Militares ocultan la verdad sobre crimen de la dictadura, denuncia hijo de coronel preso

Tales afirmaciones están contenidas en una carta abierta publicada en Facebook por Diego Garciacelay, hijo del coronel retirado Hugo Garciacelay, uno de los dos procesados con prisión por el asesinato del militante comunista Julián Basilicio López en 1976, muerto a los 66 años.

“Las Fuerzas Armadas por momentos se han manejado como si fuesen un clan”, dice la publicación. “Hay gente muy sucia, gente que hace pagar a inocentes por delitos que no cometieron solo para ‘que no caigan otros’, y esa filosofía, compartida, incluso, por mucha gente a quien aprecio, pero con quienes claramente no comparto opinión, es la que hoy tiene a mi padre donde lo tiene”.

El coronel Garciacelay está preso desde el 28 de julio en la cárcel de Domingo Arena, procesado como coautor de un homicidio muy especialmente agravado.

“Sí, así como suena, está preso, o como se dice a modo de eufemismo ‘privado de libertad’, por un crimen de lesa humanidad, cometido en enero de 1976, que sin dudas merece que se haga justicia. Pero justicia no es que pague cualquiera, sino el culpable”, escribió Diego, de 33 años, en Facebook.

“El caso ha puesto a mi familia en un brete moral importantísimo, ya que claramente nos interpela como seres humanos”, agregó. “La dictadura militar para mí era algo lejano, algo mal contado, y que no debía preocuparme porque no la viví. La búsqueda de los desaparecidos siempre fue algo lejano, algo a lo que no le dábamos mayor importancia, y, por momentos, hasta cuestionábamos su ‘utilidad’, como si todo lo que se hace en una sociedad tenga que ser funcional a algo”.

Elegido por sorteo

De acuerdo al relato de Garciacelay hijo, cuando López fue asesinado en el cuartel de Artillería 1, los superiores obligaron a su padre –entonces alférez– a que firmara un documento ante la justicia militar según el cual fue protagonista del supuesto incidente que habría derivado en la muerte del detenido: “Decidió a sus jóvenes 23 años que era mejor no cuestionar la decisión de un superior. Que si ellos decidían que él no supiera más que lo que sabía, era mejor así, y firmó un acta, un acta donde había una mentira difícil de sostener”.

El jefe de la unidad era el teniente coronel Washington Scala, hoy fallecido, y el segundo jefe era el oficial José Scaffo, quien declaró en el juicio. El otro procesado con prisión por el caso es el militar retirado, Nelson Coitinho, quien era capitán cuando murió López. Diego Garciacelay cuenta en Facebook: “La historia falsa que se puso en el expediente de la justicia militar del año 1976 es la siguiente: Julián López, a quien mi padre no hubiese logrado identificar siquiera si se lo hubiesen pedido, fue interrogado por dos oficiales y mi padre. Terminado el interrogatorio, mi padre lo lleva a la celda, donde este pide para ir al baño. Cuando lo desata, el detenido lo empuja, corre y salta por la escalera”.

Eso habría derivado en la muerte de López, pero en la versión de los Garciacelay todo fue un invento.

Según su hijo, el hoy detenido ni siquiera estuvo en el cuartel esa noche. Y al llegar al día siguiente, “le dicen que tiene que firmar el acta, asumiendo que un detenido se le había escapado y se había suicidado”. Tiempo después, se enteraría de que había sido elegido como cabeza de turco por sorteo.

“Hoy no se nos ocurre firmar tal barbaridad, pero ¿si de firmar o no firmar dependiera nuestro futuro inmediato? No nos olvidemos que eran los ‘buenos’ que le decían que firmara que eso es lo que había pasado con uno de los ‘malos’, y que las consecuencias por no firmar podían ser graves”, reflexiona el hijo del detenido en su carta, que se ha viralizado en las redes sociales, en especial entre militares.

Según el relato de Diego, su padre declaró por primera vez en 2011, confiado en su inocencia.

“No contaba con que sus superiores de aquella época supieran cosas que no estaban diciendo, que la mafia de su ejército, ese que tanto ama, pero que como toda institución de muchas personas, no está libre de personas nefastas, personas que no solo cometen errores, sino que hacen barbaridades, y de los que no se hacen cargo de esos errores, y peor aún, dejan que otros paguen por ellos. Y uso la palabra ‘errores’ por ser suave y respetuoso…”.

En su carta, el hijo del coronel Garciacelay sostiene que la defensa ejercida por las abogadas, Graciela Figueredo y Estela Arab, “fue nefasta, llena de errores, horrores, y cosas que creo deberían ser cuestionadas desde la ética profesional”. Scaffo, mientras tanto, fue representado por la abogada Rosanna Gavazzo, cercana a Figueredo y Arab.

De acuerdo con la carta pública, después del procesamiento, “llegó a manos de mi padre un supuesto informe del día de los hechos donde, al parecer, personal subalterno de la unidad habría tenido un problema con el detenido y se ‘excedieron’ (otro eufemismo) al reducirlo”.

Ese documento sería el testimonio escrito a máquina en aquel entonces por Félix Machado, un cabo de la unidad. Ese escrito sostiene que López fue golpeado con los puños y con patadas por un soldado de apellido Juayek.

“Ese informe se lo dio en 2012 el cabo Machado a las abogadas”, dijo Diego Garciacelay a El Observador. “La abogada le dijo a Machado que no lo presentara. Y Figueredo recién se lo dio a conocer a mi padre en 2018, cuando el cabo ya había fallecido. Y como el escrito no tiene firma, si su autor no puede acreditar que lo escribió, no tiene validez. Las mismas abogadas defendían al cabo Machado, a Scaffo, a Cointinho y a mi padre. Ahí hay gente con responsabilidad y gente sin responsabilidad. Es imposible defender a los cuatro al mismo tiempo”.

Consultada al respecto, Figueredo no quiso hacer declaraciones.

“Coitinho –continuó diciendo Diego a El Observador– sabe mucho más de lo que ha dicho. Ahora que papá está preso ha ido soltando cosas de a cuentagotas, cosas que en su momento hubieran dado otras líneas de investigación a la justicia. Hay una persona muerta y no murió como están diciendo que murió”.

En la carta publicada en Facebook, el hijo del coronel procesado escribe: “Hasta hoy sigo sin entender por qué no decir la verdad. Seguramente es porque tanto el jefe como el segundo jefe de la unidad tenían directivas de que los detenidos no podían tener contacto con el personal subalterno, y en caso de informar lo realmente ocurrido, los que quedaban expuestos eran ellos por falta de control e incumplir una directiva respecto a los detenidos, al punto de que se llegó a la muerte de uno”.

Garciacelay hijo también denuncia en su carta que “hay personas, responsables de los hechos en aquella época a quienes no les imputan nada, son llamados a declarar, dicen algo que toman por falso, y queda en la nada”.

Scaffo declaró no haber estado en el cuartel esa noche. También declaró que Coitinho y Garciacelay tampoco estaban.

“Scaffo tendría que haber declarado como indagado porque era segundo jefe de la unidad y responsable. Pero declaró como testigo”, dijo Diego Garciacelay a El Observador.

El secuestro de López, ocurrido el 31 de diciembre de 1975, fue parte de la Operación Morgan, una acción de la dictadura contra el Partido Comunista desarrollada entre 1975 y 1976.

La justicia militar concluyó que López se había suicidado, pero en 2006 el caso fue denunciado ante la justicia ordinaria. En 2011, se reanudó la investigación y la jueza Mariana Mota citó a declarar a Coitinho y Garciacelay. La versión que dieron en el juzgado se distanciaba de la que habían dado 36 años atrás ante el juez militar.

El Grupo de Arqueología Forense de la Universidad de la República estudió los restos de López y concluyó, en 2015, que era muy poco probable que “hubiera podido dar un salto al vacío y/o una vuelta en el aire voluntariamente”.

El auto de procesamiento establece que los hechos no ocurrieron tal como fueron relatados a la justicia militar y que López no murió al caer por las escaleras. Su cuerpo tenía múltiples lesiones y heridas propias de haber sido torturado.

Casos Gomensoro y Ribero

Algunos detalles del “caso Garciacelay” recuerdan a otros de de la dictadura.

Respecto a que se le pidiera a un oficial que se hiciera cargo de la muerte de un detenido provocada por otros, el hoy retirado coronel, Luis Agosto, relató que no estuvo en el cuartel, también Artillería 1, la noche de 1973 en que mataron a Roberto Gomensoro, pero al volver al día siguiente, uno de los mandos lo mandó llamar y él intuyó que le pediría un favor (que bien podría haber sido que asumiera la muerte).

“Yo me fui, ni quise oír lo que me querían plantear”, declaró Agosto en una entrevista en el portal Ecos, el 13 de abril de 2019. En el libro Milicos y tupas da más detalles sobre esos hechos.

Por otros motivos, la denuncia del hijo de Garciacelay recuerda también el caso del coronel aviador Enrique Ribero, otro de los presos en Domingo Arena, quien ha acusado y dado los nombres de los oficiales de la Fuerza Aérea que habrían sido los verdaderos responsables de la muerte del militante comunista, Ubagesner Chaves, asesinato por el cual él insiste en su inocencia a pesar de estar condenado en tres instancias.