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Exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma

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Justicia intimó al Ejecutivo a investigar prejuzgamiento a Toma y le dio tres días

El juez hizo lugar al pedido de la defensa que planteó que la apelación no tiene efecto suspensivo

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09 de abril de 2021 a las 16:34

La justicia intimó al Poder Ejecutivo a cumplir en tres días con la sentencia que amparó al exsecretario de la Presidencia, Miguel Toma, en su reclamo de investigar si el presidente Luis Lacalle Pou prejuzgó.

El juez Javier Gandini hizo lugar al recurso de amparo presentado por el abogado de Toma, Daniel Ochs, y obligó al Ejecutivo a investigar si el presidente Lacalle cometió prejuzgamiento al hacer declaraciones públicas sobre Toma y sobre el sumario.

Gandini concluyó que la decisión del Poder Ejecutivo de ni siquiera analizar el pedido de Toma generó "una lesión" del derecho al debido proceso administrativo

Emitida la sentencia, Ochs presentó dos escritos, uno ante Presidencia y el otro ante al juez Gandini. En el primero pidió al Ejecutivo el cumplimiento del fallo argumentando que la ley de amparo obliga al condenado –en este caso el Ejecutivo– a dar inmediato cumplimiento y que la apelación no tiene efecto suspensivo. El País informó este jueves que Presidencia apelará el fallo.

En ese escrito Ochs pidió además que como parte de la investigación de Presidencia se cite a declarar al secretario de la Presidencia Álvaro Delgado, al prosecretario Rodrigo Ferrés y a los abogados de Jurídica de Presidencia Gonzalo Chiribao (quién recomendó iniciar el sumario a Toma) y Andrea Muñoz, quien tiene a cargo el sumario.

En el escrito inicial, la defensa de Toma había pedido que declarara el instructor de la investigación administrativa, Ariel Sánchez, para preguntarle sobre el contenido de "dos conversaciones telefónicas" que mantuvo con Lacalle Pou, tal como consta en la sentencia de Gandini.

Luego de conocer que el gobierno apelará el fallo, Ochs presentó el escrito al juez pidiendo la intimación a la que Gandini hizo lugar y dio el plazo de tres días hábiles que se cumplirán el miércoles de la semana próxima.

El amparo tiene por objeto lograr que Presidencia abra un expediente para investigar si durante la investigación Lacalle Pou lo prejuzgó a través de la prensa, al emitir juicios de valor sobre su persona y el proceso disciplinario, además de someterlo en suma a un proceso sin garantías.

El mandatario no había dado lugar al pedido, y luego el juez Gabriel Ohanián confirmó esa decisión, en el entendido de que no se había "lesionado, restringido, alterado o amenazado con ilegitimidad manifiesta, ningún derecho". Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno revocó en marzo esa sentencia y ordenó a la Justicia de lo Contencioso Administrativo que diera trámite al recurso, lo que ocurrió ahora en favor del exjerarca del último gobierno del Frente Amplio.

Cronología del caso
  • El 18 de setiembre de 2020, el presidente Luis Lacalle Pou dispuso el inicio de la investigación administrativa sobre los viajes oficiales de Toma ante la divulgación en la prensa de imágenes que lo mostraban en Roma (Italia), en compañía de una contadora en un partido de fútbol de la Roma.
  • El abogado Daniel Ochs, representante legal del exsecretario de la Presidencia, presentó dos recursos: uno para que el Poder Ejecutivo investigara si hubo filtraciones a la prensa con detalles de la investigación administrativa, en el que acusó al gobierno de someterlo a un proceso sin garantías; y otro para solicitar la recusación de Lacalle Pou, en el entendido de que el primer mandatario lo prejuzgó y adelantó juicios de valor en los medios de comunicación.
  • El 9 de diciembre, el presidente resolvió iniciar un sumario contra Toma –actual fiscal de gobierno–, con apartamiento del cargo por seis meses, tras recibir las conclusiones del instructor sobre que Toma cometió "graves irregularidades" y un informe jurídico recomendando el sumario. 
  • A principios de enero, Presidencia rechazó el primer recurso y en una resolución informó que las palabras de Toma se iban a denunciar en la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), con un señalamiento de que las consideraciones del exjerarca carecían del “más mínimo fundamento” y buscaban desacreditar la imagen de la administración pública.
  • Al no tener respuesta sobre el recurso de la recusación, Ochs presentó un recurso de amparo, que tras varias idas y vueltas, tuvo sentencia el 4 de abril. Ahora volverá a un tribunal de apelaciones ya que Presidencia lo recurrirá.

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