Mil funcionarios del Poder Judicial padecen problemas psiquiátricos

Trabajar en algunas áreas del Poder Judicial puede acarrear problemas psiquiátricos o depresión. Según datos de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), de los 5 mil funcionarios –desde jueces a administrativos–, mil enfrentan problemas de salud por la tarea que desarrollan. Es el caso de quienes se desempeñan en la morgue o en los juzgados de familia especializados, que abordan casos de violencia doméstica y maltrato a menores.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Ruibal, señaló a El Observador que “el tema preocupa” al Poder Judicial pero afirmó que la corporación no tiene datos estadísticos al respecto. De todos modos, dijo que “no cree que sea un quinto (la cantidad de funcionarios afectados)”.

Según Raúl Vázquez, representante del sindicato ante el PIT-CNT, hay algunas tareas que por sus características o la extensión de horario que demandan facilitan la aparición de problemas de salud en los trabajadores.

La Corte planteó en el mensaje del presupuesto del Poder Judicial para el quinquenio 2010-2014, y en la rendición de cuentas, la necesidad de destinar un crédito del Estado para crear un Departamento de Salud Laboral, encargado de estudiar el perfil de cada funcionario y proponer las tareas para las cuales se logre la mejor relación perfil – desempeño de cargo.

Allí se explicaba además que la Justicia tiene varios funcionarios que registran una cantidad importante de faltas al año por licencias médicas y las juntas médicas de Salud Pública por lo general señalan que, debidamente compensados, pueden trabajar. Pero, cuando indican lo contrario debe cumplirse un extenso y complejo proceso ante el BPS, que pocas veces culmina otorgando jubilaciones por incapacidad.

Como consecuencia de ello, dichos cargos no se pueden asignar a otros funcionarios porque el trabajador afectado tiene licencia médica por tiempo indeterminado.

“El Parlamento se pronunció desfavorablemente” a otorgar esa partida, dijo Ruibal. Anunció que la Corte volverá a pedir el crédito en la rendición de este año.

El asunto es objeto de discusión en una comisión que está diseñando un protocolo de actuación para atender situaciones de acoso y de salud laboral que ocurren en la institución. En esa comisión, que se reúne una o dos veces al mes, están representados los gremios del Poder Judicial (magistrados, funcionarios, actuarios, defensores, peritos e informáticos).

Vázquez dijo a El Observador que esperan “que en algún momento la Corte apruebe el protocolo”. El protocolo, según el sindicalista, busca fijar cómo se ayuda y quién ayuda a aquellos funcionarios (jueces, actuarios, administrativos y técnicos) que se encuentran en una situación de acoso o de sobrecarga de trabajo.