Ley de debates obligatorios: Amado propone cambios para que sea aprobada

Los diputados del Partido Nacional que integran la Comisión de Constitución y Códigos solicitaron el miércoles pasado postergar la votación. "Entendemos que la ley debe concitar el consenso de todos los partidos políticos", afirmó el legislador nacionalista Pablo Abdala. En diálogo con El Observador, explicó que pidieron la prórroga luego de que la bancada del Partido Colorado manifestara su desaprobación a las modificaciones que el Frente Amplio había hecho al proyecto original. 

Uno de los cambios propuestos por los legisladores oficialistas había sido que se conformaran dos grupos con los 11 candidatos que en octubre participarán en las elecciones nacionales. El primer grupo quedaría integrado por los siete partidos que participaron en los comicios de 2014, mientras que en el segundo grupo estarían aquellos que no. Luego, de haber segunda vuelta, se enfrentarían los dos candidatos en disputa. 

Según informó El País, de aprobarse estas modificaciones, los debates que se darían en octubre serían los siguientes: Daniel Martínez (FA) con Luis Lacalle Pou (PN); Ernesto Talvi (PC) con Pablo Mieres (PI); Gonzalo Abella (Unidad Popular) con César Vega (PERI) y Rafael Fernández (Partido de los Trabajadores). Los intercambios entre los integrantes del segundo grupo, en tanto, serían estos: Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) con Edgardo Novick (Partido de la Gente); y Gustavo Salle (Partido Verde Animalista) con Daniel Goldman (Partido Digital). 

Uno de los candidatos que más se opuso a estas modificaciones fue Talvi, quien en su cuenta de Twitter calificó como "pésimo" el proyecto de ley de debates y expresó que, de ser aprobado de esta manera, sería "un insulto a la inteligencia de los ciudadanos". El diputado frenteamplista José Carlos Mahía, encargado de redactar las modificaciones, manifestó su reprobación hacia la "actitud confrontativa" del economista. 

La posibilidad de que la norma sea aprobada en tiempo y forma para que entre en vigencia en las elecciones de este año es cada vez menor. Mahía reconoció que van "contra reloj", aunque entiende que hay margen suficiente como para que quede aprobada este año, y Abdala sostuvo que "si el proyecto naufraga, hay margen para que entre en consideración en la próxima legislatura". 

Para asegurarse de que la ley entre en vigencia este año, Amado propuso a los legisladores nacionalistas, colorados y frenteamplistas una nueva enmienda al proyecto original. Según explicó a El Observador, planteó que el proyecto sea aprobado sin modificaciones, pero que en estas elecciones solo se realice el debate entre los dos candidatos que participen de la segunda vuelta. De este modo, será posible "evitar que se legisle con los partidos a la vista y pensando en estas elecciones", según Amado. 

El legislador, que no integra la comisión en donde está siendo tratado el proyecto de ley, se comunicó con los diputados de los distintos partidos y ellos mostraron "disposición" para aceptar esta nueva condición, que es la cuarta modificación que se dio desde que en 2011 presentó por primera vez el texto. Abdala dijo que el Partido Nacional está "dispuesto a considerar los cambios". Mahía, por su parte, expresó que deberá consultar a la bancada frenteamplista, pero dijo que "ve posibles" las modificaciones. 

La Comisión de Constitución y Códigos de Diputados no tiene citaciones en las próximas semanas –recién se reunirá a comienzos de agosto, cuando se definirá la suerte de la ley de debates obligatorios–, pero según supo El Observador, los diputados que la integran han intercambiado de manera informal sobre los cambios propuestos. 

En los últimos meses, Amado mantuvo varias reuniones con los diputados frenteamplistas Bettiana Díaz y Alejandro Sánchez, en las que discutieron el contenido del proyecto. Uno de los cambios sobre los que ya se pusieron de acuerdo es que, en vez de la Corte Electoral, será la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) la encargada de designar a los moderadores de los debates. A su vez, a pedido de los legisladores oficialistas, el gremio deberá incorporar la perspectiva de género para designar a los profesionales, asegurando que participen mujeres y hombres por igual. 

A su vez, desde el inicio quedó definido que los candidatos que se nieguen a debatir o no asistan al encuentro serán sancionados con la retención de la contribución que paga el Estado a los partidos políticos por los votos obtenidos en las elecciones internas. Por el contrario, quedó fuera de discusión una de las modificaciones que planteó el Frente Amplio, que refería a la posibilidad de que los debates también fueran obligatorios en las elecciones departamentales. 

El acuerdo al que los partidos llegaron implica que la versión final del proyecto sea votada en la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados, y posteriormente sea aprobada por el Plenario. Luego, deberá ser votada en la Cámara de Senadores.