Las vacunas, factor definitorio de la campaña electoral argentina

Entre quienes sí fueron vacunados, hay un sólido 82,6%de apoyo, mientras que entre los que todavía están esperando, la fidelidad cae al 57,4%, según el sondeo de la firma Synopsis.

La conclusión es evidente: si la coalición peronista quiere afirmarse en el poder, en un año en el que la economía le va a jugar en contra -sólo en cuatro meses ya se acumulo una inflación de 17,6 por ciento y los economistas hablan de un 50 por ciento para diciembre-, tiene que apuntar todos los esfuerzos de su gestión a la campaña vacunatoria.

Para ello, el factor tiempo es esencial, y es lo que explica que el gobierno haya sido tan insistente en la modificación del calendario electoral. El argumento oficial era que resultaba arriesgado mantener las primarias en agosto, justo una época en la que se hacen más propicios los contagios. Pero desde la oposición no hubo dudas respecto de cuál era la motivación verdadera: un corrimiento de las fechas que le garantice al gobierno llegar a la votación con la mayor cantidad posible de gente vacunada.

Esa convicción se ve reforzada por la observación de que, al contrario de lo que ocurre con las vacunas, la economía jugará en contra del gobierno cuanto más tiempo pase, dado que es en este momento del año cuando se disfruta de cierta holgura fiscal y cambiaria, producto de la “lluvia de sojadólares” que desaparecerá hacia fin de año.

Tras un acuerdo con la oposición, se modificaron las fechas y se votará en septiembre para las primarias partidarias y en noviembre para las legislativas “de verdad”.

De la épica al desastre

Es en ese clima que el gobierno está apostando a que la campaña vacunatoria no solamente ocupe el lugar central de la agenda pública, desplazando a las subas de precios, sino que además el peronismo pueda encontrar una nueva “épica” con la que movilizar a su alicaída militancia.

La campaña vacunatoria había sido desde el inicio una de las esperanzas electorales, pero tempranamente el gobierno comprobó que corría el riesgo de un “efecto boomerang” por las deficiencias de gestión.

Para empezar, el ex ministro de salud, Ginés González García, había generado una expectativa desmedida, al afirmar que en febrero habría 10 millones de vacunados, incluyendo a todos los docentes del país, que así podrían afrontar sin problemas el inicio de las clases. Para esa fecha apenas se habían contabilizado dos millones de vacunados, y se empezó a posponer la aplicación de la segunda dosis, de manera de cubrir más personas.

Al día de hoy, no se llega a los nueve millones de vacunados. El gobierno recurre a comparativos internacionales para mostrar que el país está a tono con el promedio mundial, en cuanto a porcentaje de la población cubierta, pero la opinión pública no termina de aceptar el argumento.

Para ello fue crucial la ola de indignación ocurrida al descubrirse la existencia de un “vacunatorio VIP” para priorizar a jóvenes militantes, una falta que le costó el cargo a González García.

Pero, sobre todo, el malhumor de la población estuvo ligado a la lentitud en la llegada de las vacunas, que se contraponía con el entusiasmo previo del gobierno.

El presidente Alberto Fernández había anunciado en el invierno de 2020 que Argentina produciría el principio activo de la vacuna AstraZeneca desarrollada por la universidad de Oxford. Para el mandatario, esa situación constituiría un motivo de orgullo sobre la capacidad científica argentina, que la pondría en la vanguardia de los países mejor protegidos contra la pandemia.

Pero seis meses después de la supuesta fecha de la llegada de esta vacuna, recién empezaron a llegar los lotes de AstraZeneca. En una confusa situación que no se terminó de aclarar del todo, los laboratorios mexicanos que estaban encargados de envasar la vacuna tuvieron una serie de problemas técnicos. Y, cuando la vacuna sí estuvo lista, se envió una partida a otros mercados.

Por otra parte, el gobierno no pudo llegar a un acuerdo con Pfizer, a pesar de haber sido Argentina uno de los países en los cuales esta empresa realizó la fase de prueba. El argumento oficial era que el laboratorio pedía concesiones inadmisibles, que colisionaban con la propia soberanía nacional.

El gobierno aludía al pedido de una ley especial para liberar al laboratorio de responsabilidades por los efectos de la vacuna. Pero la versión que hizo correr la oposición era que el gobierno argentino no admitió que la empresa mantuviera el control logístico en el traslado aéreo y terrestre de la vacuna, con lo cual no se podría asegurar el mantenimiento de la temperatura requerida.

Acelerando a un millón de vacunados por semana

Asi, lo que había sido pensado como una campaña épica que la llevaría a recuperar la simpatía de las masas, amenazó con ser una pesadilla para el gobierno.

Las encuestas empezaron a marcar una fuerte desconfianza en el sentido de que el gobierno fuera capaz de gestionar con eficiencia y transparencia la campaña vacunatoria. El rechazo llegó al 60 por ciento cuando estalló el escándalo de los “vacunados VIP”.

Los sondeos empezaron a registrar que esa visión negativa empezaba a descender en la medida en que las vacunas llegaban al país.

Al comienzo, hubo una dependencia absoluta de la vacuna rusa Sputnik V y de la procedente de China, Sinopharm. Lo cual implicó un problema adicional, porque además de los problemas organizativos, las vacunas disponibles eran las que aún no contaban con la aprobación oficial de las autoridades europeas.

Sin embargo, en los últimos días comenzaron las señales de una aceleración en la campaña, lo cual levantó la moral del gobierno y la militancia peronista.

La expectativa es que con los nuevos acuerdos “cambia el curso de la segunda ola de la pandemia en el país”, según las palabras de la ministro Carla Vizzotti. El objetivo es que al momento en que la campaña electoral ingrese en su fase caliente ya estén vacunados toda la población de riesgo y todos los trabajadores de sectores definidos como “esenciales”.

Hoy están vacunados la gran mayoría de los mayores de 60 años y se empezó a vacunar a la franja de entre 50 y 60 años que tienen enfermedades pre-existentes, así como a los jóvenes que se desempeñan en servicios declarados esenciales.

La aspiración del gobierno es sostener un ritmo de más de un millón de vacunados por semana, a partir de que se destrabó la dificultad con México y empezaron a llegar los lotes de AstraZeneca.

La comunicación gubernamental empezó a enfatizar en el hecho de que ya llegaron 15 millones de vacunas al país. Y los funcionarios del área se entusiasman con la posibilidad de que en las próximas semanas arribarán otras cinco millones de dosis.

La campaña vacunatoria está en el centro de la agenda mediática y política, como quería el gobierno, pero todavía no está claro si terminará jugándole a favor o en contra. Los politólogos creen que es imposible que el peronismo pueda ganar votantes entre quienes apoyaron al macrismo, pero que en cambio está a tiempo de revertir la pérdida que estaba sufriendo en la propia base peronista.

Esto, claro, suponiendo que, como algunos temen, la economía no termine jugando su tradicional rol definitorio a la hora de votar y la caída del salario pueda pesar más que la protección contra el covid.

Acusaciones cruzadas, con Pfizer en el medio

Sin embargo, lejos de poder relajarse, el gobierno se está enfrentando a uno de los momentos más tensos en la discusión pública sobre la campaña vacunatoria. Todo escaló a partir de declaraciones públicas de Patricia Bullrich, presidente del partido macrista PRO y una de las figuras emblemáticas de la oposición “dura”.

Bullrich dijo que el verdadero motivo por el que no se había firmado un acuerdo con Pfizer fue la exigencia, por parte del entonces ministro González García, de que existiera un socio privado argentino, una contraparte que manejara el tema a nivel local. Ese era, además, el esquema utilizado para la fabricación de la vacuna AstraZeneca, donde el empresario Hugo Sigman, cercano al kirchnerismo, aportó el laboratorio donde se produce el principio activo.

Según Bullrich, esa participación de empresarios asociados es el típico método usado por el kirchnerismo para obtener un beneficio financiero en estos contratos internacionales. De inmediato se generó un escándalo político que puso en una situación incómoda a Pfizer que, como toda empresa estadounidense, está obligada a informar si se le solicitaron coimas o condiciones ilegales.

Pfizer emitió un comunicado algo ambiguo en el que indica que nunca se le pidieron “pagos indebidos” y aclara que no cuenta con representantes ni intermediarios privados en Argentina. Para el gobierno, eso equivalió a un desmentido de los dichos de Bullrich, pero la oposición dijo que, en rigor, Pfizer sólo había cumplido una formalidad y no había hecho alusión al centro de la acusación.

El presidente Alberto Fernández  se sintió aludido por Bullrich -aunque la denuncia había sido hecha contra el ex ministro-y decidió iniciar una demanda a título personal. Recurrió para ello a los mismos abogados que defendieron a Cristina Kirchner en sus múltiples acusaciones por corrupción.