Los 90 días, la elección más difícil de la coalición

En estos estos años se han ido acumulando gradual y deliberadamente barricadas legislativas y normativas de todo tipo que tornan muy difícil intentar cualquier cambio de rumbo, pese a que la ciudadanía lo haya avalado ya con su elección de legisladores y a que eventualmente lo avalase con su elección presidencial.

Ello no se evidencia únicamente en la economía, donde se ha llegado a un atolladero ideológico y conceptual imposible de sostener, sino a otras áreas de suma importancia como la educación, rehén de un sindicalismo que se considera su dueño en gestión, contenido y formatos, aberración cuyos resultados son palpables. O en la indefensión del estado frente a sus gremios, no solo en aspectos económicos, sino en su ineficiencia y burocracia. Lo mismo ocurre en las áreas de seguridad y justicia, donde difícilmente pueda sostenerse que la sociedad está conforme con lo que ocurre o que no se requieren cambios importantes. 

Sabido es que un resultado electoral no cambia la ley, sino que meramente designa a los representantes que tienen la potestad de hacerlo, de modo que el debate parlamentario es imprescindible para plasmar cualquier plataforma, máxime si se ha organizado previamente un trazado de carrera de obstáculos para impedirlo.

Pero la formación de leyes no se limita a la acción legislativa. Está influida por otros factores y protagonistas económicos, sindicales, ideológicos, sociales, religiosos, populares, con mayor o menor legitimidad, con mayores o menores títulos, todos los cuales tienen el derecho a la protesta y a la defensa pacífica de sus intereses.

Por lo que cualquier nuevo gobierno sabe que tiene un período mágico y arbitrario de 90 días para cimentar las bases del cumplimiento de su programa. En ese lapso, se dice que “hay un romance con la sociedad”. En rigor lo que hay es un efímero respeto formal de todos los afectados y de los intereses creados por el mandato del voto recién emitido, justamente consagrando ese programa.

Lacalle Pou no lo ignoraba cuando anticipó la presentación de su proyecto de urgente consideración para una Ley ómnibus que obrara como paraguas legal que le permitiera el cumplimiento de su plataforma, que debe honrar. Ese proyecto legal fue adoptado por la Coalición.

También el aforismo de los tres meses es conocido por aquellos que - con o sin razón- no quieren que se apliquen las políticas votadas por la mayoría popular y que se convierten en los nuevos opositores que ven lejana otra chance electoral.  Y ahí empieza el problema.

Cualquier proyecto de ley es de inmediato atacado por manifestaciones callejeras, pacíficas o no, motines, incendios o intifadas. O por huelgas y paros sistemáticos y pautados, en especial en áreas clave del estado, como educación. Otras veces la resistencia se produce en el plano económico con acciones financieras desestabilizantes. O campañas periodísticas de desprestigio o miedo. El patético caso del presidente Macrón en Francia es un posgrado en el tema. Un político moderno, joven, con ideas renovadoras, termina en una parálisis de ideas y de su accionar porque una turba incomprensible destroza París.

En ese venero inagotable de ejemplos negativos que es Argentina para los orientales, Macri sufrió exactamente ese problema, aún antes de asumir, sin abrir juicio sobre la calidad de sus políticas, que nunca aplicó. Una metódica resistencia dudosamente legítima que le tomó las calles con diferentes clases de prepotencias y violencia, con un cronograma orgánico, un afiatado mecanismo de huelgas y paros con reclamos justos o injustos, pero todos exagerados. Un Congreso que aprobó apenas las leyes que implicaban más gasto y endeudamiento, siempre con concesiones a gobernadores-punteros que aumentaban también el déficit, la deuda y su enriquecimiento.

Esto se completó con un sistema empresarial corrupto que defendió la intangibilidad del gasto y la burocracia estatal y logró ralentizar todo cambio hasta hacerlo nulo, porque el estado tiene la capacidad de demorar y licuar cualquier ahorro o racionalización. Y con un adecuado uso de medios periodísticos funcionales.

¿Podría ocurrir algo así en Uruguay? Hay varios síntomas afirmativos. Y también herramientas para que ocurra, como ya ha planteado la columna y aún el propio Frente a través de sus auditores trotskistas y sus voceros más ensañados.

Ante ese panorama hace bien el candidato multicolor en empujar la urgente consideración de entrada, para respaldar su derecho a aplicar los programas para los que ha sido votado junto con su alianza y oponer el resultado electoral a cualquier recurso salvaje que se pudiera plantear. En esa línea, deberá tener particular cuidado en presentar planes integrales con proyección en el tiempo y no acciones aisladas drásticas e instantáneas, sino políticas y resultados de mediano plazo. Como todos los países que han sido exitosos en salir del déficit y el endeudamiento crónico.

Y cualquier oposición debería ejercerse respetando los resultados de las urnas y también los derechos del estado, manoseado y copado por los sindicatos que le impiden modernizarse y eficientizarse y no paralizando o neutralizando la acción de un gobierno legal y legítimo.

Esa inteligencia, ese respeto y esa comprensión es lo que puede consolidar la diferencia democrática y hasta cultural entre Uruguay y el resto de una vapuleada región y aún del mundo. Pero lo que no se siembre en esos 90 días no se cosechará nunca más.