La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha evaluado un recurso de amparo presentado por el gobernador kirchnerista de La Rioja, Ricardo Quintela, contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que busca desregular la economía.
En su resolución, la Corte ha solicitado la opinión del Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, conforme a los procedimientos establecidos, antes de abordar el asunto. Cabe destacar que este análisis se llevará a cabo después del receso judicial de enero, es decir, en febrero.
La aceptación de este caso se fundamenta en su naturaleza originaria, siendo un conflicto entre las provincias y el gobierno nacional. A pesar de que más de 25 solicitudes de suspensión del DNU están en trámite en juzgados de instrucción, presentadas por sindicatos, abogados u ONG, la Corte ha tomado jurisdicción en este caso específico.
La provincia de La Rioja ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare la "inconstitucionalidad manifiesta" del DNU 70/2023 de desregulación económica. Asimismo, ha solicitado la emisión de una medida cautelar que suspenda de inmediato su aplicación, y que la Corte asuma la "competencia originaria" para entender en el asunto. Sin embargo, el tribunal máximo ha requerido la opinión del procurador interino y ha denegado la apertura de la feria judicial.
La presentación de La Rioja se ha realizado a través de una "acción declarativa de certeza" liderada por el gobernador Ricardo Quintela, respaldado por los prominentes abogados Raúl Zaffaroni, exministro de la Corte y asesor de Cristina Kirchner, y Raúl Ferreyra.
En el mismo contexto, se ha instado al máximo tribunal a habilitar la feria judicial de enero, que comienza la próxima semana, para resolver este caso, siendo la primera instancia que llega directamente a la Corte contra el decreto del Gobierno de Javier Milei, vigente desde hoy. Sin embargo, la Corte ha postergado su decisión hasta febrero, después de la evaluación de Casal.
Como medida inicial, la Corte ha remitido el caso al procurador interino, Eduardo Casal, para determinar la competencia del conflicto en el máximo tribunal. Al mismo tiempo, se ha denegado la apertura de la feria, especificando que "se estudiarán las cuestiones sometidas a decisión luego del receso correspondiente a la próxima feria judicial del mes de enero".
En la "acción declarativa de certeza" de La Rioja, se ha solicitado la declaración de "nulidad absoluta e insanable del decreto n°70/2023 por resultar manifiestamente contrario a la Constitución", junto con la emisión inmediata de una medida cautelar que suspenda todos sus efectos.
Además, se ha pedido a la Corte que instruya al Poder Ejecutivo a "no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la presente causa".
La competencia originaria de la Corte se justifica en que la causa involucra a una provincia que demanda al Gobierno nacional. Los abogados del gobernador Quintela argumentan que "corresponde a la instancia originaria las causas que se susciten entre una provincia y el Estado federal, en todo tipo de asuntos".
Raúl Ferreyra, uno de los abogados de Quintela, ha subrayado ante la agencia Télam que "se está solicitando a los señores jueces que defiendan el federalismo y sostengan la democracia y la armonía en paz de todos los argentinos". Estas declaraciones fueron realizadas en el canal C5N, donde el letrado resaltó la importancia de presentar esta acción "en la competencia originaria de la Corte", considerada como la "competencia jurisdiccional más relevante de toda la Argentina".
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