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Hay 37 organismos del Estado que incumplen con la ley que los obliga a contratar personas con discapacidad

La norma, aprobada en 2010, obliga a destinar el 4% de los puestos de trabajo y apenas se llega al 1.3% de las vacantes

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11 de julio de 2018 a las 05:00

Ocho años después de aprobada la ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad, el Estado la incumple, sobre todo en lo relativo al empleo que lo obliga a, como mínimo, contratar a un 4% de personas con algún tipo de discapacidad para la función pública. Sólo el 1.3% de las vacantes cumplen con la ley, lo que implica, solamente, 85 discapacitados remunerados a la fecha, según los estudios que publica la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC).

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En total hay 37 organismos que incumplen totalmente con la obligación que la ley les asigna. Es decir, que teniendo los cupos de funcionarios para llegar al 4% de personal con alguna discapacidad no contrataron ni a una persona con esta condición.

Entre los organismos que arrastran la peor nota se destaca la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) que debía haber contratado a 46 personas con discapacidad desde el 2010 a la fecha y, sin embargo, no le ha dado empleo ni a una sola.

El Patronato del Psicópata, una unidad que, paradójicamente, se dedica al cuidado de los pacientes psiquiátricos, debería tener remuneradas a la fecha 18 personas con dificultades pero, sin embargo, no entró ninguna a trabajar en su equipo.

El mismo nivel de incumplimiento registra el Plan Ceibal, ya que de las 11 personas que debió contratar, no le dio trabajo a ninguna.

Dentro del Ejecutivo, los ministerios de Economía, Transporte, Defensa, Interior, Ganadería, Educación y Cultura, Salud, Trabajo y Seguridad Social, y Vivienda también están en cero con respecto al cumplimiento de la ley. Ninguna las carteras ha incluido trabajadores con deficiencias dentro de su plantilla de empleados.

Dentro de los organismos del 220 de la Constitución, incumplen totalmente el Poder Judicial ya que tenía que contratar a ocho personas y no entró ninguna, el Tribunal de Cuentas (debía contratar a una), la Corte Electoral (también a una), INAU (debía contratar a 16), la UTEC (a cuatro) y el Inisa (a 14 personas).

También están en cero el Banco de Previsión Social, el Banco Central, el Banco República, el Banco Hipotecario, el Banco de Seguros, ANCAP, UTE, AFE, la Administración de Puertos, OSE, y la Agencia Nacional de Vivienda.

A su vez, las intendencias que no contrataron a una sola persona con discapacidad son las de Artigas, Colonia, Lavalleja, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano y Treinta y Tres.

Por este motivo, en el marco de la comisión de presupuesto que sesiona actualmente en el Parlamento, el diputado suplente del Partido Nacional José Luis Satdjian presentará el martes 17 un pedido de informes para que el organismo de la salud explique su incumplimiento.

"Aparte de conocer las razones por las cuales se incumple con la ley, voy a exigir que se empiece a cumplir de inmediato", detalló el legislador que ha investigado el cumplimiento de la norma aprobada en 2010, desde que inició la actual administración.

Los que cumplen

Del otro lado de la lista, los que cumplen con tener en su plantilla al 4% de personas con algún tipo de discapacidad son ANTEL, las intendencias de Montevideo, Tacuarembó, Durazno, Maldonado y Canelones.

A la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Servicio Civil lo considera como cumplidor de la ley aunque es de los organismos que cumplió con la obligación y contrató a 15 personas con discapacidad, aunque ese número supone un 31% del total que debería tener trabajando a la fecha.

El resto de los organismos cumple a medias con la ley.

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La ley, en su sentido más amplio, contempla la atención médica, educación, rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional, y cobertura de seguridad social. Asimismo, comprende el otorgamiento de beneficios y estímulos que permitan compensar las desventajas de la discapacidad, dándoles a las personas la oportunidad de despeñarse en sociedad de forma equivalente a cualquier otro tipo de individuo.

Según detalló el legislador, los números correspondientes al año anterior son mucho peores, incluso. El Estado tenía contratado únicamente al 0.6% de personas con discapacidad, lo que implica un falta de 4.4%. Y a medida que se retrocede en el tiempo, el monto continúa descendiendo.

"Esto evidencia que el gobierno del Frente Amplio jamás cumplió la ley, y lo que es peor, nunca manifestó voluntad para hacerlo. No tienen interés. Esto no es una falta aislada que sucedió un año puntual. El incumplimiento es constante, año tras año", insistió Satdjian.

La obligación en las contrataciones, aparte del Estado, compromete también a los gobiernos departamentales, entes autónomos, servicios descentralizados y personas de derecho público no estatales. Todos ellos también han incumplido.




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