Si pensábamos acerca del trabajo extra que dará al elector uruguayo pronunciarse sobre seis posible reformas a nuestra constitución en caso de prosperar las iniciativas que se están preparando, más debemos compadecernos del elector ecuatoriano que el pasado domingo concurrió a las urnas a pronunciarse sobre 11 preguntas de reforma constitucional propuestas por el presidente Rafael Noboa: 9 sobre temas de seguridad y dos sobre economía. Eso sí que es una buena inflación constitucional. Qué no se nos ocurra copiar, aquí que vivimos con el virus de la “constitucionalitis”.
Pero la situación de Ecuador en materia de seguridad ciudadana es bastante más grave que la nuestra. Es una de la peores, si no la peor, de América Latina. Un país que sufrió el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia en las elecciones pasadas, y cuya tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que se había mantenido en 8 durante toda la segunda década del siglo, subió dramáticamente a 40 en el año 2023 con motivo del auge del narcotráfico. Un país que estaba a punto de convertirse en “estado fallido”. Y aún corre ese riesgo. Pero Noboa, el joven presidente de 33 años que está completando el mandato de Guillermo Lasso, apeló a una suerte de “Bukelizacion” de la represión, ha logrado importantes resultados en la disminución de la tasa de homicidios (no así de secuestros extorsivos) y goza hoy de una altísima popularidad de cerca del 80% de aprobación ciudadana. Con este panorama, y la perspectiva de presentarse a la reelección el próximo año, se lanzó a proponer estas reformas constitucionales para dotar de mayor poder a las fuerzas de seguridad. Y eso es algo que los ecuatorianos apoyan por amplia mayoría.
En el plebiscito del domingo pasado, unos 2/3 de los ecuatorianos aprobaron con SI la mayoría de las preguntas que se les presentaron. Ahora hay que instrumentar lo aprobado: el cumplimiento total de las penas, el aumento de las penas a los delitos vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado, además del porte de armas policiales o militares y su posterior decomiso para uso inmediato. También se aprobó la confiscación urgente de los bienes de origen ilícito o injustificado. Y, sobre todo, la autorización a las Fuerzas Armadas para que continúen su vital apoyo a la Policía Nacional en la lucha contra la droga y el crimen organizado. Hasta ahora lo hicieron por decreto de excepción.
Donde Noboa no tuvo eco fue en sus dos propuestas económicas: una proponía reconocer el arbitraje internacional de disputas con inversores. La otra permitía contratos laborales a término e incluso contratos por horas.
Por el momento, es difícil hablar de “bukelizacion de Ecuador”. Según The Economist, los grupos criminales ecuatorianos tienen mucho mayor financiación que las maras salvadoreñas y, lo más grave, han cooptado instituciones políticas y judiciales, algo que las maras no habían logrado en El Salvador.
Sea como sea, lo que está ocurriendo en Ecuador plantea un enorme desafío. La primera obligación de un gobernante democrático es la de proporcionar seguridad a los ciudadanos. Será por lo de juez y gendarme como primera definición o lo que sea. Pero sin seguridad, los ciudadanos se abalanzan sobre cualquier tipo de gobierno que se la garantice. Y si ese gobierno no es democrático ni respeta los derechos humanos ni los equilibrios propios de una república, a nadie le importa demasiado. Ya se vio en El Salvador: la gente casi no podía salir de sus casas sin ser asaltada o extorsionada. Llegó Bukele, terminó con gran parte del problema mediante el uso abusivo del estado de excepción, construyó una mega cárcel donde colocó a más de 70.000 integrantes de las maras, y obtuvo un apoyo popular cercano al 85%. Y poco importa si se cumplieron las garantías del debido proceso judicial o no.
En Ecuador, Noboa ha tenido que enfrentar el auge del narcotráfico, que en muy poco tiempo pasó a dominar las calles, las prisiones donde se encontraban sus camaradas y hasta logró copar en canal de TV para emitir una proclama en vivo y en directo. El terror de la gente hizo muy receptivo el plan de Noboa de sacar a los militares a las calles y controlar las prisiones. Y ahora logra reformar la constitución para dar validez legal a esas y otras medidas de seguridad.
El punto clave es que estas medidas no socaven las garantías del Estado de Derecho, que son la base de nuestra civilización, y que al mismo tiempo ayuden a reestablecer la seguridad ciudadana. De lo contrario, habrá mucha gente desafecta al régimen democrático y nos les importará si viene un régimen semejante al de China (democracia de partido único y economía salvaje de mercado) o al de Rusia (régimen casi de partido único, donde los opositores son neutralizados por las buenas o por las malas). Y regímenes con características similares crecen aquí y acullá.
El gran desafío democrático es dar respuestas a las necesidades de la gente, empezando por seguridad y alimentación. Y para ello es preciso construir o reforzar los mismos elementos que hacen a la esencia de un régimen republicano de gobierno.
Y eso exige la construcción de consensos básicos entre partidos políticos de distinta ideología pero que defienden los principios democráticos. Consensos que no son fáciles de conseguir ni aún en países muy bien catalogados como el nuestro. Es que sin reformas estructurales de largo plazo, a las cuales apuntan esos consensos, no posible dar solución a los problemas cotidianos de la gente. Es lo que decía hace un tiempo Tej Parikh, uno de los principales articulistas del Financial Times: “las democracias languidecen sin reformas institucionales estructurales”. Mucho enfoque en el corto plazo que es lo que facilita ganar la próxima elección, no permite enfocarse en las reformas que alimentan el crecimiento sostenido en el largo plazo. Y si eso no se logra, vienen regímenes populistas o autoritarios.
