La olla de la Jutep y los grillos

Suena bien decir que vivimos en un país que, desde 1998, tiene una ley que se llama Cristal, por la cual jerarcas, legisladores y otros funcionarios públicos, tienen la obligación de presentar declaraciones de bienes propios, de sus parejas (sean cónyuges o concubinos) y de las personas a su cargo. Antes de entrar de lleno en esta negativa de Sartori sobre los bienes de su cónyuge (que es la hija de un multimillonario ruso), está bueno entender que la Jutep puso en primer plano este caso porque hubo alguna denuncia, como sucede “en el 99%” de los casos, tal como dijo en estos días su presidenta, Gabriela di Longo. Esto es así porque el organismo recibe cientos de declaraciones por año, pero no puede revisarlas por falta de personal y medios. 

Queda lindo decir que vivimos en un país con una Ley Cristal y con un organismo como la Jutep, pero ya no suena tan lindo cuando no enteramos que hay 11 funcionarios para analizar las 174.000 declaraciones juradas que tiene en su bóveda, incluyendo las que se publican en su sitio web, que son las de legisladores y jerarcas más prominentes. No tiene personal ni medios ya no para las 174.000; ni siquiera para revisar a fondo y chequear el 5% de las declaraciones que, según la ley, debería revisar cada año en forma aleatoria.

Del otro lado del debate está un senador de la República, Sartori, que asumió su cargo consciente de que tanto él como su esposa y su familia debían entregar declaraciones juradas de sus bienes. La que presentó en 2022 indica que tienen bienes por unos US$ 146.000 dólares. La Jutep le ha reclamado la información de su esposa desde el año 2020 pero no fue hasta ahora cuando el senador presentó ante la Suprema Corte un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que rige este proceso. La Corte rechazó sus planteos con un fallo dividido. 

La paradoja acá es que la ley de 1998, que recoge experiencia y tratados internacionales, es exigente a la hora de pedir información, pero el Estado es omiso a la hora de definir cómo se controlará y hasta exigirá esta información. Uno podría preguntarse por qué tanto interés en saber cuánto plata, bienes muebles y empresas tiene un jerarca y su familia, pero el espíritu de la ley va mucho más allá y se vincula a la corrupción y al conflicto de intereses. Si no se sabe con precisión, por ejemplo, qué empresas tiene o integra Sartori y su esposa, tampoco se podrá saber si el legislador, por ejemplo, propone o apoya una ley que favorece de alguna manera a una de esas empresas o al rubro al que pertenece. O, al revés, si perjudica a su competencia sin argumentos válidos. 

Claro que cualquier jerarca público tiene muchas maneras de “esconder” patrimonio o participación en empresas, a través de hijos mayores de edad, de testaferros y otras tramoyas. Pero la herramienta más básica para intentar controlar no solo el aumento de patrimonio luego de un período en la función pública, sino también el conflicto de intereses, es una declaración jurada bien hecha y presentada en tiempo y forma. Esto es lo más básico, porque a esta altura del partido y con lo aceitados que están los mecanismos para hacer trampa, la Jutep debería ser mucho más sofisticada a la hora de controlar.

Para controlar mejor hacen falta recursos y ahí se cruza el discurso maniqueo de Sartori, que incluye hasta los derechos de las mujeres, con la categoría que el Estado uruguayo le da a un organismo que debería ser de primera, pero termina siendo ineficaz. ¿Si somos un país sin dinero para invertir en el control de la transparencia y por ende de la corrupción, para que sirven leyes y organismos dedicados a eso?

Sartori dice que no puede obligar a su esposa, pero el que está obligado a presentar la declaración jurada tal como lo pide la ley es el legislador. El senador dice que es arcaico que haya que “obligar” a una mujer a hacer algo, aunque el mismo argumento podría ser usado por una legisladora mujer que deba “obligar” a su cónyuge o concubino a que colabore con ella para cumplir con la ley. En cualquier caso, un funcionar público y, sobre todo, un senador, sabe de antemano cuáles son las reglas de juego.

La Jutep decidió este jueves por unanimidad intimar al senador a presentar la declaración jurada que incluya los bienes de su esposa. Por propuesta de la representante del Frente Amplio en el Directorio del organismo, se planteó que Sartori también deberá presentar los balances de las empresas en las que tiene participación y que complete "el formulario de ingreso o rentas", para justificar el "incremento patrimonial que tuvo de casi US$ 39 millones". 

En cuanto a las sanciones, por ahora lo único que puede hacer la Jutep es disponer la retención del 50% del salario a Sartori,15 días después de la intimación y si no hay respuesta. La ley también prevé acciones más aleccionantes: “Si el intimado no cumpliere de forma injustificada con la presentación de la declaratoria en el plazo otorgado,  no podrá ejercer nuevamente la función pública hasta tanto no presente la declaración omitida”, establece. Eso supondría que no podría ocupar un cargo público en el próximo período.

La discusión sobre Sartori, su esposa, los derechos de la mujer y los otros funcionarios públicos que parecen haber olvidado presentar sus declaraciones (entre ellos los intendentes Enrique Antía y Nicolás Olivera, pero son cientos los que no lo han hecho), solo sería productiva si tuviéramos una Jutep capaz de controlar lo que establece la ley. De otra manera, el debate y el organismo son parte, solamente, de una olla llena de grillos.