FA y blancos se acercan en negociación por cargos pero Lacalle solo espera hasta el viernes

El presidente electo Luis Lacalle Pou y el futuro secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, pretenden tener definidos este miércoles los cargos de los directores en los ministerios y resolver al final de esta semana la integración de los directores de las empresas públicas, los entes, los servicios descentralizados y los organismos de contralor.

Este martes hubo un acercamiento con el Frente Amplio que deja más próxima la posibilidad de un acuerdo. Según dijeron a El Observador dos fuentes de la izquierda, de ese lado del mostrador hay disposición a dar por cerrada la negociación en 34 cargos, uno más de lo ofrecido inicialmente, siempre y cuando se mantenga la correlación actual de fuerzas en los organismos de contralor. Eso implicaría que al Frente Amplio se le otorgara un puesto más en la Corte Electoral que lo estipulado en la propuesta original y que mantengan cuatro de los nueve ministros que responden a esa fuerza política.

En el FA incluso se planteó iniciar esta semana la coordinación y discusión de los criterios a aplicar para el reparto interno de los cargos, un asunto que estaba previsto iniciar una vez que se cerrara la negociación con la administración entrante.  

Pero pese a los avances, desde el gobierno electo señalan que todavía no hay nada cerrado ni un número definitivo. Tanto que ya definieron que si esta semana no se llega a un acuerdo final se repartirán todos los cargos entre los partidos de la coalición multicolor aplicando un cociente decreciente según los votos obtenidos por los cinco lemas en octubre. Así se lo transmitió este martes Delgado al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, en una conversación telefónica.

Aunque ninguna de las partes aspira a que se llegue a ese punto, en el gobierno entrante están dispuestos a no renovar las autoridades del Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, uno de los coletazos que traería el naufragio de la negociación.

En el entorno de Lacalle aseguran que no quieren llegar a la situación de 2005, en la que no hubo acuerdo entre oficialismo y oposición y el gobierno completó los cargos solo con jerarcas frenteamplistas. En ese caso no se renovaron los organismos de contralor (Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral), dado que para ello se requieren dos tercios de los votos de la Asamblea General.

El gobierno electo pretende acordar el paquete completo, incluyendo desde los entes hasta los organismos de contralor, para asegurarse la mayoría especial a la hora de votar. Sin embargo, fuentes de la coalición dijeron que están dispuestos a separar esos cargos de la discusión general, aunque en ese caso, afirman, no se aumentará la cantidad de cargos ofrecidos. 

Números

La distribución de los cargos fue un tema conflictivo desde el jueves 23 de enero, cuando Lacalle Pou le envió al presidente del Frente, Javier Miranda, una lista con los 33 puestos ofrecidos. La propuesta generó malestar en la izquierda debido a la ausencia en organismos como Antel y el Instituto de Colonización, entre otros, y el hecho de que se incluyera "en la misma bolsa" los lugares en el Palacio Legislativo y los organismos de contralor, donde también les planteaban ocupar menos lugares. 

El número ofrecido por el gobierno electo es resultado de una simple regla de tres. En 2015 Tabaré Vázquez otorgó 39 cargos a la oposición, que había sumado 46,86% de los votos. Es decir, la oposición pagó 1,2 puntos porcentuales cada cargo. A ese precio, el Frente Amplio –que obtuvo 39,02%– le corresponden entre 32 y 33 lugares. Sin embargo, en el FA consideran que la distribución no debe ser meramente numérica.

En el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio de este lunes algunos dirigentes plantearon que se reclamara un lugar por ente, y un día después los dirigentes de la futura oposición dieron el visto bueno a aceptar 34 cargos. "Coincidimos que hasta acá llegamos, pese a las pretensiones que teníamos", dijo uno de los consultados. 

Las dos preocupaciones centrales en la izquierda son, por un lado, ocupar cargos en cupos considerados prioritarios como Antel y Colonización y, por otro, no perder representación en los organismos de contralor. 

El primer objetivo no necesariamente choca con la postura de Lacalle de mantenerse firme en el número 33. Dirigentes del FA dijeron a El Observador que más allá del número global, se priorizaría la participación en esos organismos a cambio de otros de menor porte, como las comisiones mixtas o las asesorías letradas.

El segundo objetivo es el más engorroso de la negociación. El País informó la semana pasada que el FA pretendía mantener su representación tanto en el Tribunal de Cuentas (de siete integrantes en total) como en la Corte Electoral (de nueve integrantes), en los que –según la propuesta inicial de Lacalle- pasarían de tener cuatro a tres integrantes. En la Corte, además, la oferta original incluyó dos asesorías letradas. 

La izquierda definió que no aceptaría cambiar la correlación de fuerzas actuales en esos organismos, en los que actualmente hay paridad entre oficialismo y oposición, con un presidente neutral. La preocupación de los dirigentes frenteamplistas es que una mayoría de seis contra tres en la Corte puede llegar incluso a anular una elección. 

Venias en juego

Más allá de la integración de las empresas públicas y otros servicios descentralizados, el tire y afloje entre ambas partes pone en jaque la renovación de los organismos de contralor. Si no hay acuerdo por todo el paquete, el gobierno entrante no contaría con los votos necesarios para aprobar las venias de los integrantes del Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral. 

Los directores de los entes (como Ancap o el Banco República, por ejemplo) son designados por el presidente de la República previa venia de la Cámara de Senadores. Si bien en primera instancia se requieren tres quintos de los votos, a los sesenta días el Ejecutivo podrá reiterar su propuesta y aprobarla con la mayoría absoluta del Senado (la coalición cuenta con ella).

Distinta es la situación con el Tribunal de Cuentas (siete integrantes) y la Corte Electoral (nueve integrantes), cuyas autoridades se eligen por dos tercios de la Asamblea General. En caso de no haber acuerdo se mantiene su integración hasta el momento. Eso ocurrió por ejemplo durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, en 2005. Con la recordada frase de Jorge Larrañaga –"¡qué se queden con todos los cargos!"–, el Partido Nacional desistió de participar en los órganos estatales y ello impidió renovar la integración de los organismos de contralor hasta la presidencia de Mujica.

Hay, sin embargo, una diferencia con aquellos años. En 2005, cuando asumió Vázquez, ambos organismos traían mayoría de la oposición. Ahora en los dos casos hay un equilibrio entre oficialismo y oposición porque sus presidentes son "neutrales". 

A su vez todo ello es monitoreado de cerca por el Partido Colorado y Cabildo Abierto. En la colectividad de Fructuoso Rivera asumen que si se renueva la integración de esos organismos perderán un representante a manos del partido liderado por Guido Manini Ríos. Los colorados cuentan hoy con un ministro y un secretario letrado.  

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