El asesinato de un distribuidor de supergás de 26 años en Cerro Norte el pasado sábado sobre el mediodía dejó en evidencia el riesgo al que se exponen los trabajadores que prestan servicios en las llamadas zonas rojas de Montevideo y los efectos sobre los vecinos de dichos barrios. Es que los casos de violencia, llevan a que algunos servicios como salud, transporte y, este fin de semana, el reparto de garrafas se vea cada vez más restringido en algunos barrios. Una fuente de una envasadora de supergás comentó ayer a El Observador, que las empresas que se encargan de distribuir garrafas en la mayoría de los casos se niegan a ingresar en horas de la noche a las denominadas “zonas rojas” como los barrios Cerro Norte, Casavalle y Malvín Norte. “En estos barrios se acuerda con el cliente para entregar la garrafa en una zona cercana como puede ser una parada de taxis o la Facultad de Ciencias (por Malvín Norte)”, explicó el empresario. “Los distribuidores no quieren ingresar por temor y es lógico”, reconoció.
Las distribuidoras de supergás tienen previsto contactarse hoy con el Ministerio del Interior para elevar su preocupación por la inseguridad a la que se exponen sus empleados. Ayer las tres empresas acordaron no envasar supergás para solidarizarse con la muerte del trabajador de la firma Ducsa.
Según informó Subraydo, un niño de 11 años señalado como uno de los sospechosos del asesinato del joven repartidor en Carrasco Norte fue internado ayer en una dependencia del INAU tras declarar ante el juez, mientras que el otro sospechoso (un mayor) aún está prófugo. Está previsto que hoy el menor concurra nuevamente ante la Justicia. Ayer también declaró la madre el sospecho y un joven de 26 años que colaboró en la fuga del niño de 11 años. Según revelaron fuentes del INAU a Subrayado, hay otro adolescente de 14 años detenido por este mismo caso.
Tendencia
Así como el servicio de reparto de garrafas se ve acotado en zonas de Montevideo por la inseguridad, también ocurre en el transporte o el ingreso de ambulancias en Casavalle en horas de la noche. Hace dos semanas, la Unión Nacional de Trabajadores del Transporte (Unott) decidió desviar los recorridos de las líneas 407 y 427 de Coetc y la 21 de Raincoop en reclamo de más seguridad en Malvín Norte. La medida se levantó cuando el Ministerio del Interior se comprometió a reforzar con 10 efectivos el programa “Bus Seguro” por el que las unidades son custodiadas por policías de particular. La comisión de seguridad de la Unott registró alrededor de 40 rapiñas en el primer trimestre de 2013.
Gustavo López del Sindicato Único de Trabajadores del Taxi (Suatt), dijo ayer a El Observador que la preocupación por la inseguridad en estos varios es “cada vez mayor” y criticó a las autoridades por no atacar la “raíz” del flagelo. “Mientras no se atiendan las causas y la pérdida de valores, la situación no va a cambiar”, aseguró. Recordó que el sindicato tiene una postura “contraria” a restringir el ingresos e taxis a las “zonas rojas”. “En Carrasco Norte la mayoría de las madres que van a parir al Pereira Rossell se toman un taxi”, recordó López.
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