Houston, tenemos un (gran) problema

Por ello es que lo que tenemos no es “un problema” sino “un problema muy grave”. Cuando el gobierno actual asumió, ya la seguridad era un problema grave. Se invirtió en equipamiento, en mejora salarial del personal policial y en número de efectivos. Pero las cifras indican que vamos de mal en peor.

Ante esta epidemia, el gobierno se defiende con tres argumentos. Uno, que el 60% de los homicidios corresponden a “conflictos criminales” aunque en el informe del Observatorio publicado en la web del Ministerio del Interior indica que solo 47% puede atribuirse a “conflictos criminales” (o “ajustes de cuentas”, que en general son homicidios sin aclarar). O sea, hay casi 20% de diferencia entre lo que dice el informe y lo que se dijo en la conferencia de prensa. Cifra no menor y que hay que manejar con sumo cuidado, sobre todo cuando a los “ajustes de cuentas” se los trata como “daño colateral” o algo fuera de control de la policía, aunque supuestamente la policía debería controlar las organizaciones criminales. Con todo, aunque hay un porcentaje significativo de ajuste de cuentas, este porcentaje permanece relativamente estable pese a que los homicidios crecen. Es decir, no es que los homicidios crezcan porque hay más “ajustes de cuentas” sino porque hay más homicidios en general.

El segundo argumento es contrafáctico. Dice el gobierno que si no hubiera hecho lo que se hizo la situación sería mucho peor. Cuánto peor, no se sabe. ¿Como Brasil, Colombia, Venezuela o Nicaragua o el Salvador? No lo sabemos ni lo sabe el gobierno. Es un concepto que no ayuda a resolver el problema

El tercer argumento que apunta el gobierno para explicar la explosión delictiva es “el efecto noviembre 2017”, es decir, el momento la introducción de Nuevo Código de Proceso Penal, al cual se señala como culpable del aumento de delitos. Algo así como que los delincuentes hubieran estado esperando la entrada en vigencia de nuevo Código para salir a delinquir. No parece una teoría probable. Sería darle una racionalidad al delito que probablemente no tenga y menos en el corto plazo.
Sin duda hubo desajustes en la aplicación del nuevo Código, especialmente en los primeros meses de vigencia. Y sigue habiendo temas sobre los que hay consenso para cambiar, como el excesivo número de juicios abreviados, los pocos que llegan a juicio oral, el amplio espectro de acuerdo entre fiscales y abogados defensores, el uso a veces desordenado de penas alternativas a la prisión. Pero de ahí a explicar por ese hecho la explosión del delito hay un largo camino.

Más bien, lo que se observa es que ahora las denuncias llegan tanto a la policía como a las fiscalías y ya no puede haber “subdeclaraciones” de delitos. Quizá no eran tan pocos los delitos antes de la entrada del Código y por tanto no tan alto el incremento. Quizá estábamos peor antes y no teníamos la temperatura bien registrada. En todo caso, salir del Código anterior era imperioso e ir a un modelo acusatorio era imprescindible. Cambios habrá que hacer al nuevo Código pero no tirarlo por la ventana ni escudarse en él para justificar el crecimiento de delitos.

Lo importante aquí es reconocer que estamos ante un grave problema, y no tratemos de buscar excusas y explicaciones ajenas a nuestro control. Asumamos la realidad y trabajemos con las situaciones reales. Es la única forma de atacar un problema “muy” grave.