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Frente Amplio quitó de la Rendición de Cuentas artículo que flexibilizaba compras estatales

El Ejecutivo había incluido una norma para reducir el número de funcionarios impedidos de vender servicios al Estado

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16 de agosto de 2018 a las 05:00

El Frente Amplio quitó del proyecto de Rendición de Cuentas un artículo propuesto por el Ejecutivo para acotar el número de funcionarios impedidos a contratar con el Estado por conflicto de intereses, aunque dejó abierta la puerta para que el Senado pueda presentar una redacción alternativa.

En el proyecto original enviado por el gobierno el 30 de junio se incluía una modificación al artículo 46° del Tocaf, que en su redacción actual establece entre los impedimentos para contratar con el Estado el "ser funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza con la misma".

El artículo 18 del texto remitido al Parlamento cambiaba el impedimento a "ser funcionario público del órgano competente para contratar y gastar", pero la bancada oficialista eligió no votarlo al entender que la redacción no era "la mejor".

"Hoy tenemos una restricción muy amplia y lo que pretendía este artículo era ayudar a que no perjudicara al Estado (...) Sin embargo, como no hemos logrado tener una redacción que nos satisfaga, tanto en lo que tiene que ver con las garantías como con la protección del Estado, decidimos, por el momento, no dar nuestro voto", dijo el diputado Alejandro Sánchez (MPP) el pasado jueves en comisión. Sánchez señaló que "en todo caso en el Senado se podrá analizar de qué manera se podría solucionar la redacción de este artículo".

Fundamentos

Por la vía de la Rendición de Cuentas, el Poder Ejecutivo buscaba aprobar una normativa que ya había enviado en agosto de 2017 al Parlamento –con la misma redacción– a iniciativa del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Con las modificaciones, la cartera buscaba "clarificar" las distintas interpretaciones que surgían del Tocaf a la hora de evaluar algunas contrataciones en ASSE. La nueva redacción, explicó en ese entonces el ministerio, evitaría que un funcionario de un determinado centro de salud venda servicios al hospital donde trabaja. Por otra parte, sí se habilitaría a esos trabajadores o jerarcas a vender servicios a otro hospital de la Administración.

Durante el tratamiento del proyecto en la comisión de Presupuesto, distintas delegaciones del gobierno justificaron la inclusión del artículo 18 bajo el supuesto de que era necesario establecer una normativa más "específica". Diego Pastorín, director general de Presidencia, explicó el 24 de julio que "la redacción que tenemos hoy es muy abarcativa" y que la modificación pretendía acotar el impedimento "a la unidad ejecutora que va a realizar la contratación".


"Al sustituirse la expresión 'administración contratante' por 'órgano competente para contratar y gastar' ya no queda duda de que estamos hablando del ordenador del gasto de la unidad ejecutora que contrata, coincidiendo con la finalidad y con el espíritu que siempre debió reflejarse en la norma", señaló.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas (organismo encargado de controlar el cumplimiento del Tocaf) admitió que la actual redacción debería precisarse, pero se manifestó en contra del texto propuesto por el gobierno. La presidenta del tribunal, Susana Díaz, dijo en comisión que el artículo 46 del Tocaf "es generalmente uno de los que provoca más observaciones" y que "amerita una regulación diferente, viable, y cumplible".

La oposición, en tanto, insinuó que el intento de modificar al Tocaf estaba vinculado a las reiteradas denuncias por conflictos de intereses que se han presentado en el último año, particularmente en ASSE.

Eduardo Rubio, diputado de Unidad Popular y miembro denunciante de la comisión investigadora que analiza presuntas irregularidades en el prestador de salud pública, alertó que con el cambio propuesto por el gobierno podría haber trabajadores contratados por Comisión de Apoyo que, al no ser funcionarios públicos, no estarían impedidos a vender servicios al lugar donde se desempeñan. "Además, queda claro que un funcionario público de ASSE que trabaje en Salto, si no está en la unidad ejecutora de Artigas, puede ofrecer los servicios de su empresa y hacer un contrato con la unidad ejecutora de Artigas", ejemplificó.

Pastorín admitió que con el artículo incluido en el proyecto original "podría suceder eso, ya que si la Administración contratante es la de Rivera, un médico de Paysandú podría ofrecer su servicio, tratándose de dos entidades distintas".

Santiago Fonseca, director de Jurídica del Tribunal de Cuentas, resumió el fondo de la discusión: "Es una cuestión de voluntad política la determinación de qué límites es necesario plantear o cuán restrictivo se debe ser a ese respecto. Antes se decía "administración contratante", ahora se propone la palabra "órgano". ¿Eso soluciona el problema? ¿Es necesario ir al inciso, al ordenador del gasto, a la unidad ejecutora? En fin, hay una serie de posibilidades y todo va a depender de qué tan restrictivo sea el legislador".

Historia repetida

La comisión investigadora sobre ASSE ha analizado varios casos de hospitales que contrataron servicios de sus propios jerarcas o funcionarios.

El más resonante es el de la empresa Siemm, propiedad de Federico Eguren, Rodrigo Barcelona y Marcos García, que fue contratada por el Hospital de Bella Unión entre 2013 y 2016 pese a que sus tres dueños estaban vinculados con ASSE y ese centro de salud.

Otro caso es el de Ana Falótico, exdirectora del Hospital de Dolores, quien contrató durante su gestión a la compañía EMS Limitada para que brindara servicios de traslado en ese centro, a pesar de que ella y su esposo eran los dueños de la firma.

En el Hospital de Mercedes hubo un episodio similar. La directora Patricia Laxaga renunció en 2014 luego de que una auditoría revelara que también había contratado a una empresa de traslados de la que ella era socia.

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