Financiamiento de partidos: hay fecha para votar nueva ley mientras colorados y PI se acercan al Frente Amplio
El Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Independiente se encaminan a unificar la redacción, mientras los blancos alinean la interna para pronunciarse en torno a la iniciativa
La nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, pendiente desde la anterior legislatura, ya tiene fecha agendada para una segunda chance en el pleno de la Cámara de Diputados: el jueves 16 de noviembre. Hace poco más de cinco años, en esa misma ocasión, el entonces frenteamplista Darío Pérez prometía "colgarla al ángulo" y se retiraba de sala para dejar al Frente Amplio sin el voto 50 para para sancionar su proyecto.
El Partido Colorado, el Partido Independiente y la coalición de izquierda –hoy en la oposición– buscarán este jueves unificar el texto de sus respectivas propuestas, con un "muy probable acuerdo" para "la mayoría de los puntos", afirmó el diputado frentista Carlos Varela.
Los legisladores tendrán ese día un encuentro informal para pulir el texto que buscarán aprobar en comisión el próximo 14 de noviembre, apuntó a El Observador el colorado Conrado Rodríguez, presidente de ese ámbito. "Tenemos un mandato del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y ahora de la Convención para avanzar", sostuvo el diputado de Batllistas, quien ya la semana pasada había cerrado una redacción común con Iván Posada, diputado del Partido Independiente.
Tras casi dos años de desencuentros dentro de la propia coalición de gobierno, también Cabildo Abierto se suma a las negociaciones, con la propuesta del dirigente Martín Sodano de trasladar un borrador propio luego de ultimar detalles con el senador Guido Manini Ríos, recién regresado de su viaje en el exterior.
"Es probable que queden puntos sin acordar y que luego se dirimirán por la votación", aventuró el astorista Varela. Los votos frentistas, colorados y del Partido Independiente ya garantizan una mayoría absoluta en cámara, pero los partidos apuestan a lograr el "consenso" entre todas las partes, al tiempo que determinadas disposiciones para ampliar las potestades de la Corte Electoral en la contralor pueden requerirle mayorías especiales.
El Partido Nacional presentará de esta manera la próxima semana un documento en el que pedirá que se respete el "consenso" acordado con los partidos, así como cuatro puntos en que discrepan con las versiones manejadas por los colegas. "El Partido no va a votar algo que el resto no quiera", ha apuntado el herrerista Juan Martín Rodríguez en conversaciones políticas.
Según supo El Observador, los blancos harán énfasis en tres puntos de interés: que no se prohíban las donaciones anónimas y que en todo caso se mantenga un tope (tanto el proyecto de los socios como el de la oposición ponen un techo de que solo podrán aceptarse contribuciones de hasta 4 mil unidades indexadas, equivalente a $23.226); no proceder con la publicidad electoral gratuita por las complicaciones que su distribución puede acarrear; y que la Corte Electoral tenga la exclusividad de los controles, sin transferir responsabilidades electorales a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) o el Tribunal de Cuentas, como manejan tanto colorados, como independientes y el FA.
Los blancos Rodríguez y Álvaro Viviano se han puesto al hombro alinear al partido en una redacción común los próximos días, aunque tanto colorados como la izquierda pretenden avanzar sin que el consenso general termine siendo "un freno".
Con un nudo sensible a desanudar entre todos los partidos, la meta está en que la nueva normativa ya esté vigente hacia los comicios de 2029 y con la expectativa de que algunos artículos –en especial los referidos a publicidad electoral– ya rijan para 2024.
Los puntos clave
El Frente Amplio pide al Partido Colorado y al Independiente que los controles sean exclusivos de la Corte Electoral, algo en lo que también coinciden los blancos.
Y es que la redacción de los segundos, que toma como tronco común la redacción presentada por la izquierda desde 2018, plantea que los medios de comunicación envíen a la Ursec las facturas de la adquisición de espacios publicitarios por parte de los partidos durante las elecciones. Colorados, PI y Frente Amplio están de acuerdo en que los medios cobren "el mismo precio" a todos los partidos y sectores por las tandas publicitarias, una vieja proclama de la izquierda que se reedita con cada período.
Foto: Leonardo Carreño.
Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado
La reformulación de los artículos 13 y 14 del proyecto de ley, referidas a la publicidad electoral y a las competencias de la Corte, serán de hecho uno de los puntos clave sobre el que buscarán acordar una parte del oficialismo y la oposición.
Ambas redacciones también tienen diferencias respecto a los montos de los aportes de dinero para la campaña, aunque la oposición –que propone mayores restricciones que los colorados y el Partido Independiente– las considera salvables.
El MPP quiere "concentrar el poder en muy pocos grupos grandes que pueden cumplir con todos los requisitos", acusaba Darío Pérez en 2018 a quienes todavía eran sus compañeros. Ese "fuego amigo" encontraba eco en despachos de legisladores de los partidos fundacionales, bajo la creencia de que se "privilegiaba" el modo de financiamiento de los sectores más fuertes del Frente Amplio –legitimando retenciones más altas a los cargos políticos– y se "castigaba" a quienes costean la campaña una vez que acceden al puesto para el que se postularon, como suelen hacer blancos y colorados.
"Un candidato al Senado tiene 19 campañas, y el límite (del proyecto del FA) le implicaba solo US$ 2 mil por departamento", ejemplifica un legislador oficialista.
En esta línea, el texto acordado entre Conrado Rodríguez (Partido Colorado) e Iván Posada (PI) contempla aportes a las campañas hasta tres veces mayores que los que propone el FA cuando estos provengan de "los candidatos a cargos electivos".
Los oficialistas promueven que los candidatos a la presidencia y la vicepresidencia puedan poner de su bolsillo hasta $8,7 millones en su propia carrera electoral, hasta $5,8 millones los aspirantes a senadores, hasta $4,6 millones los postulantes a diputados, hasta $2,3 millones los candidatos a ediles y hasta $1,4 millones los candidatos a alcaldes.
Rodríguez y Posada apuntan que todas las transacciones de dinero para financiar campaña mayores a $23.226 (equivalentes a 4 mil unidades indexadas) deban ser transferidas por modalidades de pago electrónico, mientras la coalición de izquierdas habla de 7 mil UI.
Otra de las diferencias principales es que ambos socios oficialistas promueven que también las personas jurídicas puedan aportar para las campañas, siempre y cuando no reciban subsidios del Estado ni sean concesionarias. Según la redacción de Posada y Rodríguez, las donaciones –tanto de personas físicas como jurídicas– no podrán exceder de $1,7 millones. En su propio borrador, el Frente Amplio propone un tope tres veces menor y solo para contribuciones de personas físicas: hasta $580 mil.
Para el astorista Varela "no parece un tema mayor" ni a su entender "debería impedir una votación general del proyecto".
Un tema caro para los blancos serán los 20 minutos de publicidad gratuita en los medios prevista para los partidos en ambas redacciones hoy sobre la mesa. Su distribución supone un nudo de larga data y hasta motivó una declaración de inconstitucionalidad desde la Suprema Corte de Justicia al esquema resuelto durante la administración de José Mujica en la ley de Medios tras un recurso presentado por el entonces senador del Partido Independiente, Pablo Mieres.
La fórmula de Posada y Rodríguez supone ahora dar un 47,5% del tiempo en forma igualitaria entre los lemas que hayan competido en la anterior elección y que tengan representación parlamentaria, otro 47,5% en proporción directa a los votos obtenidos y un 5% para los restantes partidos.
