Leonardo Carreño

Lavarse las manos sí, pero no a “lavarse las manos”

Tras un debate alocado al inicio del período, el sistema político tiene la oportunidad de mostrar seriedad institucional en el drama sanitario

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14 de marzo de 2020 a las 05:03

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No estamos sólos, no estamos blindados, no somos ajenos a lo que pasa en la región ni en el mundo; no somos excepción para los vaivenes internacionales.  Como está metido en la fantasía uruguaya eso de que todo llega tarde a este rincón sureño, la demora en que un fenómeno mundial golpee en lo local, hace creer que se puede eludir un temporal de esos que sacuden al continente. Pero todo llega.

Cuando muchos orientales se golpeaban el pecho con la satisfacción de ser el único país sin personas afectadas por el coronavirus,  antes de las cuatro de la tarde del viernes fue Salud Pública que reconoció no uno, sino cuatro casos de contagiados.

El país y su sistema de salud se pone a prueba ante una emergencia de una magnitud y extensión en el tiempo que todavía no puede calibrarse, pero también es tiempo de desafío para el sistema político y los liderazgos partidarios.

Uruguay había comenzado un nuevo período de gobierno con una tensión exagerada, que puede entenderse por un cambio de partido en el poder, que genera trauma que debe procesarse, pero que no parece saludable que se mantenga así en forma permanente.

El drama de un virus que hace temblar al mundo es una ocasión para que los líderes partidarios muestren madurez política para un respaldo múltiple a un plan de defensa de la población y del país, porque se trata de un impacto inesperado, imprevisto, que desacomoda al Estado y a la sociedad.

(El coronavirus) se trata de un impacto inesperado, imprevisto, que desacomoda al Estado y a la sociedad pero puede servir como una oportunidad

Por un lado el drama de salud, y por otro, el efecto económico que cambia drásticamente el escenario de un año que sin perder complejidad, aparecía con cierta perspectiva de recuperación de actividad y empleo, leve pero algo al fin. Ese posible repunte queda en suspenso, porque las exportaciones se ven afectadas por mercados distorsionados, el consumo se complica por continuidad de caída del ingreso real de los hogares (y suba impositiva a los que pagan con débito bancario), el gasto público y la inversión estatal son topeadas por combata el déficit que llegó a nivel preocupante, y la inversión privada queda limitada a UPM2.

El aumento del precio del dólar (casi 20% en dos meses y medio de este año) pega en la compra de bienes durables con precios dolarizados y otros servicios.

El parate de turismo, reuniones de negocios para definir inversiones, la cancelación de congresos, espectáculos, actividades públicas, todo eso es un golpe duro al nivel de actividad.

La industria comenzó el año en baja, con un nivel de producción 3% inferior al de enero de 2019 que ya venía en retroceso, el comercio tuvo una temporada de verano con problemas y el agro suma problemas climáticos (falta de lluvias) y cierre de mercados de exportación.

La discusión política de los últimos diez días ha sido con un tono irascible que daña el debate y confunde a la opinión pública. El Frente Amplio tuvo una derrota en octubre que matizó con el resultado de noviembre y aunque ese resultado electoral fue un revés duro para la izquierda, el más duro desde el otoño de 1989, su dirigenca no hizo duelo, ni autocrítica, y terminó volcando su amargura en una crítica despiadada contra el gobierno electo.

No es que no tenga fundamento en algunos aspectos que cuestiona, sino que salió al cruce desde antes que se produjera la transmisión de mando, contra un anteproyecto de ley, sin asumir que los ganadores de la elección aplicaban lo prometido en la campaña.

Esta semana, al anunciar la suba de tarifas de energía, agua y telecomunicaciones, la dirigencia del Frente volvió a pegar duro contra el gobierno y a devolver el calificativo de “tarifazo” que blancos y colorados le habían endilgado otrora.

Ni había sido “tarifazo” antes, cuando el ajuste era más o menos por inflación pasada, ni lo es ahora, cuando es por un porcentaje menor al de la inflación transcurrida desde el último ajuste.

De la misma forma que el astorismo pretendía que su ajuste fiscal con suba de tasas de IRPF de 2016 fuera llamado “consolidacion fiscal” en lugar de “ajuste fiscal”, ahora el nuevo gobierno quiere que se presente como “adecuación tarifaria” un simple “aumento de tarifas”.

El Frente pegó también contra el anuncio de rebaja del benificio tributario para las compras con tarjeta de débito bancario, que implica que para los que usan ese instrumento (cientos de miles de personas) la tasa de IVA pase de 18% a 20% (algo similar para consumo en restaurantes de 13% a 17%).

Leonardo Carreño

También en ese caso la ministra de Economía se empeñó en decir que no es un aumento de impuestos, lo que en definitiva sí lo es (aunque técnicamente no haya alteración legal de la tasa de ese tributo).

La furia sin freno de dirigentes que eran gobierno y pasaron a la oposición (por el voto popular, hay que recordar) y la caprichosa negativa de funcionarios de gobierno a aceptar llamar a las cosas por su nombre, derivaron en un debate caliente, exagerado, como si se tratara de algo más relevante.

El gobierno hizo lo que debía hacer con las tarifas y a eso agregó lo de “rascar la lata” del fisco para atender muy parcialmente el absurdo déficit fiscal arrastrado tanto tiempo.

Eso se dio simultáneo a otra discusión sobre los operativos de seguridad, en los que dirigentes de izquierda quedaron fuera de foco al apoyar supuestos abusos policiales, de uno que aparecía como “artista callejero” pero era un borracho armado con un par de machetes, y un supusto víctima de destrato, que en realidad era un embusterio fantasioso.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, tuvo una postura acorde a su cargo, cuando dijo que sí había denuncias de abusos, como había antes del cambio de gobierno, que muchas veces quedan en nada por no tener fundamento y en otras se comprueba que fueron desvíos que merecen sanción.

Es bueno y necesario el control sobre la propia autoridad porque el abuso no debe tolerarse y sí debe sancionarse, pero el agite de supuestas denuncias y defensa cerrada de cualquier caso (que a priori se notaba que era una chantada) no contribuye al debate político serio.

Todo se volvió una “cosa loca”. Cuesta creer que dirigentes del FA que estuvieron en cargos de gobierno piensen realmente que el dólar subió frente al peso lo que subió porque Lacalle Pou lo quiso así, o porque se cumplió el sueño de un ministro.

Ese ministro, Uriarte, no asumió su nuevo rol y razona como gremialista, de la misma forma que Murro se sentía un representante del movimiento sindical en el Ministerio de Trabajo. Ni estaba bien lo de ayer, ni lo de hoy, pero de ahí a creer que Uriarte mueve el mercado con sus dichos …

El drama del coronavirus termina siendo una oportunidad para que el sistema político muestre unidad de acción y seriedad en el tratamiento del caso, poniendo el interés nacional por encima del partidario. Y que luego de eso, pasado los calores del cambio de mando, el debate político sea sobre propuestas programáticas e ideologías y no sobre ironías caprichosas.

Con el nuevo virus que sacude al mundo, no hay que compartir mate y hay que lavarse bien las manos, pero no hacerlo con el criterio del prefecto romano que quería desentenderse del problema.

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