Fuerte terremoto en Chile

El resultado de las elecciones significó un mensaje contundente de reprobación a los partidos políticos tradicionales, tanto de centroizquierda como de centroderecha, que han sido hasta ahora los referentes de la estabilidad institucional y artífices del desarrollo económico vigoroso del país desde la recuperación de la democracia.

La mayoría de los responsables de redactar una nueva constitución desde julio próximo, que luego deberá ser aprobada en un plebiscito, quedó conformada por independientes con una agenda de izquierda y referentes ideológicos de una izquierda radical, muchos de ellos provenientes de las protestas masivas de 2019, sumados a los de la izquierda ideológica del Frente Amplio y el Partido Comunista. Ello significó un duro golpe contra la coalición del presidente Sebastián Piñera, pero sobre todo una bofetada a los postulantes de la ex Concertación, conformada por los partidos de centroizquierda que más veces gobernaron el país trasandino tras la salida de Pinochet. Fue la primera coalición de partidos de  izquierda de la región con un programa de gobierno de reconocimiento a la libertad del mercado y, incluso más, un instrumento crucial de política económica, aunque con algunos matices, dados por la impronta de cada mandatario.

De los 155 integrantes de la Convención Constituyente, que incluye paridad de género y 17 asientos para los pueblos originarios, solo 37 pertenecen a los partidos de centroderecha o de derecha, afines al presidente Piñera, y otros 25 a los postulantes de referentes de la ex Concertación. El conjunto de los partidos tradicionales de la escena política obtuvo 62 asientos.

Los votos de la oferta electoral cuestionadora del establishment político suman 76: las tres listas conformadas por ciudadanos sin expresión partidaria, que llegaron a 48 curules, y la izquierda marxista (Apruebo Dignidad), que obtuvo 28 puestos.

El resultado fue sorpresivo porque catapultó a representantes de sectores que habían tenido escasa visibilidad durante la campaña electoral, que no aparecieron “ni en los medios de comunicación, ni en las encuestas”, como dijo José María del Pino, corresponsal en Chile del Grupo Clarín.

El propio presidente Piñera recogió el guante al reconocer que “la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al gobierno, y también a todas las fuerzas políticas tradicionales”. “No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía”.

Nuevos actores en el escenario político, muchos de ellos difíciles hoy de encasillar, y la caída tremenda de los partidos tradicionales solo plantean un escenario de incertidumbre del futuro constitucional de Chile. Y, sobre todo, por el dominio de sectores sin actuación política, que levantan una agenda de derechos y reivindicaciones que no parece la más adecuada para incluir en una constitución que garantice los derechos individuales, la limitación del poder estatal y fortalezca el estado de derecho. Es verdad que en América Latina las constituciones garantistas han sido un saludo a la bandera, como se comprueba en el caso de la crisis de Colombia, los golpes de Estado democráticos en Perú y la lucha de poderes en Argentina. Por no decir nada de los retrocesos que significaron las constituciones socialistas del eje bolivariano, integrado por Venezuela, Ecuador y Bolivia.

El frente oficialista está obligado a hacer acuerdos con la bancada de una centroizquierda que, golpeada como fue, intentará distanciarse de la política oficial. Para tener una idea del declive de la ex Concertación, la Democracia Cristiana, un partido clave de la transición chilena y de la construcción democrática, solo obtuvo dos lugares, y uno de ellos ni siquiera expresa un voto directo.

Lo más probable es que en Chile empiece a debilitarse su modelo de libre mercado, que es perfectible, pero que ha sido el quid de su desarrollo. Y, por otro, que se dé un aumento del gasto público y de más intervención del Estado, la receta perfecta del atraso histórico de América Latina.