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Tabaré Vázquez repitió durante la última campaña electoral que cuando volviera a ejercer el gobierno no habría nuevos impuestos. Fue una promesa insistente por parte del líder de la izquierda, sobre todo en respuesta a las acusaciones de la oposición, que advertía la intención del Frente Amplio de aplicar más tributos en su permanencia en el poder.

"La continuidad de la política económica está garantizada y no está planificado en el horizonte ningún incremento de la carga impositiva", fueron las palabras del actual presidente en uno de sus actos proselitistas. Esa discusión está latente en la izquierda, y desde distintos sectores surge un reclamo de apretar las clavijas a sectores de mayores ingresos.

Sin embargo, en sus primeros nueve meses de gestión, la promesa se vio enfrentada a situaciones no previstas que lo obligaron a apartarse del camino en más de una ocasión: cigarros, el campo, contenidos audiovisuales por streaming (Netflix), librerías y ópticas.

La primera ocurrió en junio y estuvo ligada a la lucha contra el tabaquismo que Vázquez inició durante su primer período de gobierno. Fue así que, a poco más de cien días al frente del país, firmó un decreto para incrementar el Impuesto Específico Interno (Imesi) sobre las cajas de cigarrillos que implicó la suba de $4 por cada cajilla; este tributo hacía tiemop que no se ajustaba por inflación.
Luego, sí cumplió con su promesa de regresar el impuesto de Primaria a los dueños de campos, pero a la vez incluyó en el Presupuesto un artículo que pone fin a la exoneración del tributo al patrimonio rural, que rige desde comienzos de los 2000. Sobre ninguno de estos y otros nuevos impuestos el gobierno ensayó una excusa, aunque sí aclaró que en el caso de la quita de la exoneración hubo un acuerdo con los intendentes.

Motivado por el planteo de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu), el gobierno decidió encomendar a la Dirección General Impositiva (DGI) el estudio de mecanismos para gravar los productos de firmas extranjeras que operan a nivel local ofreciendo servicios de streaming. Estas son Netflix y Spotify. La primera es una firma estadounidense que a través del pago de una cuota mensual de US$ 7,99 por tarjeta de crédito internacional, permite acceder a películas y series en línea. El segundo es una red social que ofrece música en línea, y cobra suscripciones premium, que emite los contenidos sin publicidad.

Solo con Netflix, la DGI debería recaudar más de US$ 2 millones anuales por impuestos a esta empresa, dijo a El Observador el contador Félix Abadi, socio del estudio Rueda, Abadi & Pereira y catedrático de Impuestos en la universidad ORT.

Una representante de Spotify se comunicó ayer con El Observador desde su oficina en Miami (Estados Unidos) para interiorizarse de la decisión del gobierno. Hasta el momento, dijo, la empresa no tiene comentarios para realizar sobre el anuncio.

El último caso es el de las librerías y las ópticas que a partir de enero deberán a pagar el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), según prevé el nuevo presupuesto, informó este jueves El País.

Hasta el momento, estas integraban el grupo de empresas exoneradas de impuestos por presentar una facturación anual inferior a 350.000 unidades indexadas ($ 1.114.225). Sin embargo, el cambio apunta a la necesidad de evitar la subfacturación, explicó el subdirector general de Rentas, Álvaro Romano, según informó ese diario. "Los contribuyentes reducen artificialmente sus ventas subdeclarando y subfacturando a efectos de quedar comprendidos en una exoneración que legítimamente no les corresponde; por estas prácticas de enanismo parecen ser más chicos de lo que son a efectos de beneficiarse de la exoneración", indicó.

Una fuente del MEF precisó que para el caso de las ópticas el cambio implica quedar por fuera del régimen de pequeña empresa, que también contempla un tope de facturación exonerada.
Libros y lentes
Las gremiales del sector libros y lentes reaccionaron de forma distinta ante el anuncio de la DGI. Mientras los mayoristas de óptica se indignaron ante la medida, la Cámara del Libro aclaró que el impacto será casi nulo en el rubro.

El contador asesor de la Cámara Uruguaya del Libro, Jorge Mahy, dijo a El Observador que la noticia generó confusión entre los libreros. Él mismo se encargó de aclararles que en casi ninguna librería "pura" funciona la exoneración, puesto que la inmensa mayoría factura más del tope establecido para tener ese beneficio. Sí puede afectar, aseguró Mahy, a otros comercios como papelerías o Kioskos, que además venden libros, y se amparan en la exoneración que tiene ese producto.En tanto, el presidente de la Asociación de Mayoristas de Óptica, Cristiano Onnis, dijo ayer a El Observador que a raíz de la decisión del gobierno los lentes van a subir de precio al consumidor. "Los lentes son una necesidad básica. Vivimos tiempos complicados pero no puede ser que nunca (los gobernantes) piensen en congelarse los sueldos para dar una señal", dijo. Onnis agregó que el argumento de subfacturación que maneja la DGI es "una locura".

En la política uruguaya es recordada la frase del expresidente José Mujica (2010-2015): "Como te digo una cosa, te digo la otra".
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