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Las seis explicaciones de Layera y Bonomi sobre la visión pesimista de la seguridad

Bonomi respaldó al director nacional de Policía pero marcó diferencias

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06 de junio de 2018 a las 17:29

"Lo primero que quiero decir es que no vamos a tomar ninguna medida de seguridad a raíz de las declaraciones del comisario (director nacional de Policía, Mario Layera)". Así comenzó su comparecencia el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi en la comisión especial de seguridad pública y convivencia de la Cámara de Senadores integrada con Diputados a la que fue citado también el jerarca policial para responder a sus dichos en una entrevista publicada por El Observador el 12 de mayo.

Layera por su parte, mantuvo las críticas al funcionamiento del Código del Proceso Penal (CPP), que dificulta la investigación de causas de crimen organizado, aclaró que Uruguay terminaría como Guatemala o El Salvador solo si no se hace nada para impedirlo, y que la normativa prohíbe que organismos como el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) proporcionen información que podría servir para contextualizar la investigación de fenómenos criminales.

Bonomi reiteró que respaldaba a Layera, aunque admitió tener alguna diferencia con lo dicho en la nota publicada por El Observador. El ministro reiteró que no compartía algunas de sus declaraciones pero que "la elección de Mario Layera como director nacional de Policía se dio por las condiciones generales que tiene".


"No mido al policía por cómo declara, lo mido por cómo es como policía, cómo es ejerciendo el mando, cómo es en la relación con otros policías, cómo es en la relación con las autoridades políticas, cómo es como persona", apuntó Bonomi.

Intercambio de información

En entrevista a El Observador Layera había señalado que "el gobierno está muy compartimentado" porque "la Policía no accede a determinada información que tiene el Mides (Ministerio de Desarrollo Social) porque dicen que es reservada", al tiempo que tampoco pueden utilizar datos del Banco de Previsión Social, Secundaria o Primaria que permitirían "contextualizar" el perfil de los delincuentes.
En la comisión Layera ratificó lo dicho y explicó que quiso decir que "las diferentes normas de reserva de información vigentes no permitían realizar un intercambio masivo de datos", aunque admitió que nunca se habían solicitado datos. Asimismo, agregó que no se refirió a la voluntad de las autoridades políticas de los gobiernos de turno.

Marginalidad

Sobre su afirmación de que existe una parte de la sociedad con generaciones de familiares en la actividad delictiva, donde es mayor el nivel de reproducción del delito, lo que llevará a que "un día los marginados van a ser mayoría", Layera no respondió ante los legisladores pero sí lo hizo Bonomi. El ministro descartó que algún día los excluidos se transformen en mayoría. "No, no lo comparto y voy a decir que no se van a transformar en mayoría porque cada país tiene su historia y la historia de Uruguay –no me refiero a tres años de gobierno- es rica en cuanto a integración", opinó.

El Salvador y Guatemala

Layera había dicho a El Observador que si la situación no mejora Uruguay va a terminar como Guatemala o El Salvador, con barrios privados con seguridad propia, donde "el Estado disminuirá su poder ante organizaciones pandilleras que vivan de los demás cobrando peaje para todo".

En la comisión del Senado, el director nacional de Policía dijo que se trató de una "metáfora" y que "por supuesto que el escenario de seguridad ciudadana de Uruguay no tiene similitud estricta, actual o futura" con Guatemala o El Salvador, aunque "es una hipótesis de amenaza (...) que se pretende impedir para poder evaluarla, analizarla correctamente y prevenirla".

Bonomi agregó que no estaba de acuerdo en plantear para el futuro de Uruguay la posibilidad de ser uno de estos países centroamericanos como "metáfora". "En Uruguay eso no va a pasar; no va a pasar". "Lo que sí comparto y creo que está en el fondo de lo dicho, es que existe una subcultura peligrosísima que se expande, que lleva a que participen en hechos delictivos no solo gente que pertenece a determinados ambientes y ciertos niveles sociales, sino otra que lo hace no por necesidad económica sino por impulso ideológico y cultural".

"No se animan"

Consultado sobre la realización de un censo en la zona de Los Palomares, que sería el paso previo para realojar a las familias y demoler un barrio que por su infraestructura ha sido difícil de controlar para la Policía, Layera había dicho a El Observador que los organismos encargados de esa tarea (Intendencia y Mides) "no se animan" a llevarlo a cabo. Layera aclaró en la comisión que no quiso decir que faltaba voluntad, sino que no se disponen fondos para alcanzar resultados con un impacto "suficiente y necesario".

Asimismo, Layera había dicho en la entrevista que existe "temor" en el Estado de tomar decisiones difíciles para contener la situación de inseguridad, y que ello requiere medidas "no simpáticas".

En comisión Bonomi dijo que el Ministerio del Interior ya está tomando medidas "no simpáticas", al promover modificaciones al Código Penal que reduzcan la libertad anticipada y que hagan preceptiva (obligatoria) la prisión preventiva para determinados delitos graves. "Estas son medidas no simpáticas. Toda la cátedra está en contra de esto, no solo algunos legisladores", agregó.

Los problemas del nuevo Código del Proceso

A El Observador, Layera había dicho que "llevar una investigación a largo plazo es difícil porque hay un lío en la Fiscalía que no te lo permite". El director nacional de Policía ratificó este punto y dijo que el problema no es el contenido del nuevo código, "sino a la estructura y dinámica de los procedimientos prácticos, que no permiten la investigación con un alcance especializado y nacional del crimen organizado, (...) ni del sistema de asignación de casos y prioridades, que es regulado totalmente por la fiscalía sin posibilidad, en muchos casos, de explotar la información o acción de la policía, con demoras que restan posibilidades en los resultados para detener o incautar indicios en allanamientos u otras medidas que requieren la autorización de un juez".

Además, señaló que "el cambio de procedimiento afectó lo que (a su juicio) permitió controlar en el pasado el avance de las organizaciones internacionales del narcotráfico hasta el período de 2017". El CPP empezó a regir el 1 de noviembre de ese año.

Los problemas de El Guardián

Consultado sobre si había llegado el fin de las intervenciones telefónicas a raíz de la llegada de Whatsapp, Layera había dicho que ese tema era un "drama" que había hecho caducar absolutamente sistemas de escuchas como El Guardían. Al respecto, Bonomi dijo en la comisión que "no es cierto lo que se relata en cuanto a que está obsoleto desde el punto de vista tecnológico. No está obsoleto; simplemente tiene dificultades, y son las mismas que tiene la policía de todo el mundo".

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