Legisladores y comerciantes cuestionan instalación de control fronterizo dentro de un freeshop

A priori, la solución parece ser la ideal. El terreno se expropia, lo gestiona un privado y el Estado tiene de una vez por todas el esperado paso de fronteras del Chuy, por donde circulan miles de turistas cada año, y sin tener que gastar dinero para la obra.  Pero eso llevaría a que los turistas debieran, sí o sí, atravesar el gigantesco free shop por el solo hecho de cruzar la línea imaginaria que separa a un país del otro. La oferta del privado puso en alerta a legisladores rochenses, entre ellos al diputado nacionalista Alejo Umpiérrez, quien comenzó una serie de consultas en comisiones parlamentarias a jerarcas del gobierno.

“Nuestra preocupación es que quedaría un free shop con una oficina pública dentro de lo que sería una terminal de cargas y pasajeros. La puerta de entrada o salida (al país) sería la del propio free shop, por donde pasa un mundo de pasajeros y el transporte”, dijo Umpiérrez el 3 de octubre en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, a la que fueron convocados, entre otros, el ministro de Defensa, Jorge Menéndez y el director nacional de Pasos de Frontera, Neris Corbo.

Para Umpiérrez, la instalación del paso de frontera en medio de un free shop implica “un flechamiento económico a favor de una empresa que va en detrimento del comercio establecido en la ciudad del Chuy y del núcleo de free shop que existen desde hace años en la zona fronteriza”, según consta en la versión taquigráfica.

Según explicó en la comisión la directora de la División Técnica de Pasos de Frontera, Mónica Galeano, “la creación de un área de control integrado, con todos los servicios, genera un punto de desarrollo muy importante para la zona”, especialmente teniendo en cuenta que “el Chuy es el tercer lugar de mayor ingreso de turistas en el país”. Hubo un pliego que se activó hace unos años que fracasó y ahí comenzaron las conversaciones con el privado que quiere instalarlo dentro un free shop. Esa opción se está analizando, teniendo en cuenta que construir el control integrado implica entre US$ 12 y US$ 13 millones, un dinero que ni el Ministerio de Defensa ni la Dirección de Pasos de Frontera tienen para ese fin. “Es inviable económicamente (que las áreas de control integrado) sean mantenidas por el Estado”, explicó la jerarca a los legisladores.

El ministro, por su parte, aclaró que si bien la opción de incluirlo dentro de un free shop se está analizando, en todo caso se realizaría un llamado a licitación para “que el proceso sea transparente”. El director de Pasos de Frontera explicó que “las directivas del ministro de Defensa eran que, una vez que recibieran proyectos, se hiciera un llamado de expresión de interés para ver si había empresas interesadas”. “En Argentina, pero sobre todo en Brasil, todos los pasos de frontera son operados por privados lo cual significa un ahorro importante para el Estado”, agregó.

No conforme con la respuesta de los jerarcas, Umpiérrez agregó dos elementos más. Por un lado, la empresa interesada ya había comprado un terreno lindero al expropiado. “Reitero, me preocupa que se genere una gran desviación del comercio por el natural tránsito de miles y miles de pasajeros que pasan al año desde y hacia Brasil. Se haría un flechamiento comercial hacia un comercio específico”, opinó.

Por el otro, Umpiérrez mostró a los jerarcas una carta recibida el 14 de marzo por el cabo segundo del Ministerio de Defensa, Ruben González, dirigida a Menéndez, firmada por Carlos Loaiza Keel, de la Cámara de Empresarios de Free Shop del Uruguay, y Carlos Calabuig, de la Asociación de Free Shop del Chuy, en la que ofrecen, precisamente, solventar los costos para desarrollar el paso integrado de frontera “en los términos que se determinen de común acuerdo”.

“Este ofrecimiento se hace bajo la condición de que dicha infraestructura no se asocie en ninguna forma con la implantación de un espacio de tienda libre en el recinto, lo que a los ojos de quienes integran las instituciones firmantes supone una grave amenaza comercial de la ciudad del Chuy”, indica la nota.

Calabuig explicó a El Observador que instalar un free shop con un control de frontera implicaría que los turistas “no se molestarán en ir al centro a hacer compras” lo que afectaría sus ventas, ya que sus comercios están en esa zona de la ciudad.