La seguidilla de tres investigaciones administrativas por presuntas irregularidades en juzgados de los departamentos de Treinta y Tres, Paysandú y Salto preocupa a los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que siguen de cerca el trámite de los respectivos procesos.
"Nos preocupa y nos llama la atención el hecho de tener en curso tres denuncias por aparentes irregularidades con tanta repercusión pública", admitió el ministro de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique.
Consultado ayer por El Observador, el integrante del máximo órgano judicial dijo que todos los casos "se están investigando" y remarcó que "no se pueden dar por ciertos" todos los hechos denunciados. "Denuncias se presentan habitualmente, pero el tema es que algunas trascienden públicamente y eso hace parecer que sean más", sostuvo Pérez Manrique.
En Treinta y Tres, tras una denuncia presentada por el Colegio de Abogados del Uruguay, están siendo investigadas la jueza penal Mariela Tejera y su colega de paz Virginia Bajac, por supuestas irregularidades, arbitrariedades y abusos de poder. Primero la SCJ había ordenado el inicio de la investigación administrativa sin separación del cargo, pero luego pidió a las dos juezas que tomen licencia hasta el 22 de noviembre.
En tanto, en Paysandú, el Poder Judicial está revisando el accionar de los siete juzgados departamentales por demoras y otras fallas en el servicio. En ese departamento la SCJ abrió un sumario administrativo con separación del cargo al juez penal Gerardo Azarola, quien fue denunciado penalmente por una mujer con la que mantuvo una relación sentimental. Además, el otro juez penal de Paysandú, Fabricio Cidade, si bien sigue trabajando, es investigado por la SCJ por varias irregularidades procesales en expedientes.
La denuncia del Colegio de Abogados de Paysandú sobre irregularidades en el sistema judicial local hizo que la semana pasada un equipo inspectivo de la SCJ revisara la operativa de todas las sedes judiciales. Pérez Manrique indicó que una inspección masiva de este tipo no es habitual y en este caso la acción tuvo un carácter "preventivo".
Finalmente, la SCJ investiga una denuncia por acoso laboral contra el juez penal de Salto, Guillermo Royes, informó el semanario Búsqueda. La denuncia fue firmada por la actuaria Sara Luján y cuenta con el respaldo de 12 funcionarios y también del juez Enrique Falco, a quien esta semana la SCJ trasladó a Colonia debido a un pedido expreso suyo por razones personales.
La denuncia acusa a Royes de tener una "actitud autoritaria", imponer sanciones "desproporcionadas" y de dar órdenes "totalmente exageradas".
A juicio del presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, Eugenio Xavier de Mello, los profesionales tienen actualmente "una mayor conciencia de cooperación" para que el sistema judicial funciona mejor. "Para los abogados no es solo un derecho sino una obligación poner en conocimiento de la Corte cualquier disfuncionalidad", dijo Xavier de Mello.
El presidente del Colegio de Abogados indicó a El Observador que para que los profesionales "no es para nada sencillo" denunciar a los jueces, dado que luego tienen que seguir trabajando con casos en esas sedes.
"Los buenos jueces no sienten estas cosas como un ataque sino que lo ven como algo necesario para sanear el sistema. Pero no se puede generalizar respecto a los magistrados ni tampoco a los funcionarios", sostuvo.
Respecto a la denuncia contra las juezas de Treinta y Tres, el Colegio de Abogados del Uruguay entendió que los hechos planteados por los profesionales locales tienen "verosimilitud" y en el caso de Paysandú si bien la entidad no analizó el tema "hace fe" en el criterio de los colegas de ese departamento, dijo Xavier de Mello.
Por su parte, ante la seguidilla de denuncias administrativas contra jueces, la Asociación de Magistrados del Uruguay pidió a la SCJ que le plantee a los medios de comunicación que no divulguen los nombres de los implicados.
"Difundir los nombres de los colegas de Treinta y Tres, Paysandú o Salto es como condenarlos públicamente antes del proceso. Pero en los hechos no advierto un incremento en la cantidad de denuncias", dijo a El Observador el vicepresidente de la gremial de magistrados, Marcos Seijas.
Según el juez, "siempre hubo" casos de denuncias contra magistrados y eso "está dentro de lo normal". Pero advirtió que en el último tiempo aumentó la difusión pública de esos casos, fenómeno que "antes no pasaba".
El fiscal Viana y sus dichos "agraviantes"
La Asociación de Fiscales consideró "profundamente agraviantes" las críticas del fiscal Enrique Viana contra esa entidad y en especial contra su presidente, Juan Gómez, a quien consideró funcional al fiscal de Corte, Jorge Díaz. Viana, que no es afiliado a la gremial, fue trasladado por la Fiscalía General de la Nación desde la fiscalía civil que ocupaba desde 1999 a una sede de menores. La Asociación de Fiscales indicó ayer en un comunicado que "en forma alguna" se pronunciará sobre ese aspecto.
