A casi diez meses de la presentación de las 16 medidas que lanzó el Ministerio del Interior luego de escuchar a todos los partidos políticos, El Observador realizó un relevamiento sobre el estado de situación de las iniciativas. La estrategia que se plasmó en un documento con propuestas, finalmente no contó con la firma de los partidos ya que el Frente Amplio no aceptó ninguna de las ideas y Cabildo Abierto aceptó un tercio de ellas. Igualmente en aquel momento el ministro Luis Alberto Heber y ahora el actual jerarca Nicolás Martinelli, definieron que esas propuestas son "el rumbo" a seguir, evaluó Diego Sanjurjo, coordinador de Estrategias Focalizadas de Prevención Policial del Delito del ministerio y quien armó la estrategia luego de escuchar a los representantes partidarios.
De acuerdo a la evaluación que hace Sanjurjo, dos tercios de las medidas "están muy avanzadas" y "un tercio avanzando". En concreto, cinco de ellas ya están en marcha, otras nueve están proceso pero aún no se ejecutaron y dos fueron descartadas. Estas son la creación del Ministerio de Justicia y la creación de un gabinete de seguridad que asesorara directamente al presidente en Torre Ejecutiva. Sanjurjo estimó que la última no se efectivizó “porque era muy tarde en el período" pero destacó que es una idea que se metió con fuerza en la agenda ya que varios candidatos lo están proponiendo, como Álvaro Delgado, Robert Silva y Gabriel Gurméndez.
Inés Guimaraens Leal era el representante del Frente Amplio que optó por no aceptar ninguna medida y Ojeda era el representante colorado, entre los de cada partido
Lo mismo consideró del Ministerio de Justicia, propuesta sobre la que hay total consenso entre la mayoría de los candidatos de la coalición a implementarlo en el próximo gobierno y también está en el programa del Frente Amplio. La creación de este ministerio implica que la nueva cartera asuma la gestión de las cárceles, que saldrán de la órbita del Ministerio del Interior, y de la política penitenciaria asi como varios asuntos legales desperdigados hoy entre organismos estatales. Se sabía de antemano que no iba a ser posible de concretar en el este período porque no es posible crear organismos que impliquen ejecutar presupuesto por ser año electoral.
Estado de situación de las restantes 14 medidas de seguridad:
1. Encuesta de victimización: está en proceso
A comienzo de marzo se firmó el acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísitca (INE) por el que se realizará antes de que termine 2024 una encuesta de victimización para conocer por cada delito que se denuncia cuántos no se denunciaron. Ademas, el INE sumará a la Encuesta Continua de Hogares, que realiza cada mes y se conoce cada seis meses, un capitulo sobre victimización. Ambos resultados se conocerán seguramente a partir de marzo de 2025 por lo que le caerán al próximo gobierno. El INE ya se capacitó para realizar las encuestas. El costo total, que financiará el Ministerio del Interior, será de $ 12 millones, pero les encuestas pertenecen al INE y está obligado a publicarlas.
2. Acuerdo de asistencia técnica con el INE: en proceso
Esta semana comenzó a instalarse en el Ministerio del Interior personal del INE que evaluará como se llevan los registros de datos en la secretaría. El objetivo es que los técnicos del INE auditen el trabajo del Observatorio de Criminalidad y en tres o cuatro meses elaboren un informe sobre lo hecho bien y lo hecho mal. El objetivo es contar con una certificación que avale que los datos se toman de acuerdo con los estándares internacionales.
3. Datos abiertos y presentación visual de estadísticas criminales: concretado
Se reestructuró la información disponible en la web del Ministerio del Interior que ahora tiene una nueva presentación donde se puede encontrar un visualizador de violencia y criminalidad. En dos semanas se sumarán los datos del Instituto Nacional de Rehabilitación (cárceles). Todo esto se realizó en coordinación con Agesic.
4. Consejos barriales para atacar problemas locales: concretado
Sanjurjo consideró que la instalación del centro de referencia en políticas sociales de Casavalle fue "la gran apuesta del gobierno". En ese centro que reúne oficinas de varias dependencias estatales y servicios públicos, impulsado por el Mides, el Ministerio del Interior tiene una oficina para atender problemas locales que es una especie de sucursal de la seccional 17 en la que se puede hacer denuncias y plantear problemas barriales.
5. Educacion para la prevención del delito y la violencia: en proceso
El Ministerio del Interior descubrió que el uruguayo Flavio Marsiglia, doctor en Sociología, es el director del departamento de prevención de violencia de la Universidad estadual de Arizona que ejecuta desde hace una década el programa Keep It real (Mantente real), y están en proceso de contratarlo para poner en marcha ese programa en escuelas uruguayas. Marsiglia estuvo en Uruguay y junto con el ministro Martinelli y la presidenta de ANEP, Virgina Cáceres, acordaron la estrategia que implica la ejecución de un plan piloto en seis escuelas de contexto crítico en las que una maestra y un policía comunitario darán un taller a alumnos de sexto grado sobre adicciones y violencia de forma lúdica, bien pensada. El objetivo es que en junio empiece a implementarse. El MI propuso sumar a la policía para acercarla a los niños dado que en esas zonas son vistos con desconfianza.
6. Programa de Prevención de Homicidios: concretado
Desde el 1 de abril está funcionando el programa que se ejecutó con fondos del BID, es supervisado por la ONG de Estados Unidos Cure Violence y es llevado a cabo en marcha en Montevideo por dos ONG locales: Eco Familia, que operará en el Centro de Referencias Sociales de Casavalle, y Vida nueva, que tiene su sede en el hospital del Cerro. Cada ONG ya contrató a dos técnicos: un trabajador social y un sociólogo y a ocho interruptores que serán los encargados de intervenir en los barrios para prevenir la violencia. "Si ya tenia muchas esperanzas sobre el plan, ahora que se quienes son los interruptores soy cien veces más optimista", dijo Sanjurjo y destacó que son personas que conocen de primera mano los barrios y a los grupos criminales. "Casi todos han estado presos por delitos graves y hace años se dedican a hacer lo contrario y estoy seguro de que podrán mejorar la situación de las zonas en las que actuarán", agregó. Explicó que los interruptores ya tuvieron dos semanas de capacitación, en mayo vendrá Cure Violence a supervisar su trabajo y ya han hecho intervenciones, están repartiendo folletos para darse a conocer. Destacó que el MI cuenta con financiamiento para aplicar el programa por cuatro años.
7. Atención de salud mental a los policías: en proceso
El mes pasado se inauguró la nueva sede para atención en salud mental y se definió que cada dos años cuando los policías deben hacer las pruehas para pasar de grado, tendrán que hacer una consulta psicológica obligatoria. Por otra parte, Sanjurjo se reunió hace un mes con el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, y los decanos de las facultades de Ciencias Sociales, Psicología y Medicina y le entregaron días atrás una propuesta que implica un trabajo de seis meses con investigadores de las tres facultades que elaborarán un plan de atención integral en salud mental.
8. Expansión de la Policía Comunitaria orientada a problemas: en proceso
El PCOP fue un piloto que empezó en 2015 bajo la administración de Edudardo Bonomi pero esta gestión lo convirtió en una unidad de la policía nacional y creó pequeñas unidades en cada departamento que son coordinadas por el comisario mayor Franco Zenone. Sanjurjo afirmó que ya está armado el curso específico en la Escuela de Policía para que los cadetes se formen en esta especialidad que realiza un trabajo más cercano a la ciudadanía y a la prevención del delito. Actualmente hay unos 30 uniformados en Montevideo y unos pocos en cada departamento y la idea es que sea un cuerpo más numeroso.
9. Capacitación a policías sobre poblaciones vulnerables: en proceso
Fue una medida propuesta por el FA e implica darle formación específica a los policías sobre como actuar frente a niños en situación de vulnerabilidad, personas adictas, en situación de calle o con problemas de salud mental. En concreto, se darán nueve talleres a todos los cadetes de la Escuela de Policía, tres por parte del Mides, tres del INAU y tres de la Junta de Drogas para que sepan como tratar a esas personas, más allá de los aspectos legales. El objetivo es que los cursos empiecen en dos meses, dijo Sanjurjo.
10. Creación de la Unidad de Cibercrimen: concretado
Existían dos dependencias policiales separadas sobre ciberdelito, una que respondía a delitos que sufren ciudadanos y otra para responder cuando las víctimas eran organizaciones. Se unificaron y se les asignó cuatro técnicos más al tiempo que se están formando otros 10 técnicos ingenieros de sistema en la Escuela Nacional de Policía. Además, por primera vez están instaldos en Uruguay dos expertos de la oficina de ONU contra dorgas y delitos que están asesorando a esta unidad.
11. Creación de una estrategia de reforma del sistema penitenciario: en proceso
En enero el ministerio contrató por siete meses a la doctora Ana Viña, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de UDELAR quien será la encargada de elaborar por primera vez "una política penitenciaria como la gente", dijo Sanjurjo. Viña, que es para el asesor ministerial "la persona que más sabe de cárceles en Uruguay" ya le entregó un primer diagnóstico del sistema carcelario. Ahora y hasta julio será la encargada de dirigir el proceso participativo en el que se reunirá con la sociedad civil, académicos, partidos políticos y presentará la política integral con propuestas concretas para cada Rendición de Cuentas. Para esto el BID donó US$ 100 mil.
12. Tratamiento de adicciones para penados: en proceso
Se firmó en diciembre un préstamo con el BID de US$ 2 millones destinado a transformar el módulo 9 del Comcar en un centro de atención integral para 200 a 300 penados adictos a las drogas. La semana pasada cerró el llamado para contratar al coordinador que tendrá que poner en marcha el programa de tratamiento de adicciones. Según explicó Sanjurjo, la dea es que además de contar con psicólogos y psiquiatras, haya trabajadores sociales, asi como asistencia de Inefop, Mides y ANEP para darles a esos presos las herramientas necesarias de rehabilitación. Si se obtiene menos reincidencia en esos presos, la idea es lograr financiarlo con presupuesto propio, agregó.
13 y 14. Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Libertad Asistida y la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado: en proceso
Otra parte del préstamo del BID implica que se destinarán US$ 2 millones para ejecutar un plan que implique que las medidas alternativas a la prisión "sirvan realmente" para que la persona que cometió un delito leve se reinserte en la sociedad. Para ello se le darán recursos a estas oficinas para que puedan ofrecerles capacitación que les permitan conseguir trabajo o tener un emprendimiento. Y por otro lado, para digitalizar los miles de expedientes y crear un sistema que permita hacer un seguimiento de esas personas, cosa que hoy se hace de manera manual. Sanjurjo informó que cerró el llamado la semana pasada para contratar a la persona que se encargará de coordinar esas dos tareas. El objetivo es que para fin de año esté funcionando.
