Representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos arribaron a la ciudad brasileña de Boa Vista, la capital de Roraima, para una visita de cinco días y en la que parte de la delegación se trasladará a la Tierra Indígena Yanomami en misión oficial para verificar las medidas que el Estado brasileño viene implementando para proteger la vida y la salud de los yanomami, así como la integridad del territorio indígena.
Según informó la corte, la vicepresidenta del tribunal, la jueza Nancy Hernández López, y el juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, visitarán las comunidades y se reunirán con representantes indígenas y de organismos públicos.
Lo harán acompañados por el secretario del tribunal, Pablo Saavedra Alessandri, y la abogada Rita Lamy, para comprobar sobre el territorio si Brasil ha adoptado las medidas provisionales que el tribunal le exigió en julio de 2022, ocasión en la que aceptó una medida cautelar planteada por representes del pueblo originario de la Amazonía.
Se trata de medidas de carácter obligatorio que el tribunal suele dictar en casos que considera de extrema gravedad y en los que se requiere la adopción inmediata de medidas para evitar daños irreparables a personas o grupos amenazados.
Entre las ocho medidas dictadas por el tribunal figura la imposición al Estado de "proteger efectivamente la vida, la integridad personal, la salud y el acceso a la alimentación y al agua potable de los miembros de los pueblos indígenas Yanomami, Ye'kwana y Munduruku" y de "prevenir la explotación y la violencia sexual contra las mujeres y los niños" de las tres etnias.
La imposición de las medidas responde también a una petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), encargado de promover la defensa de los derechos humanos en el continente.
En su solicitud al tribunal, la Comisión argumentó que durante 2021 y 2022 se produjo un aumento de la minería ilegal en la Tierra Indígena Yanomami, así como ataques y amenazas de muerte contra los indígenas que viven en la zona, que fueron objeto de "falta de atención médica" y de las consecuencias de la contaminación ambiental.
Tras visitar la tierra indígena, los representantes del tribunal celebrarán las denominadas audiencias de supervisión sobre el cumplimiento de la sentencia, que tendrán lugar en privado los días 26 y 27 de octubre próximos, en un lugar todavía no anunciado.
Los líderes yanomamis vienen denunciando desde hace años que los mineros han contaminado el agua de los ríos con mercurio, destruido la selva, violado y asesinado a miembros de la comunidad; además de desencadenar una crisis alimentaria en una zona que sufrió la entrada masiva de "garimpeiros" durante el gobierno del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), a quien los ambientalistas acusan de haber fomentado las invasiones.
Según los funcionarios del gobierno del presidente Lula da Silva y las onegés que trabajan en el territorio habitado por unos 30.000 yanomamis, la situación derivó en todo tipo de abusos, incluidos asesinatos, e impacto en los recursos alimentarios del pueblo originario, que progresivamente fue arrastrado a una crisis humanitaria con un saldo de al menos 570 niños muertos por desnutrición, envenenamiento con mercurio y enfermedades prevenibles durante los últimos cuatro años.
(Con información de Agencia Brasil)
