Sociedad > Intento de asalto al Nación
Masacre de Ramallo: condenan al Estado bonaerense a indemnizar con más de $ 400 millones
La Corte Suprema condenó este martes al Estado de la provincia de Buenos Aires, ahora a cargo de Axel Kicillof, a indemnizar con más de 400 millones de pesos más intereses a la viuda del gerente de la sucursal Ramallo del Banco Nación asesinado durante un intento de asalto con toma de rehenes ocurrido en 1999.
El episodio se conoció como “la Masacre de Ramallo” y la condena fue dispuesta como resarcimiento para una sobreviviente de la balacera con la que terminó el frustrado intento de robo.
La Corte, integrada con una conjueza, dispuso “hacer lugar a la demanda seguida por Flora Beatriz Lacave”, viuda del gerente de la sucursal bancaria, Carlos Chaves, y sus cuatro hijos: Beatriz, Cecilia, Daniela y Carlos Gabriel.
El resarcimiento, resolvió la Corte –con las firmas de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y la conjueza Rocío Alcalá- trepará a 407.082.000 pesos, más intereses a computar desde el año 2005.
La Masacre de Ramallo ocurrió cuando se produjo un intento de robo a la sucursal de esa ciudad bonaerense del Banco de la Nación el 17 de septiembre de 1999 por parte de tres asaltantes que tomaron rehenes durante más de 20 horas y tras una larga negociación, dos de ellos salieron de la entidad crediticia.
Llevaban consigo tres rehenes, entre ellos el gerente de la sucursal bancaria (quien conducía el vehículo con un pan de trotyl atado a su cuello) con la intención de escapar.
Los policías bonaerenses apostados en las afueras del banco, sabiendo que había tres rehenes, dispararon más de 150 balas contra el vehículo y como consecuencia de ello, murieron un ladrón y dos rehenes; sobrevivieron un asaltante y la otra rehén, Flora Lacave, la esposa del gerente; el cuerpo de Carlos Cháves quedó acribillado adentro del vehículo.
Un asaltante que había quedado en el interior de la sucursal bancaria, Martín Saldaña, fue detenido, pero al día siguiente apareció ahorcado en su celda víctima de un supuesto y nunca explicado suicidio.
Siete policías que participaron en aquel operativo fueron condenados a penas de entre dos y 20 años de prisión, pero quedaba pendiente el juicio civil.
