Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto

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Cabildo tranca comisión parlamentaria hasta que logre entrar en la Corte Electoral pero FA no dará votos hasta después del referéndum

Cabildo Abierto considera "nula" la actuación de una comisión que pretende elaborar una nueva ley de partidos políticos, en medio de discrepancias en el FA por la integración del organismo
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20 de septiembre de 2021 a las 05:00

Desde julio del año pasado funciona en la Cámara de Diputados la denominada "Comisión Especial con Fines Legislativos para Estudiar el Financiamiento de la Democracia". En estos 15 meses hubo 17 sesiones, en los que se recibió el testimonio de más de 20 delegaciones. El cometido es elaborar una nueva ley de partidos políticos, que actualice las normas relativas a su funcionamiento y financiamiento vigentes desde 2009. 

Se trata de un nuevo intento de reformar esta normativa, luego que una iniciativa anterior durante la pasada legislatura fracasó por falta de votos. La comisión tiene plazo legal hasta el 15 de diciembre. Allí, los principales partidos con representación parlamentaria marcaron sus posturas. El Frente Amplio hizo suyo el proyecto que había sido discutido en la pasado período. Blancos, colorados y el Partido Independiente, en tanto, presentaron aportes y modificaciones, con la intención de lograr un texto unificado. 

La excepción la constituye Cabildo Abierto, lo que aleja por el momento toda posibilidad de acuerdo. Si bien participan en la comisión, los liderados por Guido Manini Ríos se niegan a reconocer la validez de lo actuado. Por lo menos hasta que logren ingresar en la Corte Electoral. 

Así lo dijo a El Observador el diputado Álvaro Perrone, que agregó que su fuerza política desistirá de realizar cualquier aporte al proyecto hasta tanto su representante asuma en el organismo. Mientras eso no suceda, sostuvo, la actuación de la comisión que pretende actualizar las normas relativas a los partidos "es nula y carece de cualquier legitimidad", dijo. 

La presencia en la Corte Electoral venía siendo largamente reclamada por los dirigidos por Manini, bajo el argumento de que debía verse reflejada allí la realidad pautada por las elecciones de 2019.

A principios de este mes el senador nacionalista Gustavo Penadés, a cargo de las negociaciones, le informó a El Observador que se había acordado que Sandra Chá (Cabildo Abierto) iría a reemplazar al colorado Juan Máspoli como ministro de la Corte. El otro cambio sería entre nacionalistas: Darío Castiglioni en sustitución de Ana Lía Piñeyrúa. 

El acuerdo, según Penadés, implicaba la permanencia de José Arocena al frente de la Corte Electoral, junto a cuatro ministros frenteamplistas, dos blancos, un colorado y un cabildante. 

Así había sido confirmado poco después por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, cuando el viernes de la semana pasada recibió en la Torre Ejecutiva a representantes de todos los partidos de la coalición de gobierno en una nueva instancia de la "mesa de coordinación". 

Según Delgado, para proceder a la renovación se esperará que la Corte Electoral actual termine de validar las firmas que se presentaron para someter a referéndum 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Se prevé que eso suceda en noviembre, en tanto que un mes después los nuevos integrantes del organismo serán refrendados por la Asamblea General. 

Para que todo esto suceda se requiere sí o sí el aval del Frente Amplio, ya que este tipo de cambios exigen mayorías parlamentarias especiales. "No hay ningún acuerdo cerrado", aclaró a El Observador el senador Charles Carrera, al expresar la "profunda molestia" por las declaraciones de Delgado y Penadés. "Nadie habló con nosotros", afirmó. 

La discrepancia de la oposición había sido adelantada por la senadora Lucía Topolansky el lunes pasado al ser entrevistada En Perspectiva. "No hay nada, la otra parte del acuerdo somos nosotros" sostuvo, al recordar que el voto del Frente Amplio es vital para a la hora de llevar el tema al Parlamento.

El Frente Amplio discrepa por un lado con las fechas mencionadas. "Estamos en un proceso de interposición de referéndum y habrá un acto refrendatario posiblemente en marzo del año que viene", recordó Carrera. "Pensar en cambiar autoridades de la Corte Electoral en este momento...nosotros no lo podemos hacer", añadió. 

Así, para la oposición la renovación deberá procesarse luego de llevado a cabo el referéndum. 

Por otra parte, el Frente Amplio pretende discutir también los suplentes, sobre todo el del presidente. 

Para ese lugar aspira a designar a Wilfredo Penco, actual ministro y que también ha suplantado en numerosas ocasiones a Arocena. Así lo había consignado este jueves Búsqueda. Pero esa aspiración choca con la del Partido Colorado, que pretende compensar con ese lugar la salida de Máspoli. 

Según explicó a El Observador el diputado Conrado Rodríguez, el criterio es que la coalición de gobierno es la que ganó las elecciones, por lo que ese puesto le corresponde. Además, tomando en cuenta que Ciudadanos cuenta con José Garchitorena como ministro, la suplencia de Arocena debe corresponderle a Batllistas. 

En cambio, el criterio que impera en el Frente Amplio es que para distribuir los cargos no debe considerarse a la coalición de gobierno como un bloque, sino tomar en cuenta los votos que obtuvo cada partido en forma separada. 

En Cabildo Abierto, Perrone sostuvo que este planteo de la oposición es un intento más por parte de la oposición de sembrar la discordia en la interna del oficialismo. "Todos los días una nueva traba", protestó. Cabildo Abierto insiste en que la Corte Electoral controle el financiamiento de los partidos políticos. De ahí, dijo Perrone, el reclamo de una nueva conformación y pasar a integrar ese organismo. 

Una vez que eso suceda, indicó, comenzará a trabajar en la comisión que intentará diseñar una nueva ley de regulación, en donde se deberá "comenzar de cero". 

 

 

 

 

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