Patrocinados por un único abogado, las familias recurrieron a la comuna capitalina y el ministerio competente del Poder Ejecutivo por considerar la contaminación a sus hijos como un “delito ambiental”.
La demanda plantea un pedido de “auxiliatorio de pobreza”, con el que reclaman por gastos de traslado, daños patrimoniales y lucro cesante futuro, es decir, lo que en condiciones de salud normal la persona afectada por la contaminación podría generar de ingresos hasta los 72 años.
Esos 66 juicios en marcha (el último ingresó el 15 de marzo de 2011), que afectan a casi 250 menores, reclaman en total $ 402.552.181. Pero los damnificados también recurren por daño moral, medido en dólares, que sumado asciende a US$ 25.414.551.
PANORAMA
El Observador recorrió dos de los hogares afectados por plombemia, junto al abogado patrocinante de las familias, Carlos Roselló. El denominador común es la pobreza y la precariedad.
Andrea es madre de dos hijos: Jesús (15) y Franco (8). Viven de “intrusos” en una casa de La Teja, con poca luz y muchos desechos en el fondo. Es la jefa de una familia que representa una historia de convivencia con la contaminación con plomo. Es que su primer hijo fue uno de los cientos de niños contaminados que salieron a la luz a principios de la década y, en menor o mayor medida pudo recomponer su crecimiento. El menor, Franco, no pudo romper el círculo de contaminación que afectó a su hermano mayor. Pocos meses después de cumplir su primer año comenzó con comportamientos habituales de la plombemia, como trastornos sociales, problemas de crecimiento y desarrollo intelectual. Cuando enfrentó la escuela comenzaron los diagnósticos erróneos, hasta que, con cuatro años, llegó la noticia que nadie quería escuchar: plomo en sangre.
Inés es madre de Karen (13) y Sheiko (15). Habitan en una humilde vivienda medio de material, medio de chapa, con piso de hormigón sin baldosa y aberturas precarias. Al recibir a El Observador la anfitriona se sentó en medio de su patio, al que atraviesa un hilo de aguas servidas y rodean desechos plásticos, metales y algún animal doméstico. Inés mostró con angustia las rodillas de Sheiko, afectadas por la plombemia que carga desde pequeño. Su hijo mayor tuvo que dejar la escuela en 3º porque su nivel intelectual –invadido por la contaminación– le impidió hacerlo. “Es muy agresivo”, agrega Inés. Karen, la más chica, pudo superar los obstáculos y, al menos, estudia peluquería. Esa familia, como otras decenas, esperan un fallo a favor para tener “aunque sea” una pensión de por vida para sus hijos contaminados.
La problemática en La Teja surgió a partir de un sitio que había sido lugar de desecho industrial, con restos metálicos, y el plomo fue el que se hizo más disponible para la exposición de la población, recordó a El Observador la docente grado cinco en toxicología de la Universidad de la República, Amalia Lombardo.
