La primera propuesta del documento que esta semana presentó la precandidata blanca Laura Raffo –que contiene los lineamientos programáticos de su candidatura– se titula Bajar el costo de vida de los uruguayos. Es uno de los temas que Raffo ha puesto sobre la mesa desde el primer día en el que se lanzó a la carrera electoral y uno de sus caballitos de batalla.
En un país donde la inflación está en los valores más bajos de los últimos 20 años, igual se sigue hablando de que es un país caro. Y lo es porque “estructuralmente” tiene un problema con los precios. Así lo entienden en el comando de Sumar –el paraguas electoral de la precandidatura– y por eso se proponen bajar el costo de vida. Pero, ¿cómo se traduce eso en los hechos?
El capítulo tiene tres grandes lineamientos: desburocratización y digitalización del Estado, facilitación y flexibilización de los mecanismos de importación y fortalecimiento de la política nacional de competencia.
“Creemos en un Estado acompañando y no interponiéndose entre la actividad económica y el individuo. Que el Estado esté al costado y no enfrente”, resume el economista Gonzalo Baroni, actual director nacional de Educación y coordinador de la parte de economía del programa de Sumar.
Un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) publicado en febrero establece que Uruguay es un 27% más caro que el promedio de 43 economías desarrolladas y emergentes. Particularmente Uruguay es más caro en alimentos y bebidas no alcohólicas y en higiene y artículos de limpieza.
Presidencia
Gonzalo Baroni. Archivo
Microimportaciones
Es una de las principales medidas que entienden necesario tomar para reducir los precios. En la actualidad, existe un mínimo para poder hacer una importación y además se deben hacer adelantos de impuestos a la Dirección General Impositiva (DGI). “Eso muchas veces se cumple porque puede ser que vendas de manera voluminosa pero puede ser que no. Y lo que termina pasando es que el comerciante financia al Estado”, señaló Baroni.
Sumar propone eliminar esos adelantos de impuestos particularmente para los montos chicos y que las microimportaciones sean con declaraciones juradas. Para Baroni se trata de legalizar lo que hoy ya pasa como contrabando y dejar de tener una normativa de “flexible cumplimiento”.
“Probablemente el tratamiento tributario tenga que ser diferencial pero que la transacción esté registrada. Que el Estado interceda y que no sea como pasa hoy en día (con el contrabando)”, aseguró.
Además, hay otras flexibilizaciones para las importaciones que también tienen en mente. Existen algunos impedimentos para traer productos de higiene personal y está el caso paradigmático de la pasta de dientes, que según el informe del CED es 83% más caro que el resto de las economías analizadas.
El denominado registro de fórmula o dossier del producto, que solo tiene el fabricante, tiene que ser validado ante el Ministerio de Salud Pública. Por lo que la importación desde un mayorista argentino, por ejemplo, no es posible porque no tiene ese registro que precisa ser presentado ante el MSP, pese a que el Estado –si el producto ya está en el mercado– ya lo tiene.
El País informó que el Ministerio de Economía quiso avanzar en habilitar esas importaciones paralelas pero que se chocó con las barreras sanitarias planteadas por Salud Pública.
“Lo entendemos, pero hay aspectos de sentido común. Si países vecinos, que son parte del Mercosur tienen determinadas regulaciones, Uruguay no escapa tanto de eso. Yo no estoy diciendo que hay que liberalizar todo pero sí hay que rever algunos procesos”, apuntó Baroni.
Competencia
El programa de Sumar se plantea fortalecer la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec) y en el equipo de Raffo analizan que se transforme en un servicio descentralizado así como lo son otras agencias reguladoras.
El equipo de Sumar cuenta con Luciana Macedo que trabajó durante 12 años en la comisión –desde su puesta en funcionamiento en 2009– y que se encargó de este pasaje del programa.
“Es necesario más independencia técnica, administrativa, financiera y fortalecer la comisión con recursos humanos”, explicó Macedo a El Observador. Más allá de que la facilitación de las importaciones también mejoraría la competencia, existe otro aspecto vinculado a este asunto en los que la comisión debería prestar mayor atención.
“Hay que estudiar posibles exclusividades, todo lo que es el mercado de retail por ejemplo. Que haya exclusividades entre proveedores con cadenas de supermercados, eso hace que disminuya la competencia”, agregó.
Sumar plantea que la comisión tenga mayores recursos para poder estudiar en profundidad esos acuerdos. “Hoy la comisión básicamente está dedicada al control de concentraciones económicas y no tanto a estudiar las prácticas anticompetitivas en los mercados”, dijo y aseguró que existen algunos que están tan concentrados que facilitan las prácticas anticompetitivas.
Desburocratización
Otro de los puntos sobre el que Sumar pone el foco son las regulaciones, tasas e impuestos que es necesario superar para abrir un emprendimiento.
“Proponemos una profunda reforma de la burocracia estatal. Esta reforma reducirá tiempos y costos, facilitando la operativa de los comerciantes y empresas, mejorando sus capacidades de ganancia y creación de empleo, con un posterior traslado de esa reducción de costos a los precios finales al consumidor”, dice la propuesta.
Buena parte de este planteo, al igual que algunos pasajes de lo vinculado a las importaciones, está basado en un informe de abril de 2021 de la Cámara de Comercios donde se identifican ciertos procesos repetidos.
Para esa desburocratización es clave el rol de la digitalización. “Vos en algunos departamentos tenés más de 100 kilómetros entre la capital y una pequeña localidad y tenés que hacer un trámite unificado de DGI y BPS para poder abrir una unipersonal o una pequeña empresa”, señaló Baroni para explicar que la descentralización no es solo de Montevideo respecto al interior.
La idea es que esos procesos se puedan comenzar de forma online y que eso le permita al comerciante empezar a facturar. “Una vez que empiece que sea el Estado que lo fiscalice o que la persona tenga que hacer una declaración jurada para validar”, dijo.
También están pensando en una ventanilla única, mayoritariamente digital, que facilite el proceso para abrir un emprendimiento y unificar algunas tasas que son distintas en cada departamento como la bromatológica. “Sabemos que el Congreso de Intendentes ha avanzado pero vamos por un registro único”, dijo.
La apuesta en estos casos no es solo reducir costos en dinero sino también eliminar tiempos muertos.
