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IMM cuestiona a la Justicia por no aplicar ley de faltas con indigentes
El equipo de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) que se encarga de aplicar la ley de faltas para retirar de los espacios públicos a las personas que los ocupan indebidamente y por tanto violan la norma, cuestionó en un documento la actuación de la Justicia que no aplica la norma promulgada en agosto del año pasado. El informe indicó que la Policía ha detenido a más de 1.500 personas pero los dos jueces de faltas solo han procesado a una persona.
La ley 19.120, conocida como la ley de faltas y conservación de espacios públicos, sanciona en su artículo 14 a quien “ocupare espacios públicos acampando o pernoctando en forma permanente en ellos” y los castiga con pena de siete a 30 días de trabajo comunitario.
Antes de que sea detenida la persona debe ser advertida en dos ocasiones de la ilegalidad de la acción. Si reincide por tercera vez, debe ser conducido al juez de faltas, quien determinará la sanción.
Una oficina del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) es la encargada de fiscalizar el cumplimiento de tareas y si las incumple deberá ir a prisión.
Pero la aplicación de ese artículo de la ley de faltas se ha convertido en uno de los más problemáticos para las autoridades. En casos de indigentes violentos o que consumen drogas y alcohol, la Policía los detiene pero la Justicia no logra reunir las pruebas para condenarlos.
El informe del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed), al que accedió El Observador, señaló que en esos casos la policía traslada al indigente a la comisaría y de allí se da cuenta al juez de faltas.
“Cada día encontramos más dificultades en coordinar acciones con la ley de faltas (...) se han detenido a 1.648 personas que por diferentes motivos se encontraban viviendo en situación de calle, pero no fueron procesadas aunque algunas de ellas sí cumplían con los criterios (ser detenidos más de tres veces)”, afirmó el informe del Cecoed, que recoge datos de entre enero y abril de 2014.
“Dan un paseo”
El trabajo señaló que “al comienzo de la implementación de la ley de faltas las personas en situación de calle intentaban dirigirse a los refugios del Mides por miedo a ser procesados, pero con el paso del tiempo, cuando vieron que esta situación no sucedía, dejó de importarles y dicen que la ley de faltas solamente los hace dar un paseo”.
Entre enero y abril, según esos datos, se realizaron 2.619 intervenciones y se retiró de las calles a 1.950 hombres y 216 mujeres. Seguramente muchas de esas personas se repitan, ya que para ser detenidas se les debió haber advertido dos veces previas.
De todos modos, el informe dio cuenta de que sólo se procesó a una persona el 26 de abril. Se trataba de un hombre de 29 años, en situación de calle hace más de un año, adicto a las drogas y que había sido trasladado cuatro veces por la Policía al Mides, en donde se le ofreció un refugio que siempre rechazó. En los restantes casos el juez estableció “libertad y antecedentes. No se tiene noticias de que se les haya establecido trabajos comunitarios como está establecido en la ley”.
El coordinador de Cecoed Montevideo, Jorge Cuello, afirmó a El Observador que la Justicia no aclara el motivo por el que no se procesa a estas personas.
El juez de faltas Jorge Pírez sostuvo en marzo a El Observador que no han existido acusaciones de los fiscales por esos casos, salvo el de la persona procesada. Explicó que por lo general, el fiscal pide que se realicen pedidos de informes al Mides, pero los casos se trancan ahí.
Vecinos “fomentan”
El documento del Cecoed estableció que las zonas donde hay un intenso movimiento comercial son las preferidas por las personas en situación de calle . “Se debe a que elaboran rutinas de superviviencia que los lleva a desarrollar un fuerte sentimiento de pertenencia con el entorno”, afirmó.
Según relataron los funcionarios municipales, en esas zonas elaboran rutinas de trabajo, como ciuda coches o clasificando basura, como también rutinas de consumo de sustancias.
“Muchas veces los vecinos al brindarles insumos (ropa, muebles o comida) terminan fomentando la permanencia de personas viviendo en la vía pública y obstruyen el trabajo de técnicos que intentan acercarlos a algún programa para trabajar en su reinserción social”, concluyó.
En ese sentido, el municipio B (Centro y Ciudad Vieja) es el que tuvo la mayor cantidad de intervenciones (1.221) y los alrededores de la IMM y la estación de AFE son las zonas más concurridas. (Producción: Natalia Roba y Nicolas Tabárez).
