Los militares preparan recursos de inconstitucionalidad contra impuesto a jubilaciones
Si el tributo es aprobado presentarán recurso ante la Suprema Corte de Justicia y no descartan presentarse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Los militares se preparan para trancar en la justicia el intento del gobierno de gravar las jubilaciones castrenses que están por encima de $50.100 nominales con el objetivo de volcar US$40 millones anuales para sanear el déficit del Servicio de Retiros.
Mientras el
Frente Amplio se apresta a defender en el Parlamento la idea lanzada desde el Ministerio de Economía y Finanzas, las Fuerzas Armadas piensan ahora en los próximos pasos que tendrán que dar ante la eventualidad de que el proyecto se convierta en ley.
El camino que se trazan los uniformados es claro. Una vez que se aplique el primer descuento acudirán a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para denunciar su "inconstitucionalidad". Pero si esa acción no prospera incluso piensan en acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por eso es que los diferentes clubes de militares, que incluyen tanto a oficiales como subalternos retirados y en actividad, están manteniendo contactos con diferentes estudios jurídicos para darles la opción a todos los afectados de que recurran a la justicia, dijeron a El Observador fuentes militares.
Sin embargo, los informantes advirtieron que será una pulseada difícil de ganar, en virtud del artículo 15 de la Rendición de Cuentas -que autoriza al Estado a diferir el pago de juicios perdidos- y de un artículo del proyecto de reforma del Servicio de Retiros que, sostienen, apuntan a "blindar" el impuesto de futuras reclamaciones.
Con el impuesto, el gobierno pretende recaudar US$ 40 millones de dólares por año para abatir un déficit de la
caja militar que estiman en más de US$ 400 millones anuales.
Los militares entienden que el impuesto es "injusto", "discriminatorio" y "absurdo" tal como se argumenta en dos documentos de trabajo confeccionados por integrantes activos de las
Fuerzas Armadas a los que accedió El Observador.
En uno de ellos titulado "Injusticias del nuevo impuesto a los retirados militares" se afirma que el gravamen propuesto constituye una "doble imposición" en tanto que los retiros de las jubilaciones de los militares ya pagan el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS).
En otro documento titulado "Consideraciones sobre la imposición de un nuevo impuesto a los retiros y pensiones militares", se establece que los descuentos del IASS a los militares van al Banco de Previsión Social y no al Servicio de Retiros.
"Se estaría gravando a un mismo sujeto por un mismo hecho generador, con dos impuestos de idéntica naturaleza", afirman los militares en el documento ante mencionado.
Entienden, además, que esta situación constituye una "violación del principio de igualdad" en tanto que los retirados castrenses serían "los únicos pasivos del Uruguay a quienes se les aplicaría un doble impuesto".
El cálculo de las Fuerzas Armadas es que con esta doble imposición a algunos pasivos se les llegará a quitar hasta el 50% de su haber por concepto de jubilaciones.
Cambio de las reglas
Los militares esgrimen que el nuevo impuesto afectará derechos adquiridos sobre quienes ingresaron a las Fuerzas Armadas, desarrollaron su carrera a lo largo de 40 años y pasaron a situación de retiro con determinadas reglas de juego.
En este sentido, el documento cita al constitucionalista Martín Risso quien argumentó en contra del gravamen durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.
"Creo que este tipo de impuestos implican una desnaturalización de la actual redacción del artículo 67 y por lo tanto, son inconstitucionales (...) Estos impuestos vienen a hacer, por una vía oblicua, algo que la Constitución prohíbe que es disminuir el monto mínimo garantizado constitucionalmente de jubilaciones y pensiones", dijo Risso. Según las FFAA, el total de retirados y pensionistas que cobran más de $50.100 nominales son 7900, de los cuales 1673 tienen descuentos por retenciones y alquileres.
"Si sumamos los retirados y pensionistas que pagan directamente al BHU o a bancos privados, nos da 3257 lo cual es casi el 41% de los 7900. Las retenciones, pagos y alquileres oscilan entre $20.000 y $30.000 pesos promedio mensuales", se afirma en uno de los documentos.
El absurdo
Los militares consideran una idea "absurda" la pretensión del Ejecutivo de disminuir parte del costo del Servicio de Retiros acudiendo a este impuesto.
"El origen del déficit se relaciona con decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo sin la debida previsión, y no en acciones u omisiones de los militares", argumentan. Para los uniformados, los problemas de la llamada caja militar se agravaron como consecuencia directa de la política de reducción de efectivos a partir de 1985.
Además, entienden que el tributo es una "injusticia" porque se aplicará a quienes cumplieron más tiempo de servicio, que son los que aportaron más y quienes -por su edad- menos percibirán haber de retiro o pensión.
Los militares especulan acerca de que la iniciativa del gobierno será un "buen antecedente" para extenderla a los civiles que cobran jubilaciones altas.
