Justicia imputó a ocho trabajadores de la planta Friopan que ocuparon la empresa por cuatro días en 2019

Los ocupantes, luego indagados por ocasionar daños a la operativa y materia prima de la compañía, encabezaron una protesta sindical desde la madrugada del viernes 24 de mayo hasta el martes 28 de mayo a las 17. La empresa denunció que le habían causado pérdidas por unos $ 940 mil.

En la manifestación de hace poco más de dos años, el sindicato de trabajadores, descontento con la adquisición de nueva maquinaria en la compañía, ocupó la planta con el argumento de que se perderían puestos de trabajo en una reestructura. La protesta fue revocada cuatro días después, cuando se reportaron diversos daños, como masa en el piso y materia prima cargada en las máquinas de elaboración y en los carros.

El abogado de la empresa, Andrés Ojeda, detalló que uno de los trabajadores no asistió a la citación, por lo que aún no fue imputado.

"Estamos muy conformes con el resultado. Creemos que se marca un precedente histórico en materia de imputación penal por delitos ocurridos dentro de una ocupación de un lugar de trabajo. Queremos dejar especialmente claro que aquí nadie está atacando el derecho de huelga ni el legítimo derecho sindical. Todo eso está fuera de discusión, lo que sí discutimos es que la ocupación tampoco da margen para hacer cualquier cosa. (…) Aquí se produjeron delitos de daño porque quienes estaban ocupando permitieron que muchas cosas se destruyeran y le causaron un perjuicio millonario a la empresa", dijo en declaraciones a canal 4.

Ruben Fernández, propietario de Friopan, valoró la "herramienta" que le dio el proceder de este caso a la industria uruguaya y repudió los hechos "lamentables" por parte de los empleados. "Estamos dando una señal para el exterior y para los empresarios que quieren venir a Uruguay y es que si pasan este tipo de cosas hay responsables y la Justicia los responsabiliza y castiga", señaló.

El fiscal Carlos Negro había solicitado en abril de este año la imputación de los nueve trabajadores. Según informaron a El Observador fuentes judiciales, el caso, en primera instancia, había sido tratado por la fiscal Silvia Pérez, quien descartó que los empleados incurrieran en un delito, por lo que había sido archivado. La defensa de la empresa, sin embargo, solicitó que se reexaminara la causa.

Negro, por su parte, entendió que la actuación de los trabajadores ameritaba pedir el inicio de una investigación penal por daño agravado, aunque coincidió con su colega en que no había mérito como para solicitar la imputación por otros ilícitos, como la apropiación indebida, violencia privada o amenazas, solicitada porque en ese entonces uno de los operarios sindicalizados presionó a otro trabajador que se opuso a la medida y difundió un video contando de la situación.