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Engrana la construcción, otro puntal para el despegue de la economía
Luego de una trabajosa y maratónica negociación que se extendió por más de un jornada, finalmente se llegó a un acuerdo entre el sindicato (Sunca), empresarios y gobierno para que la industria de la construcción vuelva a operar desde este lunes.
Así, otro de los motores que el gobierno pretendía no se apagará queda activo tras un impasse de tres semanas incluyendo Semana Santa. El arreglo para detener las obras por el coronavirus había establecido una licencia especial del 24 de marzo al 5 de abril para todos trabajadores (unos 45 mil) de la construcción a nivel nacional, como forma de adaptarse a las recomendaciones de aislamiento social que sugirieron las autoridades.
Los otros motores que siguen en marcha y no sufrieron un freno sustantivo por el tipo de actividad que desarrollan son el agro y la industria. Otros como el comercio, el turismo o la logística están con una actividad seriamente menguada por todas las medidas (internas y externas) que han tomado los gobiernos para contener el avance de la pandemia.
El retorno a la construcción está previsto para aquellas obras que estaban en marcha y no para nuevos emprendimientos. Uno de los grandes proyectos que volverá a su cauce es la construcción de la segunda pastera de UPM en Paso de los Toros y sus obras conexas como el Ferrocarril Central y su terminal portuaria en el Montevideo.
En julio de 2019, UPM confirmó la inversión por US$ 2.700 millones en la pastera que estará ubicada en Paso de los Toros, además de una inversión por US$ 350 millones en la actividad portuaria en Montevideo. En principio, se estimó que la planta esté operativa para inicios de 2022. Se trata de la mayor inversión privada en la historia que ha recibido el país.
La obra del Ferrocarril Central, el ramal ferroviario que UPM le pidió al Estado uruguayo para transportar su celulosa desde Paso de los Toros a Montevideo y que tendrá un costo para el Estado de unos US$ 870 millones, también volverá a rodar.
La industria de la construcción cerró el año pasado con una caída en su nivel de actividad del 2% y encadenó un quinquenio al hilo con números rojos, según el último informe de Cuentas Nacionales del Banco Central (BCU). Eso se ha reflejado en la pérdida de cerca de 30 mil empleos desde su pico de ocupación en 2013 con algo más de 70 mil puestos formales.
Las perspectivas para este 2020 con los coletazos del coronavirus para nuevos proyectos seguramente pongan un manto de incertidumbre a la recuperación que se proyectaba para este sector.
Por otro lado, el convenio colectivo de la construcción caerá el próximo 30 de abril, al igual que otros 152 grupos en junio, pero el gobierno ya anunció que la convocatoria a los Consejos de Salarios será postergada en línea con la postura coincidente que expresaron las cámaras empresariales y el PIT-CNT. Resta ahora definir una propuesta de ajuste salarial “puente” que sugerirán los ministerios de Trabajo y Economía ante el Consejo Superior Tripartito en las próximas semanas.
La señal de Lacalle
El Poder Ejecutivo anunció la semana pasada que eliminará los topes de precio que rigen en el segmento de Vivienda Promovida -antes Vivienda de Interés Social-, tanto para la venta de unidades como para los arrendamientos, en Montevideo y en el interior del país.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou afirmó el miércoles en conferencia de prensa que desde su punto de vista esa resolución contribuirá a “reactivar la economía”.
La modificación ha sido largamente reclamada por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), como un elemento clave para que se puedan poner en marcha nuevos proyectos, no solo en la capital, sino también en el resto de los departamentos.
También en 2017 se habían modificado los beneficios fiscales para las viviendas que se volcaran al mercado de arrendamiento. Los inversores que adquirían esos inmuebles podían exonerar el 100% de IRPF e IRAE siempre que los precios de alquiler no superaran los valores máximos que determinaba el gobierno. Cuando se supera ese límite el beneficio se reducía a 40% de las rentas generadas. Ahora ese requisito quedará sin efecto.
Empresarios del sector habían anunciado que tenían varios proyectos para lanzar en las gateras por cientos de millones de dólares si esos cambios se procesaban, aunque esas promesas fueron realizadas previo a la debacle del coronavirus.
El director de la OPP, Isaac Alfie, asumió la semana pasada que la recesión global afectará a la economía uruguaya en los próximos meses y explicó que hoy la gran incertidumbre es su magnitud y por cuánto tiempo.
El PIB ya había cerrado un con magro crecimiento (0,2%) en 2019, que ratificó el estancamiento y recesión para varios sectores de actividad, incluida la construcción.
El Ejecutivo está trabajando en un plan gradual para que la economía pueda recomponerse en el menor tiempo posible, mientras monitorea el avance del covid-19. La propia OPP está a cargo de un grupo de trabajo en el Poder Ejecutivo evaluando y diseñando el retorno para el día después del distanciamiento social. Por lo pronto, ya se anunció el retorno de las clases para las escuelas rurales desde próximo 22 de abril.
Por otro lado, el presidente de la República dejó claro que su gobierno no quiere gravar más a las grandes empresas con impuestos -como reclaman algunos sectores del Frente Amplio y el PIT-CNT- porque entiende que son las que pueden reactivar la economía una vez que termine la pandemia y la gente pueda salir de sus casas a trabajar. De hecho, el mandatario aseguró que a esas empresas hay que motivarlas a través del Estado para que se animen a invertir y generar más puestos de trabajo.
"Estamos viendo temas productivos. Estamos viendo donde se puede aflojar a los emprendimientos que sean disparadores de más fuentes de trabajo", anunció.
