problema es que la ley dice que el Ministerio competente (del Gobierno de España) tiene que aprobar el trámite -agrega-, pero no lo están haciendo porque consideran que el índice de precios no es válido. Es un argumento técnico. Dicen que el índice catalán (basado en las fianzas que se depositan en el instituto catalán del suelo) se tiene que homologar al español (que se basa en la declaración de la renta, porque fuera de Cataluña los caseros e inmobiliarias no depositan fianzas)”. 

“Pero como el índice español no está listo (lo están elaborando), tampoco se usa ése, con lo que el Estado está bloqueando que se puedan regular los alquileres y proteger a la población de unas subas cada vez más disparatadas, en un mercado hiper-tensionado”, detalla de una forma muy clara. 

“Es un bloqueo incomprensible porque el Gobierno del Estado podría validar el índice catalán a la espera de que se apruebe el nuevo índice estatal”, concluye con sensatez.