Faltaban pocos minutos para las ocho de la noche cuando el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se sentó frente a los micrófonos con todos los integrantes de la Mesa Política de su partido a su lado. Pese a señalar la “falta de atención a los graves problemas de la gente” y cuestionar de forma directa al presidente Luis Lacalle Pou, Manini no anunció la ruptura de la coalición. Sin embargo, los mensajes que pasó el excomandante en jefe del Ejército dan una pauta de cuál será el vínculo de su partido con el gobierno y con el resto de los socios de la coalición tras un hecho que marcó un quiebre en el relacionamiento en el oficialismo.
El excomandante en jefe del Ejército leyó un comunicado con nueve puntos, no aceptó preguntas y, además de reiterar que la decisión de pedirle la renuncia a la ahora exministra Irene Moreira fue injustificada, le dejó al menos tres advertencias a Lacalle Pou que adelantan cómo se va a posicionar en lo que queda de esta administración.
Lealtad
Cabildo Abierto entiende que ha dado sobradas muestras de “lealtad institucional y con los socios” y que esa adhesión a la coalición no ha sido valorada en su justa medida ni por el resto de los partidos ni por el presidente. El partido liderado por Manini “no siente que haya habido plena reciprocidad” en esa lealtad.
En ese sentido, Cabildo señaló que el “modelo presidencialista y personalista” llevado adelante por Lacalle Pou “lleva necesariamente a desencuentros” y volvió a reclamar por una “toma colectiva” de decisiones en los grandes temas.
Sin mencionarla directamente, el partido fundado en 2019 hace referencia a la mesa de la coalición largamente reclamada tanto por ellos como por el Partido Colorado. El presidente ha elegido llevar una relación “pico a pico” con los socios que no incluye un ámbito de negociación en donde todos estén sentados en la misma mesa.
“Solicita a la vez al presidente de la República los máximos esfuerzos para consolidar una coalición con prácticas verdaderamente republicanas”, señala la declaración en el mismo sentido.
Seguridad pública
Es uno de los puntos en los que Cabildo Abierto ha marcado diferencias pero sin llegar a incomodar al Poder Ejecutivo. Más allá de reclamos puntuales y de algunas reuniones con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, las críticas de los cabildantes han sido mesuradas en un tema delicado y de difícil resolución.
Esa posición empezó a cambiar cuando respondieron a las propuestas de la mesa interpartidaria de seguridad ya que no solo cuestionaron algunas de las medidas propuestas por el Ministerio del Interior sino que señalaron como un sin sentido el pedir el apoyo del resto de los partidos para llevar adelante algunas otras.
“Discrepamos con el modelo estratégico para abordar la inseguridad”, escribió a fines de abril Cabildo Abierto en un documento de 21 páginas donde se responde a las propuestas de la Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva que elaboró el Ministerio del Interior. En ese documento dicen que “llama la atención” que 36 meses después de iniciada la gestión recién se consideren algunas medidas y “se pretenda reemplazar las acciones de reforzar comisarías”.
En la declaración de este lunes, los cabildantes volvieron a poner la mira sobre la inseguridad y la gestión del gobierno en un tema sensible para la población. “(Cabildo) hará un seguimiento detenido del estado de la seguridad pública e impulsará las medidas urgentes que deben adoptarse para combatir el flagelo de la delincuencia y narcotráfico”, dice el documento que leyó Manini.
Un alineamiento con contados cuestionamientos se transforma ahora en un seguimiento detenido que puede incomodar al gobierno en un asunto con el que el actual oficialismo machacó cuando estaba del otro lado del mostrador.
Reestructura de deudas
En este punto Cabildo se cansó de esperar. Luego de amenazar con la recolección de firmas para un plebiscito, de advertir que podría pactar con el Frente Amplio y de esperar por una propuesta alternativa del gobierno, los liderados por Guido Manini Ríos se dieron un nuevo plazo para avanzar con su proyecto de reestructura de deudas de las personas físicas.
“Cabildo Abierto se ha dado plazo a sí mismo hasta fin del presente mes para buscar una solución legislativa urgente para los deudores irrecuperables y las personas incluidas en el Clearing”, dice la declaración leída este lunes y agrega que de no conseguir un acuerdo parlamentario irán por la vía de la recolección de firmas porque “la gente no puede esperar más”.
Cabildo presentó a fines de 2020 un proyecto para reestructurar las deudas de las personas físicas. Después de varias idas y vueltas, la iniciativa estuvo a punto de avanzar en noviembre de 2022, cuando los blancos dieron sus votos para aprobarlo en comisión, pero una intervención del senador Gustavo Penadés lo detuvo cuando iba a ser votado en el plenario, lo que motivó fuertes reproches en la interna de la coalición.
La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dijo que ese texto es “muy mejorable” y que no es viable con “cambios menores” mientras que el Frente Amplio le acercó un texto alternativo. Desde el gobierno prometieron un proyecto alternativo que, hasta ahora, no ha llegado al Parlamento.
Cabildo ya había anunciado que, pasada la discusión por la reforma jubilatoria, iría por el camino de las firmas. Sin embargo, en paralelo negociaba con el Frente Amplio para llegar a un acuerdo para un texto en común. Antes de mayo, dicen ahora los cabildantes, tomarán una decisión.
¿Qué dice el proyecto?
Lo que pretende Cabildo es la creación de un procedimiento judicial para reestructurar los pasivos de las personas físicas, que deberá ser precedido obligatoriamente por un procedimiento conciliatorio en el ámbito administrativo.
Podrán acogerse a este mecanismo aquellos deudores cuyo activo esté compuesto por una única vivienda y con ingresos anuales de hasta 120 mil unidades reajustables. El procedimiento deberá ser entablado ante el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas dentro de los seis meses de haber incurrido en mora.
Dentro de los 45 días restantes de haberse presentado ante el MEF, se llamará a una audiencia para conciliar al deudor con los acreedores. Los posibles acuerdos deberán reservar un ingreso mínimo para el deudor, que en ninguna circunstancia podrá ser inferior al 60% de sus ingresos.
En caso de que no haya acuerdo, el tema pasará a los juzgados de primera instancia con competencia en lo civil. Allí un juez analizará la situación del deudor y presentará una propuesta de pago a los acreedores, “tomando en consideración muy especialmente la responsabilidad del acreedor en el otorgamiento del crédito”.
