La coalición evita redactar un texto alternativo al del Frente Amplio porque Cabildo Abierto continúa condicionando su avance a tener un ministro en la Corte Electoral
Darío Pérez se acercó a uno de los costados del hemiciclo y con su parsimonia habitual largó seis palabras que quedarían resonando en la sala. “La voy a clavar al ángulo”, dijo y se fue.
Era jueves 20 de diciembre de 2018, y la ausencia del legislador de San Carlos impediría al Frente Amplio tener las mayorías necesarias para levantar el receso parlamentario y votar una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos.
Casi cinco años después, en una muestra de circularidad, Pérez retornó a su primer amor, el Partido Nacional, pero ese día sigue siendo el momento en que el sistema político estuvo más cerca de sancionar una normativa que transparentara la forma en que los partidos reciben dinero para sus campañas.
Porque si bien todo el sistema se comprometió a discutir una nueva ley, ese proyecto está empantanado y va camino a naufragar dadas las distancias existentes.
Legisladores de los principales partidos reconocieron a El Observador que actualmente no están las "condiciones políticas" para votar uno nuevo pese a que asumen la importancia de contar con una normativa que establezca reglas de juego claras y aplicables para todos.
Sin ser la panacea, la ley de financiamiento es vista como un primer círculo de contención para impedir que el narcotráfico ingrese en la política, un asunto observado con lejanía pero que genera cada vez más preocupación.
Las palabras –y los pensamientos– de diputados y senadores no solo se basan en situaciones ocurridas en la región sino también en algunas advertencias internas recientes realizadas por ellos mismos.
Foto: Leonardo Carreño.
Diferencias en la coalición por ingreso de ministro a la Corte Electoral
En el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) militantes barriales del oeste del Movimiento de Participación Popular (MPP) advirtieron a sus líderes políticos que un grupo de personas con vínculos con narcotraficantes de la zona estaban haciendo pintadas en defensa de la normativa aludiendo ser integrantes de una lista del Partido Nacional. El tema fue motivo de conversación entre importantes dirigentes de la coalición de izquierda y la advertencia llegó a ser trasladada en reserva a algunos blancos.
Tras el fracaso por la ausencia de Pérez, legisladores de todos los partidos acordaron que en la nueva legislatura se crearía una comisión especial para estudiar el financiamiento, con la idea de aprobar una nueva en un plazo prudente antes de las elecciones.
Esta comisión tomó como punto de partida el proyecto que la coalición de izquierda estuvo a punto de aprobar, aunque los legisladores transmitieron que le harían varias modificaciones, ya que –como se sabe– las mayorías se habían invertido y ahora el oficialismo estaba conformado por la coalición conformada por blancos, colorados, cabildantes e independientes.
Pese a esto, hace más de un año que la comisión no registra avances concretos, y sus integrantes se reúnen cada vez menos.
En 2020, el primer año de la legislatura, la comisión tuvo diez reuniones, mientras que en 2021 fueron nueve. En 2022, la cantidad de encuentros bajó a seis y este año solo llevan dos, de acuerdo con un racconto publicado por el politólogo Daniel Chasquetti que dirige el Programa de Estudios Parlamentarios de la Facultad de Ciencias Sociales.
La última fue el 25 de mayo y allí los partidos expresaron la necesidad de darle un rápido trámite al asunto a fin de no acercarse al año electoral sin tener el proyecto. El herrerista Juan Martín Rodríguez llegó a sugerir que en caso de que lograran los "consensos suficientes" muy cerca de las elecciones, podía considerarse que "entre en vigencia no para el ciclo electoral próximo, sino para el siguiente: 2029-2030".
Según supo El Observador, tras ese encuentro el diputado blanco tenía pensado tomarse el fin de semana largo del 19 de junio para arribar a un nuevo proyecto de ley de la coalición con disposiciones alternativas al texto original del Frente Amplio, pero eso no ocurrió.
Se suponía que un primer borrador –basado en un semáforo elaborado desde el año pasado con categorías de colores para los puntos propuestos por la izquierda desde la legislatura anterior– iba a circular esa semana siguiente en la interna del oficialismo.
Tanto Juan Martín Rodríguez como el legislador colorado Conrado Rodríguez se aferraban por esos días a las declaraciones del cabildante Martín Sodano en la última sesión de la comisión en que expresaba su disposición a estudiar un nuevo proyecto. Esa puerta permanecía cerrada desde el año pasado, ante la negativa de Guido Manini Ríos de avanzar en las negociaciones mientras los colorados no admitieran a un ministro de Cabildo Abierto en la Corte Electoral, cargo para el que proponen a la abogada Sandra Chá.
Camilo dos Santos
La Corte Electoral debe controlar a los partidos
Ese esquema de jerarquías en distintos organismos –como el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Fiscalía y la Suprema Corte de Justicia– que requiere de amplios consensos entre los partidos viene trunco desde comienzos del período, y complicado aún más ante la ausencia de Gustavo Penadés en el Parlamento.
El blanco Rodríguez, sin embargo, detuvo los avances cuando por esas horas volvió a sondear en Cabildo Abierto, y el escenario permanecía incambiado: no había condiciones políticas para negociar un proyecto de financiamiento de los partidos políticos.
Consultado por El Observador, el cabildante Martín Sodano ratificó ese escenario: "los ministros de la Corte Electoral se votan como un reflejo de las elecciones. No se respeta la democracia en eso (sin representación de Cabildo Abierto en el organismo) y estamos hablando del financiamiento de la democracia. Cuando valoren la democracia, vamos a votar proyectos para el financiamiento de la democracia", dijo.
Ante el interés manifestado por el Frente a la salida de la Rendición de Cuentas en la cámara baja, el nacionalista Rodríguez afirmó en tanto que la oposición podría "presentar a votación su propio proyecto", más allá de que no prosperaría.
Con las negociaciones truncas, esta semana quien volvió a poner el tema arriba de la mesa fue el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, cuando habló de "desempolvar" el proyecto de ley. Tras el asesinato a manos de un grupo narco del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio, Orsi llamó a ser "firmes, claros y contundentes" al exigir de dónde vienen los fondos partidarios. “Ni hablemos de Marset o Astesiano, no estamos curados los uruguayos”, agregó.
En el afán de encontrar una solución salomónica, la vicepresidenta Beatriz Argimón, planteó en rueda de prensa que si los diputados no eran capaces de llegar a un “proyecto acabado” quizás lo mejor era tener un “documento negociado”.