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Muchos maestros ya no sacan fotocopias en los kioscos cercanos a las escuelas, ni disfrutan con los niños de tomar un helado en los paseos al interior del país. O si lo hacen, lo pagan de su propio bolsillo.

De acuerdo a una circular emitida en 2009 por la Dirección de Hacienda del Consejo de Educación Inicial y Primaria, los directores de las escuelas públicas deben exigir ante cada gasto o compra que se haga para los centros, además de las boletas de pago, un certificado de que la empresa que vendió los productos esté al día con el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI).

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Así lo aseguró a El Observador el secretario general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Gustavo Macedo. Y las trabas a las que se exponen los maestros en el día a día, modificaron los hábitos en las aulas. “Cuando el maestro sale de paseo con los niños a cualquier parte del país, generalmente pasan todo el día afuera. Si van a almorzar a un restaurante, al momento de pagar piden la boleta y además deben exigir el comprobante de que ese restaurante está al día con BPS y DGI. En el mejor de los casos el certificado lo tiene el contador de la empresa, pero ese papel puede no estar en el lugar. Y peor si es de una sucursal de una empresa en Montevideo. Allí lo que pasa, es que como el maestro no puede entregar ese comprobante, no puede justificar el gasto como gasto de la escuela y lo termina pagando de su bolsillo”, indicó el dirigente.

Agregó que días atrás pasó con un docente que llevó a los niños a tomar un helado durante un paseo. “Veinticinco helados. Los tuvo que pagar él porque la heladería no tenía en ese momento el comprobante para darle”, dijo.

Y los maestros y directores están de punta contra esta normativa que, según ellos, afecta la vida diaria en las escuelas. “No queremos que se deje de controlar que las empresas estén al día. Pero con la boleta de compra, el control que realiza el director ya está hecho, y debería alcanzar para que si la DGI y el BPS quieren, verifiquen ellos si la empresa está cumpliendo. O que controle el Consejo de Primaria, pero no los directores, que tienen otro rol”, dijo Macedo.

Burocracia

Según el dirigente, la necesidad de exigir este documento “tranca mucho” y “termina afectando” los procedimientos. Por ejemplo, según explicó Macedo, antes de existir esta norma, cuando se necesitaban lápices, tizas, o elementos de ese tipo para las clases se pedía el dinero a la comisión de fomento y con ese aporte, la dirección compraba los útiles. “Ahora muchas veces los compran los maestros por su cuenta, o se le pide a los niños que las fotocopias las traigan ellos, y no puede ser”, dijo el dirigente.

“No quiero pensar lo que pasa en una escuela rural. ¿De dónde sacan el comprobante? Es de una burocracia impresionante”, concluyó.


Lo toman mal

“Sea una compra de biblioratos o de lápices en Mosca, o comida en el Macromercado para el comedor, o cortinas en las Tiendas Montevideo, o dos clavos en la ferretería de enfrente. No importa, hay que pedir la constancia de DGI y BPS, y eso a veces molesta a los proveedores”, dijo a El Observador la integrante del secretariado ejecutivo de la Federación de Magisterio, Daisy Iglesias.

Señaló que la respuesta de quienes venden productos a las escuelas, viene siendo variada. “Hay proveedores que entregan los certificados, otros que no, y hay algunos comercios chicos que lo toman a mal, que colaboraban con la escuela y dejaron de hacerlo”, dijo. Señaló que algunos centros “han perdido apoyo” de proveedores menores, como cerrajeros o carpinteros “que antes eran muy generosos”.


Sanciones


Según Macedo, si los directores no cumplen con la exigencia de entregar los comprobantes, son pasibles de sanciones que pueden llegar al sumario. “El inspector de Hacienda, Oscar Umpiérrez, que controla los gastos, ha pedido sumarios a diestra y siniestra. Los directores están expuestos a las investigaciones por estas cosas, y no es un peso que debiera caer sobre ellos”, señaló.

En tanto, el director de Primaria, Oscar Gómez, dijo que la circular fue emitida por la Dirección de Hacienda, y que la posibilidad de que sea modificada depende del Tribunal de Cuentas de Primaria. “Va más allá de las posibilidades del Consejo”, dijo.



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