Las empresas españolas no le temen a Milei: qué esperan para volver a invertir 

Javier Milei llega dinamitando el esclerótico bipartidismo y desembarca con un relato tan radicalizado y estrafalario que nadie puede culpar a las empresas españolas que tienen en juego unos 15.000 millones de euros en la Argentina que hayan sentido el sutil escalofrío del desastre. 

Pero desde su victoria en segunda vuelta hace dos semanas, cierta “domesticación” de la bestia política, con una baja de varios decibeles en el tono exaltado de su discurso, logró que muchos llegaran a este inicio de mandato -si no completamente tranquilos- al menos convencidos de que hay un caudal de sensatez. 

Nadie espera el bisturí del gradualismo (como prometía el macrismo), que a esta altura no conseguiría nada, pero apuestan a una motosierra de política de shock bien calibrada, que luego permita contener el daño.  

Milei, primeros meses

Las empresas saben que habrá que respirar hondo. Será lo más duro. La incógnita, por supuesto, es si Milei es capaz de llevar adelante semejante corrección macro y luego estabilizar la situación, con el apoyo político que eso supone y la habilidad de contener el inevitable malestar social. 

La gente del BBVA Research en Argentina, encabezada por Marcos Dal Bianco, le pone números a este inicio de mandato.

En el banco español esperan que se avance hacia un significativo ajuste fiscal (del 3,2% al 0,8% del PBI), lo que provocará una mayor caída del PIB de la que esperaban inicialmente para 2024 de 4% (este año la contracción será del 3%). Sin embargo, proyectan un rebote del 6% para 2025.

Por otro lado, también descuentan que habrá una rápida normalización del mercado cambiario, con una liberalización de restricciones, al punto que para fines de este mismo año el dólar oficial (hoy en torno a 400 pesos por dólar) pasaría a 800 pesos. 

“Durante 2024, el aporte de divisas por la recuperación del sector agrícola y el superávit energético permitiría continuar el desarme de restricciones cambiarias para terminar 2024 sin brecha cambiaria”, señalan.

Con la escalada de precios desatada, habrá que aplicar un plan de estabilización.

BBVA maneja una proyección de inflación para fines de 2024 de 155%, un escenario que implica un proceso de desinflación exitoso luego de picos superiores al 250% anual.

Para lograrlo, estiman que el Gobierno utilizaría la ya conocida ancla cambiaria (el tipo de cambio real estará depreciado respecto del promedio de los últimos 20 años) para conseguir resultados rápidos en materia de inflación en el segundo semestre. El dólar terminaría en $ 1.500. 

Enric Fernández, Economista Jefe de Caixabank, conversó sobre el tema con El Observador España: “La clave está en llevar a cabo un plan de equilibrio fiscal. Además, debería establecerse claramente y respetarse la independencia del Banco Central. También se tendrán que unificar todos los tipos de cambio en uno solo que no esté sobrevalorado y esto supondrá una depreciación inicial importante”.

“Todo esto -añade- se tendría que acompañar de otras medidas que impulsen la inversión y que mejoren la confianza para que el Gobierno tenga acceso a los mercados y a las Instituciones Financieras Internacionales. Todo está inventado pero ejecutarlo no es fácil y el mayor riesgo es que no haya suficiente consenso político para hacerlo”.       

En cuanto a la dolarización, una de las políticas que impulsó muy vehementemente Milei y que luego fue dejando de lado, Fernández apunta que “la clave es la disciplina fiscal. Sin ella, la dolarización es muy costosa. Y con disciplina fiscal, no sería necesaria”. 

El propio Milei terminó admitiendo que debería ser evaluada en un segundo tiempo, cuando se hayan ordenado los desequilibrios de la economía. El economista de Caixabank agrega al respecto: “Hay quienes argumentan que la dolarización es el mejor mecanismo para disciplinar la política fiscal pero no es obvio que sea así. El mejor mecanismo es la consciencia de que los desmanes fiscales acaban teniendo un coste elevadísimo”.

España viene cansada

España es, como tanto se ha repetido, el segundo mayor inversor internacional en Argentina, sólo detrás de Estados Unidos.

Pero digamos que hace tiempo se había cansado de los manejos de la era K y había dejado de considerar al país su preferido como en los noventa. La Argentina es hoy el noveno destino de la inversión española con un 3,29% del total.

Según los últimos datos del Icex Exportación e Inversiones, que depende de la Secretaría de Estado de Comercio, el stock actual de inversiones de unos 15.321 millones de euros es lo que queda de un esfuerzo de más de 40.000 millones de euros desde los años noventa que fue declinando progresivamente con el deterioro del marco de seguridad jurídica que garantizaba el país. 

En la última década se han dedicado 7.216 millones de euros pero el monto apenas superó los magros 200 millones de euros anuales tras la pandemia.  

En Argentina operan 136 empresas españolas cuando hace cuatro años eran 300.

La caída de la inversión estuvo acompañada por un éxodo que no pasó desapercibido. Quedan, de todos modos, grandes corporaciones, como Telefónica, Santander, BBVA,  Iberdrola, Naturgy, Acerinox, CAF, Dia, Mapfre, Meliá, Prosegur o Indra.

Traumas corporativos

Las compañías tuvieron que lidiar con múltiples trabas, desde las derivadas de la pesificación y el corralito, como el cambio de moneda de sus deudas en dólares y la imposibilidad de girar beneficios a sus casas matrices, hasta un mercado de capitales local poco desarrollado, un marco regulatorio volátil (ruptura de contratos) y operar en un entorno de inflación de tres dígitos.   

Pero la marca, la huella traumática fue Repsol. Y probablemente deba pasar mucho más tiempo todavía aunque ahora Milei diga que quiere sacar cuanto antes del paraguas del Estado las empresas que fueron nacionalizadas, sobre todo durante el kirchnerismo. 

La expropiación de YPF, que había sido privatizada en 1991 por Carlos Menem, le valió a Repsol una compensación forzosa por 6.000 millones de euros. 

Sin embargo, la juez Loretta Preska, del tribunal del distrito sur de Nueva York, sentenció que Argentina debía pagar 14.700 millones de euros a los tenedores de las acciones que tenía Petersen. Es decir, la expropiación de YPF le costó unos 21.000 millones al Estado argentino, cuatro veces más que su actual valor.

También está el caso de Aerolíneas Argentinas, una de las empresas que Cristina nacionalizó recién aterrizada en la Casa Rosada. La víctima fue el grupo español Marsans, que dos años más tarde se declaró en bancarrota. 

Años más tarde, en 2017, Argentina fue condenada a pagar 300 millones de euros a Marsans por expropiar de manera injustificada, según el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

De ahí que, con toda razón, todavía exista una particular preocupación por la seguridad jurídica que sea capaz de garantizar el nuevo presidente. Estabilizar la resquebrajada economía en un mercado exhausto al que es difícil convencer de la credibilidad de un plan ya sería titánico. 

Pero después del desencanto del macrismo y el choque frontal con el kirchnerismo, “el Loco” puede ganarse a los españoles si les prueba que hay una Argentina dispuesta a jugar limpio y respetar sus compromisos.