Luisa Cuesta: una luchadora que enfrentó a todos los gobiernos

Primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990)

En 1986 el Parlamento votó la ley de Caducidad que fue aplicada de modo restrictivo por lo que no se le dio curso a las denuncias. En 1988 la Suprema Corte de Justicia falló que la ley es constitucional. La ley fue plebiscitada y ratificada en las urnas.

Con la reapertura democrática Cuesta, que había emigrado a Holanda, retornó a Uruguay para continuar la búsqueda de su hijo Nebio Melo (militante del Partido Comunista Revolucionario), desaparecido en 1976 en Buenos Aires.  En 1989 fundó el grupo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. 

Gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995)

El tema de los detenidos y desaparecidos durante la dictadura no estuvo en el debate en función del entonces reciente pronunciamiento ciudadano, salvo por el llamado de atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El gobierno se mantuvo en la postura de aplicar la ley de Caducidad.

A raíz del pronunciamiento internacional de la CIDH que observó al gobierno en 1992 por incumplir tratados internacionales con la vigencia de la ley de Caducidad, Familiares organizó un seminario y público un libro.

Segundo gobierno de Julio María Sanguinetti (1995-2000)

Durante el segundo gobierno de Sanguinetti, se reiteraron las denuncias de familiares amparados en el artículo 4º de la ley que da 120 días al Ejecutivo para investigar. El gobierno las rechazó. El poeta Juan Gelman inició una campaña internacional para conocer el paradero de su nuera y nieta. 

Familiares se reúnen en 1996 con el entonces canciller Álvaro Ramos y le entregan un documento con cuatro preguntas sobre las que le pedían respuestas: Cómo, cuando, dónde y por qué. Finalmente, el gobierno les negó esa petición. 

Gobierno de Jorge Batlle (2000-2005)

Jorge Batlle inició su gestión con el compromiso de investigar y creó la Comisión para la Paz. Se logró encontrar a Macarena Gelman. Sin embargo, no se utilizó el artículo cuarto. La Justicia procesó al excanciller Juan Carlos Blanco. 

El diálogo entre el gobierno y la agrupación de familiares fue fluido durante el mandato de Batlle, quien los recibió varias veces. Cuesta apoyó el trabajo de la Comisión para la Paz que era resistida por buena parte de sus compañeros.

Primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010)

El primer gobierno de Tabaré Vázquez excluyó de la ley de caducidad decenas de casos, permitiendo investigar y procesar a militares, a Juan María Bordaberry y al dictador Gregorio Álvarez. Se iniciaron las excavaciones en los batallones. El Frente Amplio recogió firmas para anular la ley mediante un plebiscito. 

Con la llegada de la izquierda al gobierno hubo optimismo en la agrupación de lograr resultados, Luisa Cuesta se mantuvo escéptica y afirmó: “Vázquez no va apoder cumplir con el artículo 4. Cualquier día lo van a dejar entrar a un cuartel”, ironizó entonces.

Gobierno de José Mujica (2010-2015)

Pese al resultado negativo del plebiscito, el Frente Amplio se propuso eliminarla en el Parlamento pero el presidente José Mujica no estuvo de acuerdo. El mandatario propuso dar prisión domiciliaria a ex represores mayores de 70 años y el FA lo rechazó tajantemente. 

Los pocos logros obtenidos en el gobierno de José Mujica, llevaron a Cuesta a afirmar: “El nuevo presidente no quiere ni que se hable de la ley de Caducidad ni de los que están desaparecidos.... para él estaban mejor los milicos que los desaparecidos. Me hizo agarrar unas rabietas…”.