Los 17 funcionarios del Sirpa están recluídos en Cárcel Central

El juez hizo lugar a la requisitoria de procesamiento de los 26 funcionarios que había planteado el jueves la fiscal Adriana Umpiérrez, aunque con algunas variantes. Primero, el magistrado envió a la cárcel solo a los 17 que consideró como autores y coautores y no a todos como había pedido la fiscal –agregando uno a esa condición, ya que la representante del Ministerio Público había pedido 16 imputaciones en esa calidad– y segundo resolvió no remitir a la cárcel a los imputados en la condición de cómplices.

La resolución judicial cayó como un baldazo de agua fría en el sindicato de funcionarios del INAU, cuyo secretario general, Carlos Salaberry, que estuvo toda la tarde esperando en la puerta del juzgado, dijo sentir "una gran bronca" y aseguró que el fallo del juez "es demencial".

"Esto es una señal para el domesticamiento del movimiento obrero", advirtió Salaberry, para quien existió un "operativo político" y también un "linchamiento público" contra López, que presenció parte de los abusos cometidos contra los internos, y que luego de conocer el pedido de procesamiento de la fiscal presentó su renuncia al Pit-Cnt (ver nota aparte).

"Para cualquier trabajador del sistema ir a trabajar es, desde ahora, tomar el riesgo de ser procesado", indicó Salaberry. El sindicalista informó que en la noche del jueves, el Sirpa gestionó ante el INAU la declaración de esencialidad de ese servicio aun cuando, dijo, no hay medidas gremiales en curso. "Es claro el objetivo del Poder Ejecutivo de destruir nuestra organización", afirmó.

Salaberry dijo que desde el jueves en el Ceprili está presente el Grupo GEO, cosa que "refleja que hay una situación de inseguridad constante" . Hoy, desde la hora 12, el sindicato de funcionarios del INAU realizará una asamblea para evaluar la situación.

Conjunción de conductas

Anoche, el juez Iribarren explicó las razones que motivaron los 26 procesamientos por la represión contra un grupo de internos del Ceprili registrada el 24 de julio que denunció ante la Justicia la presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco. En el video de la cámara de seguridad, que semanas atrás divulgó El Observador y Subrayado, se ve cómo un grupo de más de 30 funcionarios ingresan al patio de un módulo y reprimen a dos internos que estaban generando disturbios, obligándolos a permanecer boca abajo mientras un trabajador les propinó patadas en el piso.

"El hecho no está compuesto por acciones individuales. Se entendió que hay una conjunción de conductas que convergen en un fin común y se juzgó toda esa actividad común. Todos conforman ese abuso y desproporcionalidad", dijo el juez en rueda de prensa.

"Si bien esto es cuestionable en cualquier circunstancia, en este caso adquiere una mayor gravedad porque el fin primordial de la privación de libertad de los adolescentes es la rehabilitación", explicó el magistrado.

Iribarren indicó que se constató un "trato cruel" contra los internos y respecto a la imputación contra los nueve funcionarios acusados por complicidad explicó que el hecho de no haber hecho nada para evitar el episodio implicó "aceptar" el resultado.

En el dictamen en el que el jueves pidió los 26 procesamientos, la fiscal Umpiérrez había señalado: "Las conductas son dinámicas y van desde los golpes de puño o puntapié, el uso de elementos químicos (gas extintor) dentro de pequeños recintos donde estaban los jóvenes, retiro de sus pertenencias de las habitaciones y sujeción en el piso de manera degradante, con la cara hacia el suelo obligándolos a no observar la secuencia por un amplio término de tiempo".

Exceso

Los abogados de los procesados se mostraron disconformes con la resolución del juez Iribarren y anunciaron que apelarán. "La fiscal cree que ese 'no hacer' le permite imputar el delito; nosotros creemos que las personas que no tienen ninguna actividad y no colaboran ni material ni moralmente en el delito imputado no deben tener calidad de cómplices", dijo el abogado del sindicato del INAU, Juan Raúl Williman.

Por su parte, la abogada Natalia Fleitas, defensora del director del Ceprili, que fue enviado a la cárcel, consideró "excesiva" la imputación del delito de tortura "No hubo una valoración objetiva de la participación" en cada caso. "Hubo un intento de motín, se intentó reducir a los internos, y si bien es cierto que hubo situación de abusos, no ameritan el delito de tortura", afirmó Fleitas.

El abogado Aníbal Martínez Chaer, defensor del funcionario que le pegó patadas en el piso a dos internos y que por eso fue enviado a prisión, también criticó el procesamiento y dijo que su cliente reconoció el "error", mientras que el abogado José Maldonado, representante de otro funcionario que fue a la cárcel, sostuvo que el fallo "es un dislate jurídico".

Un delito usado en cinco ocasiones

Desde 2006 (cuando se aprobó la Ley 18.026 que configura la tortura como un delito en su artículo 22) habían sido procesadas cinco personas por esa figura, pero con el caso de ayer el total ascendió a 31. El delito lo comete quien cause "dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales o morales"; cualquier trato o sometimiento "inhumano o degradante", o acciones tendientes a "disminuir las capacidades físicas o mentales". La pena va entre los 20 meses y 8 años de cárcel.

A cárcel Central

Según informó Subrayado esta mañana, y pudo confirmar El Observador, llos 17 funcionarios fueron recluidos en Cárcel Central momentáneamente. Dirigentes gremiales afirmaron que estarán allí por un tiempo hasta que el Ministerio del Interior decida el lugar definitivo. Los abogados solicitaron medidas de seguridad por riesgo de represalias.