En 2002 había 114 mujeres presas en Uruguay, mientras que hoy hay 665, lo que representa un incremento del 583%, según cifras del Ministerio del Interior. A su vez, en los últimos seis años, el crecimiento de la población reclusa femenina duplica a la de los hombres. La cantidad de presas aumentó 85% entre 2006 (359) y 2012 (665), mientras que la cantidad de presos creció 43% en este período (6.200 reclusos en 2006 y 8.895 en 2012).
El comisionado parlamentario para las cárceles, Álvaro Garcé, explicó a El Observador que la población femenina presenta dos características particulares. En primer lugar, muchas tienen familiares presos, por lo general parejas o hermanos, en Comcar y el penal de Libertad. En segundo lugar, entre la población femenina aumentó la cantidad de procesadas por el delito de microtráfico de drogas.
Si bien Garcé prefirió no especular sobre los diversos motivos que provocaron este particular incremento de la población femenina en cárceles, fuentes policiales han expresado reiteradas veces que luego de que los padres de familia que gestionan las bocas de pasta base son procesados con prisión, el negocio es reabierto al poco tiempo por sus parejas.
La otra característica distintiva es que 65 mujeres conviven con sus hijos dentro de la cárcel. Treinta de ellas lo hacen en El Molino, un centro específico para ello ubicado en la zona de Paso Molino. El resto se distribuye entre un sector de maternidad ubicado en el primer piso del Centro Metropolitano de Rehabilitación Femenino (ex CNR) y pabellones femeninos de cárceles del interior del país.
Garcé sostuvo que en estos pabellones del interior se presentan dos problemas para las madres y sus hijos: conviven en un mismo espacio con otras presas sin hijos y, muchas veces, en situaciones de hacinamiento. “Me preocupa particularmente el pabellón femenino de Salto: es un local pequeño en el que podrían estar alojadas siete u ocho mujeres y llegó a haber cerca de 20, incluyendo niños”, dijo.
El hacinamiento es un problema específico de los pabellones del interior del país. En alguno de ellos, según el comisionado, el hacinamiento llega al 300%. Sin embargo, en Montevideo no se presenta este problema.
En la capital “no existe hacinamiento”, señaló Garcé, pero hay, en cambio, dos inconvenientes. En el Centro Metropolitano de Rehabilitación Femenino, donde están recluidas 460 mujeres, el problema es la progresividad, la clasificación de la población reclusa femenina, ya que en un mismo edificio, de tres pisos, están todas las presas. El segundo problema es el alojamiento de las internas que son conflictivas o que cometieron infracciones y son sancionadas.
El comisionado se refirió en concreto a las celdas de castigo del Centro Metropolitano de Rehabilitación Femenino. “Tienen las características que tenían las latas en el penal de Libertad”, expresó. En su última visita a Uruguay, en diciembre, el relator de Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez, recomendó en sus conclusiones preliminares “la clausura del módulo de seguridad ubicado en la planta baja del Centro de Rehabilitación de Mujeres (...), donde las condiciones de reclusión son totalmente inaceptables”. Garcé informó que en los “próximos meses” el Instituto Nacional de Rehabilitación solucionará el problema con la construcción de un nuevo celdario que permita la clausura de este módulo de seguridad.
La droga no distingue géneros
El comisionado afirmó que, a pesar de las distinciones, una característica de los presos se repite en las mujeres privadas de libertad: el consumo de drogas. “Al igual que en la población masculina, hay un predominio de consumidoras de drogas, que consumen previo a la comisión del delito y que continúan consumiendo dentro de la cárcel”, sostuvo Garcé.
65
presas viven con sus hijos dentro de la cárcel; 30 lo hacen en la cárcel El Molino, inaugurada en 2010 específicamente para ello, y el resto junto a otras reclusas sin hijos.
7%
de la población reclusa de Uruguay son mujeres. En 2006, las presas representaban el 5,5% del total de los reclusos, según cifras del Ministerio del Interior.
Atención a adictos es prioridad en Comcar
2013. El director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, expresó que es prioridad del INR la construcción este año de “un hospital penitenciario” específico para el tratamiento de adictos a las drogas dentro del Comcar. Mendoza anunció en el acto de celebración del segundo aniversario del INR, el 27 de diciembre, que una de las metas del instituto para 2013 es brindar un tratamiento específico a los internos adictos. “Muchos jóvenes tienen problemas de drogas y en lugar de tratarlos como delincuentes hay que tratarlos como drogadictos”, explicó Mendoza a El Observador. Si bien el director del INR reconoció que el proyecto aún está en una etapa de “planificación”, dijo que es su sueño. “Lo ideal sería hacer un hospital penitenciario, un proyecto para que la gente que cae presa, gurisitos de 18 y 19 años que cometieron una rapiña por droga, sean tratados. Si querés recuperarlos, no los recuperás por el delito, sino por el tratamiento de la adicción”, agregó. Mendoza especificó incluso dónde funcionaría este hospital, al que comparó con el Portal Amarillo. “Sería en el antiguo economato”, informó. Se refiere al pabellón donde funcionaba la cocina del Comcar, contigua a los pabellones 4 y 5, demolidos en el último motín, y que hoy está abandonado. El director del INR advirtió que grupos de salud mental de ASSE atienden a adictos a las drogas en la policlínica del Comcar, pero que el nuevo hospital les brindaría una atención más especializada. En entrevista publicada en El Observador el 16 de diciembre, el comisionado parlamentario para cárceles, Álvaro Garcé, expresó que “hay que pensar en las posibilidades de reinserción. Si un preso está trabajando pero al mismo tiempo consume drogas, el trabajo poco soluciona. En el Comcar se debería instalar un pabellón para el tratamiento de unas 200 personas en régimen de internación voluntaria”, propuso.
